Alfonso Durazo Montaño se vuelve a enredar en sus explicaciones, da justificaciones que dejan ver a un político involucrado con personajes de dudosa reputación, con quienes hace operaciones inmobiliarias millonarias.
La ideología de Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de gobiernos ricos con pueblo pobre, o viceversa, choca con la conducta comercial de quien escogió para nombrar (si gana la elección presidencial) como el secretario de Seguridad Pública en México.
Y es que antes fue David Alfonso Gonzales Morillas, un empresario investigado por sus nexos con el narcotráfico, y que a la fecha sigue siendo un colaborador de Alfonso Durazo Montaño, y proveedor con módica renta mensual de por medio, del edificio en el que sigue operando la dirigencia estatal de Morena en Sonora.
En ese tiempo, y hasta ahora, el candidato al senado por ese partido político, sigue diciendo que se paga una renta por ese inmueble, y que, si la renta no corresponde en monto a lo que un edificio en esa zona privilegiada de Hermosillo debería costar, el problema no es de él.
Luego vino toda una nomenclatura de cuestionamientos por la zona residencial donde el político morenista vive, una residencia de valor millonario en la exclusiva zona de La Joya, también en Hermosillo. Hasta hoy, Alfonso Durazo evade el tema con displicente actitud.
A la fecha, Durazo Montaño defiende la postura de que sus ingresos provienen de sus actividades ganaderas y agropecuarias junto a su familia, residentes en Arivechi, en la sierra sonorense, y de inversiones conjuntas, en varios negocios, con esos mismos familiares.
Y ahora, la controversia viene en una millonaria operación de compraventa de un terreno en el que se involucra, como propietario inicial, el hijo de un internacionalmente conocido narcotraficante.
Amado Carrillo Barragán es ese propietario en mención e hijo del finado Amado Carrillo Fuentes, quien nombró a Gabriel Mendoza Gutiérrez como apoderado legal para la venta del terreno ubicado en Bahía de Kino, zona costera de Sonora con cabecera municipal en Hermosillo.
Por su parte, Alfonso Durazo Montaño fue nombrado administrador único y director general de la empresa inmobiliaria Alta Sierra por los socios Pablo Humberto Durazo Montaño, Luis Carlos Valencia Samaniego, María Gabriela Chávez Murillo, Juventino Romero Buelna y María Irene Chávez Murillo quienes, según la investigación de un medio nacional, no aparecen como propietarios de ese inmueble.
Hasta ahí, el tema de esta transacción involucra varias delicadas aristas: Relaciones peligrosas con supuestos narcotraficantes, transacciones millonarias en conjunto, y sospechosos movimientos administrativos para finiquitar rentas y compras de bienes inmuebles.
Alfonso Durazo Montaño y Andrés Manuel López Obrador, vienen sembrando entre los mexicanos que los tres anteriores puntos no deberían estar integrados en los perfiles de los políticos. ¡vaya incongruencia!
Este tema sin duda habrá de distenderse a totalidad, por lo pronto, la explicación que Durazo Montaño da sobre el tema es inaceptable cuando dice él que el comprador no es responsable de los antecedentes del vendedor. Eso podría aplicar para un ciudadano común y corriente, pero jamás para un político que ofrece la solución a los problemas de México, que pretende ser secretario de Seguridad Pública, y que compite por un escaño en el senado mexicano. Esta es una operación integral de muy mala lid.
Quien no se equivoca ni un ápice en sus decisiones, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien con mano dura, logró que Sictuhsa diera marcha atrás, y anunciara que, a partir del 01 de mayo, las unidades de transporte publico en Hermosillo, Cajeme y Navojoa, circularan con los aires acondicionados encendidos.
Para muchos, esta acción es obligada en el gobierno estatal – la de exigir a los concesionarios a cumplir con sus responsabilidades – y tienen razón es eso. Sin embargo, negociar con sindicatos o sociedades como la que aglomera a los concesionarios y sus choferes de transporte publico no es fácil. El riesgo de dejar sin el servicio a miles de sonorenses está en juego, y ese es un riesgo que un gobierno estatal responsable jamás correría.
Así que, pese a la opinión ácida de la oposición en el tema, la Dirección de Transporte del estado de Sonora, siguiendo las instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich, logró destrabar la radical posición de José Luis Gerardo Moreno, líder de Sictuhsa, para llevarlo a dar marcha atrás a lo anunciado días atrás, y confirmar que el transporte público en Sonora seguirá con la atención al usuario. Esto es, sin duda, administración responsable del estado. Esta es una operación integral de muy buena lid.
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