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La situación de los derechos humanos en nuestro país es más aterradora que alentadora.

No estoy descubriendo nada nuevo ni es una novedad pero múltiples factores tienen a nuestro país en una crisis muy cercana, y en muchos casos de proporciones mayores, a muchos conflictos bélicos internacionalmente famosos. Ya hacía una comparación En La Lupa “#Seguridadsinguerra”, publicada el 30 de marzo del presente año aquí en EL IMPARCIAL.

El gobierno ha fracasado en garantizarle a sus ciudadanos el derecho de vivir seguros. Y su desatinada respuesta de fin de sexenio es pretender perpetuar ad infinitum la militarización del país. No se lo merece ni México ni nuestras fuerzas armadas, mucho menos las lamentables víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos.

No nada más eso. Tampoco se han logrado garantizar otros derechos económicos y sociales; así, la pobreza generalizada y la desigualdad generan un círculo vicioso y crean un clima propicio para el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Ese círculo no se romperá a balazos ni a decretos, mucho menos a discursos.

Si no nos queremos dar cuenta que vivimos en situación de guerra, que somos una sociedad sumamente violenta, que también tenemos responsabilidades como habitantes de este país tendremos cada vez más lejos las respuestas y las soluciones.

No es un asunto de una persona, una institución o un gobierno solamente. Esto en verdad nos involucra a la sociedad en su conjunto desde la trinchera que sea.

Agradezco a quienes han mencionado a un servidor como un posible nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad. Es un honor y un privilegio que personas tan destacadas consideren mi trayectoria como una que pueda ser útil a la sociedad en una institución a la que le urge una revolución desde lo más profundo de sus entrañas.

Y no nada más la CEDH de Sonora, si no todo el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos requiere repensarse, especialmente a la luz de las reformas constitucionales en materia derechos humanos y de un nuevo sistema de justicia penal.

Debemos empezar por cambiar la visión arcaica, legalista y centrada en los temas de seguridad pública. Los derechos humanos son mucho más que los derechos de las víctimas y de sus victimarios. Es un asunto que va más allá, por mucho, de la tradicional visión de policías y ladrones.

Los retos de la Comisión (y de quien llegue como Ombudsperson) son muchos y no son motivo de esta columna. Lo que sí deseo compartir es que después de quince años de pelear muchas batallas en el frente de guerra de la sociedad civil me encuentro en una etapa en la que me propuse el empoderamiento de nuevos actores sociales. Trabajo desde mi trinchera ayudando a organizaciones ciudadanas a ser más fuertes y más exitosas en sus objetivos de incidencia en políticas públicas.

De hecho me encuentro trabajando en una nueva publicación que espero, ayude a sistematizar y acercar la posibilidad de tener una sociedad civil más madura, más seria y responsable. Sobretodo más eficaz. Que pase de la estridencia (y de querer cambiar el país a “tuitatazos”) y transite a la incidencia efectiva en las decisiones públicas, a favor de las transformaciones que todas y todos anhelamos (y que malamente esperamos provengan únicamente de los gobiernos).

Agradezco los comentarios positivos, pero la decisión de participar o no de la convocatoria aprobada el día de ayer es una decisión de vida y como tal debe ser tomada con serenidad y en la intimidad familiar. Lo digo con toda seriedad porque la situación es crítica y el reto no es menor.

Y en medio de todo esto veo que existe mucha gente interesada más en los puestos que en las posibilidades, más preocupados por los títulos y nombramientos que por las cambios y transformaciones que se pueden impulsar, están más enfocados en el reflector y en la posición, que en las aportaciones que puedan hacer a la sociedad.

Así que hay que tomar decisiones y tomarlas bien.

Como sea, quien llegue a la Comisión debe llegar fortalecido, con la suficiente legitimidad social como para transformar una Institución que debe ser indispensable tanto para la sociedad como para tener mejores gobiernos.

Guillermo Noriega Esparza

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