- Por diversas anomalías en pasadas administraciones, es que se presentaron de manera formal las pruebas que avalan estos actos.
Caborca, Son; 07 de Febrero de 2018.- Por la presunta comisión de delitos que afectan al Municipio de Caborca y en busca del resarcimiento del daño patrimonial ocasionado, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Juan Murrieta González, presentó 3 denuncias en contra de funcionarios de anteriores administraciones ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.
Por instrucciones precisas de la actual alcaldesa Karina García Gutiérrez, es que se le ha dado puntual seguimiento a estos temas, los cuales han generado la integración y soporte de los señalamientos.
Una de las denuncias presentadas contra quien o quienes resulten responsables, es por el mal uso del fondo de ahorros por un monto superior al millón de pesos, resultando afectados empleados del Ayuntamiento y del Sistema DIF, por lo que se buscará que la autoridad condene a la reparación del daño material ocasionado por parte los funcionarios de la administración 2012-2015.
Por otro lado, Murrieta González, señaló que funcionarios de la administración 2009-2012, derivado del incumpliendo del pago de un paquete de cámaras de seguridad, podrían haber incurrido en responsabilidad penal por la presunta comisión de delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Sonora.
Lo anterior se desprende de la contratación, ejecución y conclusión de un instrumento jurídico celebrado en 2011, el cual tenía como fin la instalación y colocación de un sistema de monitoreo urbano a través de cámaras de vigilancia.
Por no resolver o atender ese asunto, que a la postre resultó en un daño patrimonial superior a 2 millones 800 mil pesos que el actual gobierno fue obligado a pagar por orden judicial, podrían verse implicados e incurrir en responsabilidad administrativa o penal funcionarios de la pasada administración que también fueron denunciados.
Del mismo modo, el contralor denunció a exfuncionarios por actos irregulares detectados en la adquisición de predios, así como la contratación, ejecución y conclusión del contrato de obra pública para más de 300 pies de casa.
Cabe señalar que, derivado de la compra irregular de dichos predios, cientos de familias que habitan el Fraccionamiento Cerro Prieto y otros aledaños, actualmente no cuentan aún con documentos que avalen la legal propiedad de sus terrenos a pesar de haberlos adquirido de buena fe ante el ayuntamiento.
