A casi 10 días naturales del favor judicial de la PGR a Guillermo Padrés, ninguna instancia oficial se ha dignado a informar respecto a las causas de la omisión de la fiscalía federal, de no impugnar un amparo contra imputaciones por delincuencia organizada contra ese delincuente, otorgado por Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Amparo y Juicios Federales en Toluca.
Reconocemos no tener idea sobre las formas institucionales para requerir dicha explicación y tampoco sabemos a que instancia correspondería iniciar dicho trámite o bien interponer alguna denuncia por la presunción de actos de corrupción y colusión por parte de servidores públicos, tanto de la PGR como del Poder Judicial, con el fin de beneficiar a un procesado.
Ignoramos muchas cosas, pero lo que no ignoramos es la ira, la indignación, la vergüenza y la reprobación ciudadana, por lo que se ha dado en calificar como inusual y sospechosa actuación de la PGR en un asunto tan de alto perfil y de tanto efecto mediático y que sin embargo aún no haya nadie que se digne a dar cuenta respecto a los causales de ese favor judicial otorgado al corrupto.
Quisiéramos pensar, insistimos, que se trata de un plan bien diseñado por la fiscalía federal que a fin de cuentas refundirá más a quien encabezó la pandilla que perpetró el desfalco histórico contra Sonora y los sonorenses, pero la verdad es que el silencio subsiguiente a la “no impugnación”, debe presagiar que en efecto, Padrés está por salirse con la suya.
Claudia Pavlovich
Nada se sabe luego de las reacciones iniciales, como de la de la misma gobernadora Claudia Pavlovich que se declaró molesta y extrañada por la inusual actuación de la PGR; del dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez quien dijo esperar una explicación de esa fiscalía, y también el presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, David Palafox Celaya, quien adelantó que se presentarían denuncias en contra de los responsables de omitir presentar el recurso citado.
Incluso se sumó a esa tendencia el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, quien incluso interpuso un recurso de queja en contra del titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, trámite que hasta donde sabemos es el único concreto en contra de quienes otorgaron el beneficio al corrupto exgobernador.
Y no se diga de la indignación, sospechas y expresiones de reprobación en prácticamente todos los círculos de la sociedad sonorense y en las redes sociales, además de cuestionamientos en toda la diversidad de espacios editoriales, sin que hasta ahora se escuche nada de la parte exigida.
Es por eso que se entiende la impotencia social que se reflejó en la protesta de Don Juan Antonio Ortega García el pasado viernes, cuando acudió a la explanada frente a la sede del Poder Judicial de Sonora donde metió en una tamalera, un ejemplar de la Constitución General de la República; un Código Penal Federal y de Procedimientos Penales, y la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, para luego prender fuego a lo que consideró pura letra muerta.
Jaime Moreno Berry
El representante legal de Gisella Peraza personifica en toda la extensión de la palabra, la impotencia social frente a la impunidad que goza la caterva de rateros encabezada por Padrés y la frustrante posibilidad de que a pesar de todo, sea puesto en libertad a más tardar del viernes próximo.
Y más en su caso, porque su representada y familia prácticamente están secuestradas por el miedo e incluso él es custodiado por Agentes Estatales luego de amenazas de muerte, como reacción al proceso e investigación en contra de quienes plagiaron, torturaron y encarcelaron durante cuatro años a la citada humilde mujer, quien dicho sea de paso mucho tiene qué decir de lo que ocurría en los entresijos y verijas de la familia del crimen.
Por cierto, ella sabía de las mochilas deportivas retacadas de dinero que frecuentemente llegaban a la Casa de Gobierno y que se apilaban en el closet de la recámara principal o del largo romance que sostuvo o sostiene Iveth Dagnino con un personaje ligado a la actividad ecuestre o de las ruinas que padecían antes que les cayera del cielo la gubernatura.
Pues tendrá razón Ortega García al señalar que además de los delitos del fuero federal que se imputan a Padrés, también tiene varios pendientes en el fuero común, “pero si pudo negociar impunidad allá en la PGR y la judicatura federal, ni modo que no lo consiga aquí”, comentó el prestigiado hombre de leyes luego de su protesta cívica en contra de la procuración de justicia de este país.
Gisella Peraza
Por supuesto que se entiende el acoso y amenazas en contra de él, de Gisella y de su familia, ya que la indagatoria y avances del proceso en contra de quienes abusaron de ella, no estarían sujetas a ninguna negociación y ahí sí, Padrés vería su suerte, junto al aún diputado federal Agustín Rodríguez; Ernesto Portillo, jefe de guaruras, entre los 21 denunciados por la víctima y actualmente sujetos a proceso, con ya varias consignaciones.
El persistente abogado ha logrado la emisión de órdenes de aprehensión, la más importante en contra de Rodríguez, quien por ser diputado federal está protegido por el fuero que ya no tendrá a partir del 1 de septiembre próximo, en tanto que contra Padrés, la denuncia y proceso es por tortura y abuso de poder, que de acuerdo a Don Juan Antonio, en caso de que el juez falle en favor de la víctima, el exgobernador deberá cumplir sentencia en un penal sonorense.
Y lo que son las cosas, si en la PGR siguen tan campantes consintiendo a Padrés, comparable con la displicencia de MORENA en Sonora, partido convertido en impúdico receptáculo de panistas que fueron parte íntima del desfalco y raterías en ese maldecido sexenio y que creyeron que su fanatizada defensa al líder de la pandilla, se impondría al gandallismo del cartel encabezado por Damián Zepeda.
La diputada Célida López Cárdenas es el mejor ejemplo de que no es así y por eso emigró a ese partido y recibida con los brazos abiertos y al ser perdonados sus pecados por Andrés Manuel López Obrador, para en automático dejar de ser integrante de su invocada “mafia del poder”.
Alfonso González Morillas
Incluso, vaya la dureza del lomo del dirigente estatal, Alfonso Durazo, a quien le vale sorbete el que se le ligue e incluso alardea de su amistad, con su tocayo Alfonso González Morillas, tenebroso sujeto ahora amparado, vinculado con el narcotráfico y en cuyas oficinas cuando hacía los grandes negocios al amparo del padrecismo, ahora sea la sede estatal de MORENA, a cambio de una ridícula renta de seis mil pesos mensuales.
De seguidilla con temas judiciales, el Juez Federal Décimo Segundo de Distrito declaró improcedente el Amparo No. 1003/2017 promovido por Alfonso López Villa y Rosendo Arrayales Terán, quienes sin cumplir los requisitos establecidos por la convocatoria y se obsesionaron con ser parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin pruebas ni argumentos jurídicamente válidos y más bien movidos por berrinches, impugnaron todo el proceso de selección y designación, que bajo estricta y publicitada metodología realizó la comisión seleccionadora presidida por Marco Antonio Andrade y que derivó en el nombramiento de Alberto Hazz, Aquiles Fuentes, Aarón Grajeda, Miriam Monreal e Irma Laura Murillo.
A ver que dicen al respecto Sonora Ciudadana, Vigilantes del Transporte y Movimiento No al Gasolinazo, membretes a los que pertenecen quienes fracasaron en la intención de infiltrar politiquería a dicho organismo, que dicho sea de paso ya está en la fase final el proceso para la designación de quien ocupará la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que saldrá de 11 ciudadanos que atendieron la convocatoria y se registraron como aspirantes.
Por otra parte, gran ambiente, triunfalista ánimo, reportan del evento de registro de José Antonio Meade como precandidato del PRI a la presidencia de la república, allá donde estuvo numerosa delegación de priistas de Sonora.
Marco Antonio Andrade
Tal como estaba previsto en la convocatoria, la jornada de registro de aspirantes inició a las once de la mañana y concluyó dos horas después, y de mucho se señalará al PRI y a los priistas, pero al menos no incurrirán en la simulación de una contienda interna con el registro de alguien que la haga de comparsa para justificar una precampaña.
El ciudadano “Pepe Meade” va como precandidato único y el cronograma que establece la citada convocatoria, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Procesos Internos tendrá 24 horas para realizar el proyecto de dictamen, para que luego, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI revise el dictamen, cuyo resultado se notificado al interesado el próximo martes.
El que vaya como precandidato único no limita Meade a hacer activismo interno a partir del 14 de diciembre y hasta el 11 de febrero del 2018, dirigido a los casi 20 mil delegados y delegadas que integran la Convención Nacional.
No entendemos muy bien a que se refiere un apartado de la convocatoria que dice, “que en caso de ir en coalición, los precandidatos también deberán buscar el voto de quienes integren los órganos de elecciones de los otros partidos”, reservándonos la posibilidad de que desde ahí pudiera saltar la liebre que simule lo que descartábamos en párrafo anterior.
