Privatizaciones y contratismo, columna vertebral de la corrupción: una magna tarea para próximo presidente de México retomar mandato constitucional
Por Bernardo Méndez Lugo, diplomático en retiro y académico fundador de UAM-Xochimilco.*
Cuando se dieron las privatizaciones de empresas estatales en México durante el gobierno del presidente Salinas (1988-1994) escribí en El Financiero (era editor Joel Hernández Santiago) un largo artículo (no cuento con copia) sobre las graves irregularidades de dichas privatizaciones.
En dicho ensayo contrasté los lineamientos mínimos que aconsejaba la revista Finanzas y Desarrollo (Finance & Development) del Banco Mundial y el FMI para llevar a cabo privatizaciones exitosas y congruentes con el interés nacional de los países que privatizaban en esa época.
Cada uno de las recomendaciones del BM-FMI no se cumplieron en las privatizaciones realizadas en México.
No creo que dichas recomendaciones hayan sido un paradigma inalcanzable o la “varita mágica” de las privatizaciones exitosas ya que se partía de la idea en boga de que el estado era mal administrador y debía deshacerse de sus empresas.
Dicha idea o paradigma sigue siendo dominante en muchos círculos de gobierno en México y en el mundo. El gran problema con las privatizaciones en México es que la mayor parte de las empresas estatales se malbarataron, muchas de las licitaciones fueron amañadas y sin transparencia, en la mayoría de los casos los gobernantes tuvieron intereses creados para favorecer a ciertos compradores, en algunos casos los compradores no tenían experiencia alguna en el ramo de la empresa estatal que compraban, algunas empresas que deberían haber mantenido un criterio de servicio público rentable se encarecieron en mercados monopólicos o oligopólicos y permitieron un enriquecimiento extraordinario de los beneficiarios de dichas privatizaciones incluyendo a los propios funcionarios del gobierno en turno que ahora son exitosos empresarios.
Los parámetros de analistas para medir la eficacia de las privatizaciones fueron basados en matrices de competencia, costo-beneficio y análisis que se contrastaban con la ineficaz administración del estado. Debo subrayar que la mayor parte de los economistas simpatizantes de las privatizaciones nunca cuestionaron la manera y forma en que la burocracia gobernante se benefició del manejo de información privilegiada y como se vendieron las empresas estatales y para beneficiar a quien.
No debemos olvidar que en los diversos tiempos de privatizaciones los funcionarios indistintamente del PRI o PAN, abusaron de su posición de poder en el manejo de información privilegiada para beneficiarse y beneficiar a sus íntimos y muchos de ellos, socios ocultos de sus aliados en el sector privado.
Por favor ! Que ahora no nos quieran vender la idea de que son “personas respetables” y que defienden “ el desarrollo nacional y la modernización del país”.
Basta corrupción disfrazada de “modernización”, “detonación de empleos” y “obras magnas”. Los mexicanos sabemos quienes son estos empresarios y sus socios en el gobierno, como actúan y como trabajan.
Un gobierno digno a partir del 1 de diciembre de 2018 debería expropiar los bienes mal habidos de empresarios deshonestos y sus socios en el gobierno que hoy son exitosos empresarios
La corrupción tiene muchas caras y se ha manifestado de muchas maneras. No es necesario dar nombres. Todos los mexicanos sabemos quienes se han beneficiado con las privatizaciones de empresas estatales y quienes en el gobierno (no solo en sexenio 1988-1994) y todos los que han seguido sin distinción de partido, se han beneficiado de información privilegiada para hacer negocios y asociarse con empresarios nacionales y extranjeros (incluyendo bancos, líneas aéreas y energéticos) entre muchas otras áreas.
La mayor parte de los gobernantes de la Ciudad de México emanados de la izquierda institucional no han sido la excepción en el uso del contratismo como manera de amasar fortunas. Este fenómeno incluye a la gran mayoría de gobiernos estatales y a municipios donde se manejan presupuestos e inversión pública.
Además de privatizaciones que debilitaron el patrimonio estatal y la capacidad de gestión del estado existe otra práctica maligna muy enraizada: el contratismo y subcontratismo en todas sus formas. No solo funciona en la obra pública y construcción de infraestructura. A pesar de existir procedimientos para licitación casi todo lo que sector gobierno licita y pone a concurso sea federal, estatal y municipal con frecuencia no es transparente y existe simulación para beneficiar a empresarios favoritos o empresas de familiares o donde el propio funcionario es socio oculto de la “empresa ganadora” del concurso.
Esta plaga se consolidó a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) y se convirtió en práctica general de todos los gobiernos sin importar signo político: utilizar información privilegiada y poder político para enriquecerse y enriquecer a socios, amigos y familia.
El contratismo como estrategia de enriquecimiento es y ha sido una fórmula imperante en casi todo el mundo, en países desarrollados y en desarrollo y en gobiernos de todas las tendencias políticas.
En el caso de México, este sistema se debe desmontar y de ser posible, que un comité nacional de personas intachables determinen la necesidad de llevar a cabo expropiaciones de empresas beneficiarias de distintas maneras por contratismo e investigar a fondo los vínculos empresariales entre políticos y ex políticos ahora prósperos empresarios.
Necesitamos un presidente de la República que impulse un cambio genuino, que inicie el desmantelamiento de todo la estructura de prebendas, contratismo y corrupción.
En muchos casos, los responsables de enriquecimiento ilícito deberían ir a la cárcel y por el bien de la Nación, llevar a cabo una reforma constitucional que permita recuperar bienes y propiedades al patrimonio nacional, enriquecimiento que se hizo en violación al mandato constitucional que tuvieron o aún tienen cuando juraron servir al país.
Un aspecto relevante de la corrupción es el involucramiento de empresas transnacionales y sus directivos en la compra de favores de los gobernantes en muchos de los paises donde operan como el caso reciente de la empresa brasileńa Odebrecht que opera en 25 países. Sus pagos ilegales a gobiernos (Incluyendo al gobierno mexicano) para obtener contratos de construcción, energía etc. y vender sus servicios es ampliamente conocido.
Odebrecht es el caso más reciente pero hay muchos ejemplos de empresas internacionales de todo tipo de giro que logran contratos y asociaciones en países anfitriones gracias a cabildeos y prebendas a los gobernantes y hasta a empresarios locales.
Obviamente que los empresarios beneficiados con las distintas modalidades de contratismo y simulaciones también deben ser castigados.
*Mis ideas son de carácter personal y no involucran a las organizaciones en las cuales trabajo o he tenido vínculos laborales.
