- Sólo en Oaxaca y Chiapas la cifra asciende a 121 mil 701 casas dañadas.
El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a los estados afectados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre pasado, un informe sobre los resultados del censo de evaluación de daños a viviendas.
Hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que establezcan programas de vivienda emergente, para atender a los damnificados afectados por esos fenómenos naturales y establezcan un Programa Integral de Reconstrucción y Reforzamiento Estructural de Viviendas.
En dicho Programa, se deberá considerar los aportes técnicos de especialistas en la materia, contar con la participación de los damnificados, aplicar un enfoque urbanístico con perspectiva de género, y aplicar de manera eficiente los recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales y los fondos de desastres de las entidades federativas, para atender a la población afectada por los sismos ocurridos.
En el dictamen aprobado por la Asamblea, se señala que, al momento, únicamente se cuenta con un censo total de viviendas dañadas en Oaxaca y Chiapas, donde la cifra asciende a 121 mil 701 casas dañadas.
Se considera que el censo de evaluación de daños es primordial para la atención de los damnificados y el proceso de reconstrucción. Se ejemplifica que sólo al lograr concretar el censo de evaluación en esos estados, el Ejecutivo Federal determinó la forma de apoyo para las personas que tuvieron afectaciones parciales o pérdidas totales.
Los senadores estimaron pertinente que se establezca un programa de vivienda emergente que atienda a la población damnificada a causa de los sismos.
En otro dictamen, el Senado requirió a la Secretaría de Economía un reporte acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años.
Se señala que el desarrollo social está estrechamente ligado al desarrollo económico, por lo que las políticas públicas deben de estar orientadas a promover procesos relacionados con el trabajo, la producción, la tecnología, el empleo y el ingreso.
