En todo Sonora, pero particularmente en Cajeme y en Hermosillo, se sufrieron los efectos con mayor gravedad, de la incompetencia, omisiones y corrupción en materia de seguridad pública durante el gobierno del PAN-Gobierno de Guillermo Padrés.
Revertir el arraigo de conductas delictivas también derivadas por la falta de atención gubernamental y programas para promover la integración familiar, y el deja ser que permitió el libre asentamiento de bandas del crimen organizado, requiere de tiempo, persistencia y una efectiva coordinación interinstitucional, tanto en tareas de prevención como en el combate a la inseguridad.
Al menos en Cajeme y su cabecera municipal, Ciudad Obregón, al parecer esos propósitos ya dejan resultados alentadores para una comunidad crispada principalmente por episodios criminales de alto impacto, como lo es el sangriento saldo por la disputa de esa plaza de bandas del crimen organizado.
Sea porque se están acabando entre ellos o porque los destierra el trabajo de coordinación entre Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal Preventiva, Gendarmería y personal militar, el hecho es que mientras en octubre se registraron 28 ejecuciones, en noviembre esa macabra cifra se redujo a 13, en tanto que en sectores conflictivos notable la presencia disuasiva de constantes patrullajes por tierra y aire, que han sacado de la calle a narcomenudistas y reducido el índice en otros delitos.
Faustino Félix Chávez
El alcalde de Cajeme Faustino Félix Chávez por un lado y Manuel Ignacio Acosta, presidente municipal de Hermosillo por el otro, no quitan el dedo del renglón en una de las asignaturas más delicadas con las que les toca lidiar, luego que el primero heredó las desmanteladas bases operativas de la antes PEI y ahora AMIC, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública, además de los efectos del ahorcamiento financiero que aplicó Padrés a la administración municipal priista que encabezó Rogelio Díaz Brown.
En tanto que el segundo le tocó bailar con la más fea con una corporación municipal destartalada tanto en sus recursos humanos como recursos materiales, sin programas de prevención y ausencia de coordinación con otras instancias de gobierno, ya que como se sabe, la mayor preocupación de los inquilinos de los palacios vecinos frente a la Plaza Zaragoza fue robar lo que más pudieran, valiéndoles sorbete la ciudadanía.
En todo el persistente esfuerzo para revertir el estigma de la violencia delicuencial, de destacarse el pragmatismo operativo y sentido social que se despliega desde la Secretaría de Seguridad Púbica encabezada por Adolfo García Morales, cuya área de participación ciudadana hace aportación importante a través de programas que promueve Juan Pablo Acosta y que son importante factor para la prevención del delito desde el mismo seno de las familias.
Por el bien de los ciudadanos de Cajeme y de Hermosillo, y también en el resto de Sonora, ojalá que dicha tendencia a la baja tenga constancia, pero por lo pronto el saldo es favorable y mejor pudiera ser ahora que gracias a la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich, ya están de nuevo en Sonora integrantes de la Gendarmería.
Adolfo García Morales
Por otra parte, cuando apenas hace un par de días fue aprobada una modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora que abre la puerta a la participación ciudadana al proceso para la emisión de leyes y decretos, este jueves, representantes de instituciones de asistencia privada aprovecharon la recta para proponer se incorpore al presupuesto de ingresos del Estado 2018, un incremento a la tasa de impuesto a los 41 casinos que operan en Sonora.
Irrebatible la lógica planteada por directivos de organismos de asistencia social a los titulares de las comisiones de Hacienda, Flor Ayala Robles Linares y Moisés Gómez Reyna, así como Lisette López Godínez, quien como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, propuso la reforma a la Ley Orgánica, que aprobó que las comisiones dictaminadoras se retroalimenten de la sociedad civil en los proyectos cuyo dictamen sea sometido a la decisión del pleno legislativo.
En la reunión de trabajo, la representación de las IAPS expuso detallado planteamiento de las batallas que tienen que hacer para seguir sirviendo a la sociedad principalmente en el combate a las adicciones y de la precaria situación financiera en la que operan, así como el factor que aportan los casinos en la problemática que combaten, considerando que la ludopatía ya es considerada una adicción.
Lisette López
La propuesta planteada a los integrantes de la representación social sonorense, se refiere a que en lugar de que los casinos carguen una tasa impositiva del 6 por ciento a ganadores y porcentaje igual a organizadores como hasta ahora ocurre, se incremente a un 15 por ciento, que dicho sea de paso, es lo que se carga en otros estados del país a casas de apuestas.
La recaudación prospectada de aprobarse la propuesta sería de alrededor de 58 millones de pesos para el 2018, de los cuales, el 60 por ciento sería distribuido entre las IAPS de acuerdo a criterios de proporcionalidad y equidad, con mecanismos que garanticen transparencia en su destino y resultados.
Se trata pues de que los casineros, no los apostadores, pongan más de su parte para fondear tareas de prevención y combate a las adicciones, así como las secuelas, males y sus derivados que causa la ludopatía, que de acuerdo a los datos ahí planteados la padece el 3.5 por ciento de los sonorenses o sea uno de cada 200 personas está afectada.
Por lo pronto, la propuesta fue muy bien recibida por diputadas y diputados y habrá qué ver si les dan los tiempos para hacer los ajustes a la Ley de Ingresos ya en proceso de dictaminación, con el agregado de que una adición como esa, también requeriría reformar la Ley de Hacienda del Estado.
Buenas las intervenciones de Rafael Buena, Javier Villarreal, Jorge Luis Márquez, no faltando el prietito en el arroz, Armando Gutiérrez, quien para no variar salió de nuevo con su batea de babas.
También por rumbos del Palacio Municipal hizo aire, ya que el cabildo del ayuntamiento de Hermosillo en pleno, aprobó la Ley de ingresos para el año próximo, sin nuevas cargas impositivas y con un ajuste del 4.5 por ciento a la tarifa del agua potable, pero con un descuento del 10 por ciento por pronto pago.
Elsa Velasco
Movidita la sesión de los regidores toda vez la desfachatez y cinismo de la aristocrática regidora Elsa Velasco, quien todo indica no tiene la menor noción de que para tener la lengua larga debe tener la cola limpia, ya que insistió en despotricar en contra de la operación de Agua de Hermosillo, cuando fueron sus compañeros de partido, el PAN, quienes dejaron en la bancarrota a ese organismo, con casi mil millones de pesos de deuda, 460 millones de los cuales solo de la anterior administración.
En el debate hubo el refrito ese del aumento a la tarifa acordada desde la administración de Javier Gándara y que se calendarizó para entrara en vigor el año pasado; el cobro anticipado a grandes consumidores y el gasto que se hizo de 100 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores, que por supuesto tuvo que apechugar la administración de Manuel Ignacio Acosta.
La esposa de Carlos Tapia Astiazarán de plano se descatotó, se le dañaron bujes y retenes neuronales, al entrar en un alegato, que además de llevar todas las de perder ante datos tan abrumadores respecto al desaseado manejo del organismo, desde que el gobernador Armando López Nogales lo entregó al ayuntamiento presidido por Francisco Búrquez con cero deuda y que convirtieron en caja chica sucesivas administraciones del PAN, con el paréntesis de tres años de Ernesto Gándara que más o menos lo mantuvo a flote, pero que Javier Gándara y Alejandro López Caballero acabaron de saquear.
Manuel Ignacio Acosta
Ahora Agua de Hermosillo opera en equilibrio financiero y sin cargarle la mano al usuario de la red, ya que el ajuste tarifario del 4.5 por ciento es por los efectos inflacionarios, con el agregado de que por pronto pago se aplicará un descuento del 10 por ciento, además que por supuesto a esa patética vendedora de bienes raíces que cobra como regidora, elude mencionar a la carísima agua que se trae desde la presa El Novillo, a través del ilegal acueducto que construyó su líder ahora en una crujía del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Y en breves de Entretelones, se mantiene en lo alto la ola por el galardón de La Mujer del Año 2017 entregado a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien aparece en un suplemento del Diario español El País, donde en la edición especial “Entre Todas”, da cuenta de la ceremonia de entrega y de las razones, acciones y resultados, para incluir a la mandataria sonorense en el selecto grupo de 57 mujeres reconocidas desde la fundación de dicho premio.
