Lapidaria la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a las graves violaciones a los derechos y agravios en contra de 914 menores de edad cometidos por funcionarios de la administración estatal de Guillermo Padrés.
La recomendación está dirigida a las autoridades del IMSS y a la gobernadora Claudia Pavlovich, a quienes les impone plazos perentorios para atender los requerimientos con que se supone se restituirán derechos violados y se castigará a los responsables.
Esa es otra de las bombas heredadas por quienes hasta montaron criminal mercadeo y aprovecharon para sacar beneficios financieros de madres en condiciones desventajosas, a quienes en lugar de apoyarlas para superar secuelas de marginación, se les arrebató a sus hijos para venderlos al mejor postor, en un asunto que a mediados del 2015 causó escándalo nacional.
De acuerdo a las recomendaciones citadas, mucho tendrán que explicar la mujer de Padrés, Iveth Dagnino, que como presidenta del DIF estatal y prácticamente dueña de esa franquicia de bebés en venta, alguna responsabilidad debe tener, y más deberá explicar el entonces procurador general de Justicia, Carlos Navarro Sugich.
Iveth Dagnino
Son demasiados niños como para que incluso el entonces gobernador y su pareja sentimental no se hubieran dado cuenta y lo peor, cuando los primeros indicios y denuncias de ese criminal tráfico, por razones electorales ese asunto fue ocultado y los traficantes protegidos y no fue hasta después de la jornada electoral cuando dicha información fue dada a conocer a la opinión pública.
Pues al parecer ese asunto no quedará con la detención de cinco piezas menores que integraban esa banda criminal identificados como Vladimir Arzate Carvajal; Ramsés Olivas, encargado de intimidar a madres en situación de vulnerabilidad y obligarlas a entregar a sus hijos; Adolfo Cota, cuya tarea era conseguir la clientela interesada en gastar hasta 130 mil pesos paren adquirir a bebés recién nacidos; Edgar Vázquez Tello, médico del IMSS, quien conseguía los avisos de nacimiento para que las parejas registraran a los bebés como sus hijos biológicos.
También está detenida Emma Consuelo Falcón, quien junto a su pareja sentimental, José Manuel Hernández, aún prófugo de la justicia y quien se desempeñaba como asesor jurídico de la UGRS, tenían habilitada una casa como guardería, que la usaban para albergar a los niños robados mientras se conseguían compradores.
Todo indica que las cosas no se quedarán así, porque la CNDH estableció que “En un término no mayor a seis meses, se realicen las acciones necesarias para determinar el destino final de 13 infantes, que fueron separados de su familia de origen; de 3 menores de edad, que fueron sustraídos por sus padres biológicos y de los 682 menores de edad respecto de los cuales el DIF Estatal no remitió la documentación para acreditar su paradero”, irregularidades y presuntas conductas delictivas imputables a servidores públicos del DIF Estatal, Procuraduría de la Defensa del Menor, Procuraduría General de Justicia del Estado e IMSS.
Carlos Navarro Sugich
La CNDH fundamenta su recomendación a las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal respecto del destino final de 682 menores de edad, así como de los trámites de adopción de 110 infantes; la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las conductas delictivas cometidas en agravio de 22 menores de edad, imputable a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
También a la expedición de certificados de nacimiento de 17 menores de edad, los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas, atribuible indiciariamente a servidores públicos del IMSS, y las omisiones en las que incurrió personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora, respecto de un menor de edad que fue agredido física y verbalmente por su progenitora.
Miren, la CNDH acreditó toda una diversidad de derechos humanos violados por esa caterva de panistas y mercaderes, que como bien dijimos en alguna ocasión, vendieron muchos más de una docena de bebés, ya que por lo pronto el ombudsman nacional acreditó la ausencia de documentación que permita conocer el destino final de 682 menores y tampoco si se cumplieron requisitos para la adopción de 110 bebés.
También se establece la necesidad de aclarar la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la suposición, supresión y tráfico de 18 menores de edad, así como el desistimiento de la acción penal en favor de 13 personas imputadas por su responsabilidad en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y substitución de infantes.
Claudia Pavlovich
Es así como la gobernadora Claudia Pavlovich distraerá su esfuerzo para atender los efectos de otra corruptela del PAN-Gobierno de Padrés, porque tiene plazo de tres meses para que integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de 22 menores de edad, que fueron separados de su familia de origen; lo del destino incierto de 682 y todo lo relativo a esa deleznable actividad delicuencial.
Y en un término no mayor de seis meses, el grupo interdisciplinario mencionado, deberá tener los planes individualizados de restitución de derechos de 9 menores de edad, que fueron separados de sus familias de origen, así como determinar el destino final de 13 infantes, que fueron separados de su familia de origen; de 3 menores de edad, que fueron sustraídos por sus padres biológicos y de los 682 menores respecto de los cuales el DIF Estatal no remitió la documentación para acreditar su paradero.
Y aparte de esa chamba que recomienda la CNDH a la gobernadora, también exige al Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca, que se integre a la brevedad y conforme a derecho, “la averiguación previa iniciada con motivo de la suposición, supresión y tráfico de un infante, y se ejerza acción penal en contra de los presuntos responsables”.
Rodolfo Montes de Oca
Asimismo, se colabore en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Sonora, en contra de los servidores públicos involucrados en las irregularidades en la integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de la suposición, supresión y tráfico de 18 infantes, además que se inicien las carpetas de investigación correspondientes en contra de los servidores públicos del DIF Estatal, de la entonces Procuraduría del Menor y de la casa hogar UNACARI que resulten responsables, “por las conductas delictivas cometidas en agravio de los menores de edad víctimas”.
A ver en qué resulta de todo esto, ya que como se sabe, fue una utopía y optimismo fantasioso de miles de sonorenses, el creer que el sistema judicial mexicano y las instancias de procuración de justicia, harían su parte frente al rústico bandolerismo perpetrado por Padrés y su pandilla.
Reconocemos postular una valoración equivocada sobre el presunto éxito del ajuste de cuentas contra esa bola de corruptos y haber echado las campanas al vuelo cuando el jefe de ese cartel del PAN fue detenido y encarcelado y avanzaban indagatorias contra varios de sus cómplices.
Por supuesto que gravitaba en nuestro ánimo la posibilidad de negociaciones de esas tan tradicionales en el sistema político mexicano que derivaran en impunidades, pero las consideramos remotas por el pedestre, rústico, primitivo accionar y lo documentado de las trapacerías contra el erario.
Pues no, porque tal como lo enseña esta triste historia de este utópico optimismo, a fin de cuentas, de poco sirvió el que las instancias estatales hicieron su chamba para atender las exigencias ciudadanas de justicia y de sanciones ejemplares contra los saqueadores.
Ernesto de Lucas
Particularmente en el caso de Padrés se ocurre lo que consideramos remoto al configurarse la estratagema de la negociación a través de una defensa millonaria y contactos de alto nivel; jueces y juzgados bien aceitaditos, y omisiones a modo de la fiscalía federal, para en conjunto ofrecer la nada remota posibilidad que Padrés venga resultando una blanca palomita, y si él puede hacerlo, las otras ratas también podrán.
Permea en el imaginario popular ese sentimiento de frustración e ira frente a la prospectiva de impunidad para quienes tanto daño hicieron, no descartándose que suframos desengaño histórico en plena temporada navideña al concretarse el auto de libertad en favor del corrupto.
Y a manera de Puros Entreteloncitos, excelente el ambiente en Loma de Guamúchil, a donde acudió la gobernadora para avanzar en el cumplimiento de sus compromisos con la Tribu Yaqui, con la implementación del programa Escudo Ciudadano, entrega de apoyos, inauguración de obras de infraestructura educativa, la rehabilitación Centro Ceremonial Barrio Mérida/Pótam y el cierre anual de las Jornadas Comunitarias.
El buen resultado de ese periplo y en la siempre compleja interacción con autoridades tradicionales de esa etnia, es necesario atribuirlo al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, mientras que otro integrante del gabinete, el titular de la SEC, Ernesto de Lucas Hopkins, se apuntó otro buen tanto al cumplirse sin ningún problema ni grillas el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, con la participación del 99.5% de los maestras y maestros, de educación Básica y Media Superior, programados para evaluarse durante los primeros tres fines de semana de diciembre.
