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Hermosillo, Sonora a 18 de mayo de 2018.- Ante el grave problema que ocasionan las adicciones, principalmente el cristal, la fórmula sonorense de la coalición Por México al Frente, encabezada por Antonio Astiazarán Gutiérrez, propuso que del impuesto que ya se cobra en la cerveza por el IEPS, se destine 1 centavo para la prevención y tratamiento de las adicciones y el consumo del cristal que tanto está afectando a familias en Sonora.

Esta propuesta, subrayó, no significa incrementar el costo de la cerveza, sino del 26% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a esta bebida alcohólica, se destine 1 centavo para que las organizaciones civiles tengan la posibilidad de fortalecer la prevención y atención de las adicciones en la entidad, sobre todo el cristal.

“Esto representa aproximadamente mil 144 millones de pesos, es decir, 159% del presupuesto del Comisión Nacional Contra las Adicciones para 2018, con esta postura se tendrá más sociedad y menos gobierno pues hemos visto que el problema ha rebasado a las autoridades de gobierno de los tres niveles”, destacó Astiazarán Gutiérrez.

“Difícilmente hay centros de rehabilitación”, puntualizó “Que puedan ayudar al combate contra las adicciones, generalmente son muy caros y el gobierno ya se vio rebasado por este problema, aunque si ayudan las campañas publicitarias, no son suficientes, por eso propongo dar un porcentaje de la venta de la cerveza a instituciones civiles que ya tratan a las personas, por eso vamos a trabajar en la prevención y también en la rehabilitación”.

 

La seguridad no es cuestión de cambiar leyes: Lety Cuesta

Es necesario hacer la diferencia entre inseguridad y administración de justicia si queremos mejorar la calidad de vida de los habitantes y en especial de los sonorenses aseguró, Lety Cuesta, candidata al Senado por Movimiento Ciudadano de la Coalición por México al Frente.

“Que no nos quieran vender espejitos, diciendo que con reformar el Nuevo Sistema de Justicia Penal todos los delincuentes irán a la cárcel. No es cierto. Este nuevo sistema también contempla las medidas cautelares como la prisión preventiva, el problema es la falta de capacitación para cumplir con las exigencias de la ley, aplicarla y ejecutarla de manera correcta”, aclaró.

Es que es extraño que mientras los sonorenses exigen más seguridad, los aspirantes al Senado de PRI, PVEM y PANAL, insisten en hacer cambios en las leyes, explicó Lety Cuesta, pero el problema de los índices delictivos, la procuración y administración de justicia son cosas distintas que se deben atender por separado pero que en conjunto mejoran el ambiente de seguridad y disminuyen la impunidad.

De enero a marzo de 2018 en Sonora se han registrado 137 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agregó, mientras que en el mismo periodo de 2017 sumaban 156 casos.

“Si el actual Código contempla que cuando se pone en riesgo la vida de la víctima se debe aplicar prisión preventiva, sin importar que sea un delito considerado como grave, así lo dice la ley, entonces: ¿por qué quieren cambiar la lista de delitos graves, nomás para facilitar las detenciones? Eso va en contra de hacer prevalecer el Estado de Derecho”, explicó.

Es importante revisar qué se ha hecho para mejorar las condiciones de trabajo de los policías para que sean ellos los que realizan labores de prevención e investigación, pero además, Cuesta Madrigal dijo que urge saber cómo se han capacitados a los fiscales y cuántas indagatorias no pueden terminar en una orden de aprehensión por deficiencias en el proceso.

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