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De acuerdo a la defensa de Alejandra López Noriega para varios militantes del PAN, entre ellos altos funcionarios de gobierno y de partido durante el padrecismo, el estar en un proceso electoral es sinónimo de impunidad frente a documentados y probados actos con que los indiciados entregaron unos y recibieron otros, recursos estatales por más de cinco millones de pesos.

Valga subrayar que en este México nuestro nos la pasamos en procesos electorales y también valga aclarar, que la denuncia de ese financiamiento ilegal, no se interpuso en mayo pasado como dice la dirigente del PAN, sino que dicho trámite se realizó en enero pasado, ya arrancado el proceso electoral o sea, de haberse hecho pública en esa fecha, el alegato de pretender dañar al citado partido hubiera sido el mismo.

En donde la señora López Noriega tiene toda la razón, es que los problemas judiciales de sus compañeros de partido no se derivan de la denuncia desde adentro de ese organismo político, sino que se trató del cumplimiento de una obligación legal de Javier García Campa, titular del órgano de control interno de la Secretaría de Hacienda, mediante la presentación de solicitudes y órdenes de pago y un altero así de pruebas documentales, donde se registran las transferencias de recursos financieros del gobierno estatal a las arcas del PAN.

Javier García Campa

Y es que bajo ningún supuesto, el marco jurídico electoral, del fuero común o federal, está previsto el que partidos políticos accedan a recursos financieros tal como lo acordaron Miguel Méndez, Mario Cuen Aranda, Douglas Alejandro Taylor Dueñas, funcionarios de la Secretaría de Hacienda por un lado y por el otro, Juan Bautista Valencia, Dalia Jaqueline Zozaya, Minerva López Tapia y Enrique Terrazas, integrantes del CDE panista, al operar en conjunto una fuente de financiamiento para su partido sin ningún sustento jurídico.

Y valga subrayar, que el que se asegure que se trataron de recursos obtenidos por retenciones de cuotas a militantes del PAN integrados a la burocracia padrecista, de ninguna manera los exime de la comisión de delitos, ya que el régimen jurídico electoral actual, prevé de forma muy precisa todo lo relativo al financiamiento a los partidos políticos y tales retenciones y flujos entran en el terreno de la ilegalidad, así sean cuotas voluntarias, que en todo caso se debieron entregar de forma directa por parte de los interesados.

Accedimos al contenido del documento base con el que la Fiscalía Especial relacionada a delitos electorales y la exposición que fundamentan la solicitud de las órdenes de aprehensión lucen incuestionables a la luz de la normatividad vigente, tanto en lo que se refiere al Código Electoral, como a la normatividad gubernamental hacendaria y bien se subraya, que la supuesta ignorancia por parte de los indiciados, no los exime de su obligado cumplimiento y responsabilidad en caso de no hacerlo.

Muy sólida luce la fundamentación expuesta por Ramón Gustavo Salazar Arriola, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía a cargo de Pedro Pablo Chirinos, y dirigida al juez oral de esta jurisdicción judicial, José Alejandro Bojórquez Osorio, para que liberara las órdenes de aprehensión correspondientes, que si se ejecutaron hasta ahora luego de casi cinco meses de radicarse la denuncia, es porque así es el ritmo de la justicia sonorense.

Sylvana Beltrones

Por supuesto que resultan lógicos los quejidos de doña Alejandra, Florencio Díaz, Luis Serrato y de Francisco García Gámez, quienes –faltaba más—convocaron a conferencia de prensa para defender a sus compañeros de partido y exigir impunidad para ellos, con el alegato de que al estar en un proceso electoral, esas acciones judiciales dañan al PAN, de lo cual estamos totalmente de acuerdo, aunque como se sabe, esas siglas están tan dañadas en Sonora que esto es un piloncito solamente.

Detrás de la posición de los mentados integrantes de la nomenclatura formal blanquiazul, está la exigencia de impunidad con motivos político electorales para los suyos y que a pesar de lo que hicieron, nada se sepa para no generar rechazo popular, como si estuviéramos en el padrecismo, cuando por estar en proceso electoral, ocultaron el criminal operativo de compra venta de niños y niñas a través del DIF y propiciaron que varios integrantes de esa banda se sustrajeran a la acción de la justicia.

En fin, naturales los retobos panistas, aunque bien harían en darse por bien servidos hasta ahora, porque muchos de ellos fueron supuestos beneficiarios de ese financiamiento ilegal en el proceso electoral 2015, aunque no en la magnitud que representa la retención de los alrededor de 400 millones de pesos y que la Secretaría de Hacienda debió transferir a destinos aún desconocidos.

En fin, ya estamos ahora sí, en la recta final de este proceso electoral, con algunos partidos y candidatos echando el resto en su esfuerzo por conquistar la buena voluntad popular, en tanto otros sus incapacidades para el trabajo y limitaciones intelectuales, sólo les da para colgarse de presuntas inercias de marca o vociferar estupideces sólo por motivos de efectismo mediático.

Ernesto de Lucas

Al respecto y tal como lo adelantamos en anteriores Entretelones, a través de un medio impreso en Hermosillo, este domingo se dieron a conocer los resultados de la última encuesta realizada por TM Reporte, empresa que como se sabe y reconocida por propios y extraños, ha sido la más acertada en sus prospectivas en los pasados procesos electorales.

Habrá qué ver qué ocurre el próximo domingo, pero por lo pronto, en la elección al Senado de la República, la tendencia  producto de mil 500 entrevistas cara a cara entre ciudadanos de 10 municipios, mantienen a la cabeza a Sylvana Beltrones y a Manuel Ignacio Acosta con un 36.9 por ciento de preferencias; Lilly Téllez y Alfonso Durazo de MORENA le siguen con un 32.5 por ciento, y en lejano tercer puesto Antonio Astiazarán, con sólo el 13.2 por ciento.

De acuerdo el levantamiento en cuestión, ese poco alcance del aspirante del PAN al senado es congruente con el lejano tercer lugar que ocupan aspirantes a alcaldías en los municipios más importantes de la entidad, incluso con la elección presidencial, donde Ricardo Anaya sólo tiene 13.8 por ciento de las preferencias, frente al 21.6 de José Antonio Meade y 42.9 por ciento de López Obrador.

En Nogales, Cajeme, Puerto Peñasco, Guaymas y en Hermosillo, el PAN ocupa el tercer lugar en las preferencias y de igual forma anda de capa caída en la disputa por los 21 distritos locales, ratificándose que la principal disputa es entre la propuesta del PRI-Verde-Panal y la marca MORENA, con los primeros con representantes de carne y hueso y los segundos, en su mayoría, verdaderos fantasmas.

Francisco García Vega

En Hermosillo la lógica se impone y Ernesto de Lucas va como caballo de hacienda hacia la presidencia municipal con 34.8 por ciento de las preferencias; estancada en un 25 por ciento está la padrecista panista postulada por MORENA, Célida López, e igual estancada con 17.1 por ciento su compañera de partido, Myrna Rea, con porcentajes muy bajos Carlos León, Norberto Barraza y José Guadalupe Curiel con 4.4, 3.3 y 1.5 por ciento respectivamente.

Todo indica que en Nogales, Puerto Peñasco y Guaymas, no se les hará a los del PAN pretensos a la reelección, destacando el tercer lugar que ocupan en Nogales Cuauhtémoc Galindo, frente a la competitiva propuesta del priista Jorge Freig; en Guaymas ocurre lo mismo con el Lorenzo de Cima, rebasado ampliamente por Sara Valle y El Gato Bárcenas, en tanto que en Peñasco, Kiko Munro se cae a pesar de sus marrullerías y uso de recursos financieros y humanos de la comuna, leperadas insuficientes frente a la excelente campaña desplegada por Francisco García Vega.

En Cajeme los numeritos siguen favoreciendo a Emeterio Ochoa con al menos cinco puntos de ventaja sobre el morenista Pablo Mariscal y en tercer lugar está el independiente Rodrigo Bours Castelo con alrededor del 20 por ciento de las preferencias, faltando saber el tamaño del impacto el día de la elección, el cierre de filas en torno a su carnal por parte de Eduardo y Ricardo Bours Castelo.

Es que vía redes sociales nos enteramos de una reunión donde se constituyó la estructura de defensa del voto del popular Pipigo, apuesta en la que participan de forma abierta y pública el hasta ahora considerado el mejor gobernador de Sonora y su carnal el empresario Ricardo Bours, así como Abel Murrieta Gutiérrez, posicionados también en el esfuerzo por evitar que Sylvana y Maloro ganen la elección al Senado, lo cual genera condiciones inéditas en la elección en ese municipio.

Flor Ayala Robles

Y muy ilustrativa la numeralia dada a conocer por Flor Ayala Robles Linares al describir su esfuerzo por establecer contacto directo con las familias del XII distrito que aspira a representar en el Congreso del Estado, el cual la ha llevado a recorrer al menos 143 kilómetros en una jurisdicción electoral que incluye comunidades rurales ubicadas al nororiente de Hermosillo.

Y así como “La Flower” lo ha hecho el resto de la fórmula de su partido y coaligados, quienes mediante el trabajo de calle, de tierra, de cara a cara y contacto directo, no dejan nada a la casualidad ni dan por hecho que encabezan las preferencias electorales o sea, el trabajo para ganar la elección lo hicieron.

 

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