Históricamente, la salud mental no ha sido prioritaria para los sistemas de salud; sigue estando ausente en las Metas de Desarrollo del Milenio y los gobiernos continúan asignándole un presupuesto bajo y otorgándole poca atención. Otras razones que han dificultado la integración son: servicios enfocados a la atención de síntomas somáticos, con consultas breves que dificultan la detección y tratamiento de trastornos mentales; trabajo colaborativo deficiente entre el personal de primer nivel y segundo nivel, entre otros. El eje de la atención de la salud mental en México sigue siendo el tercer nivel, específicamente los hospitales psiquiátricos.
El rol de la atención primaria es aún pequeño: en 2008, solamente 30% de los centros de salud del país tenían algún protocolo de evaluación o tratamiento para trastornos como depresión o consumo de drogas y un porcentaje similar realizaba al mes por lo menos un envío a un especialista. La Ciudad de México, es de las pocas entidades que cuentan con una Ley específica de Salud Mental. Los Servicios de Salud Pública (centros de salud), dirigidos a la población no asegurada y de escasos recursos económicos, cuentan con un Programa de Salud Mental basado en un modelo escalonado de atención que abarca desde la promoción de la salud hasta el seguimiento de los pacientes. A pesar de los esfuerzos de quienes prestan estos servicios, la ausencia de una política integrada y definida así como de un presupuesto insuficiente, han impedido que el programa obtenga los resultados esperados. Se han analizado algunas barreras asociadas con la atención de salud mental en los servicios primarios. Los servicios de salud son influenciados por las políticas públicas y por las normas estipuladas en coordinaciones federales o locales, así como por las características del lugar donde se otorga la atención, los conocimientos y actitudes del personal y de los usuarios, así como de los recursos financieros con los que se cuenta. Se considera que la atención de la salud mental va más allá de la interacción entre servicios, prestadores y usuarios; por ello, se propone un modelo de análisis, construido a partir de la información recolectada, donde se redimensiona como un proceso integral explicado desde la interacción de seis niveles de influencia: situaciones económicas, políticas y sociales del país que impactan en las características de los sistemas de atención, políticas públicas que definen y regulan la forma en que debe otorgarse la atención; direcciones y coordinaciones encargadas de la puesta en práctica de las políticas; características y recursos de los centros; los usuarios y la comunidad en los centros de salud, y los conocimientos y actitudes del personal. Del mismo modo, sería necesario repensar el modelo biomédico que guía la práctica, la organización y administración de los servicios. Bajo este modelo resulta complicado pensar en acciones de detección y tratamiento que vayan más allá del signo y el síntoma y que contemplen otros elementos relacionados con salud mental, como las dimensiones económicas y sociales.
También habría que pensar en acciones que permitan ampliar y articular la participación de los miembros de comunidad y de los pacientes sobre cómo cuidar su salud mental y cuándo demandar servicios. La Organización Panamericana de la Salud también recomienda la participación de pacientes y familiares en la planeación e implementación de políticas, monitoreo y provisión de servicios. Para futuros proyectos sería recomendable incluir entrevistas con autoridades y otras personas responsables con la finalidad de establecer planeaciones, registros y controles en torno a este tema que cada vez cuenta con mayor auge y genera costos al sector salud.
Dr. César Álvarez Pacheco
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@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora.
