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Los gobernantes en turno de los tres niveles, federal, estatal y municipal, deben abstenerse de usar a las instituciones como “garrote” político en contra de los candidatos o partidos que no son afines.

Porque el caer en la tentación de hacerlas objeto de revanchismo para golpear a quienes son contrarios políticamente, es enviar un mensaje negativo y atenta contra la democracia, a la libre participación.

Y es un mal presagio sobre las elecciones del primero de julio próximo, de la falta de imparcialidad y de certeza legal en el proceso de donde emanarán el nuevo Presidente de la República, senadores, los integrantes de la Cámara federal de diputados, legisladores locales y ayuntamientos.

Los ciudadanos están cansados de los conflictos en épocas electorales y lo que exigen es que haya procesos transparentes, que la fiesta sea en paz y quienes sean elegidos sea de manera legal, sin trampas.

Las diferencias entre los candidatos a Presidente de la República, de las diversas fuerzas, de la coalición “Todos por México” (integrada por PRI-PVEM-Panal-), de “Por México al Frente” (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) y de “Juntos Haremos Historia” de Andrés Manuel López Obrador, no hace más que reafirmar que el sistema de partidos políticos está desgastado, en etapa terminal.

La intervención del presidente Enrique Peña Nieto, para favorecer a su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, al sacar expedientes por presunto “lavado de dinero” a Ricardo Anaya, utilizando a la Procuraduría General de la República (PGR), no hace más que desasear la contienda política, que sea un cochinero.

Irónicamente el hostigamiento oficialista a Ricardo Anaya antes lo está fortaleciendo que debilitando. Y en lugar de ayudar al abanderado priista, está empujando al panista y que López Obrador se mantenga adelante en las preferencias. Este es un caso más en el que el ataque del régimen beneficia más que perjudicar al atacado.

El Gobierno es el que está aportando la mayor dosis de indecencia en el proceso electoral porque poner las instituciones del Estado al servicio de un partido o de un candidato para atacar a un adversario político representa un caso de corrupción.

Peña Nieto en lugar de usar a las instituciones de justicia “coincidentemente” en época electoral, debería hacerlo para investigar y castigar a los culpables en casos de corrupción como la “Estafa Maestra” en la que se desviaron más de 6 mil 879 millones de pesos, del 2012 al 2016, de 11 dependencias federales, de Sedesol y Sedatu, entre otras, sin que haya sido esclarecido.

En el caso de Sonora, se debe evitar la tentación de utilizar instituciones como la Fiscalía Anticorrupción para el golpeteo político mediático en época electoral, a menos de que sea en casos bien fundamentados, en contra de adversarios políticos porque se debe garantizar la libre contienda en condiciones de equidad.

Los programas de beneficio social, de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (SEDESSON), de salud, entre otros, se debe evitar utilizarlos para condicionar la ayuda a los sectores más desprotegidos, al igual que en las acciones federales de Prospera y de Sedesol.

Utilizar las instituciones como “garrote” político es un mal presagio que avizora divisiones futuras, bien haría el Presidente Peña Nieto en concluir su ciclo de la mejor manera, México está ávido de paz y legalidad.

 

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico davidfigueroao@me.com; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

 

 

 

 

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