El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a difundir un informe sobre recursos erogados a través del fideicomiso “Río Sonora”, y continúe el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población afectada por el derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, en los ríos Sonora y Bacanuchi, de esa entidad federativa.
Solicita a la Auditoría Superior de la Federación analice la viabilidad de revisar el ejercicio de esos recursos, “a fin de que esta soberanía tenga pleno conocimiento de su ejecución, del cumplimiento de los compromisos y, en su caso, en adelante se apliquen las medidas para continuar con la atención a comunidades y sectores afectados”.
Al presentar la propuesta, el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (PRI), dijo que a tres años del accidente, la demanda continúa latente; “es una de las problemáticas que debe preocupar y ocupar a quienes desempeñamos un cargo público”.
Se pronunció por incluir en la agenda demandas de la población, procurar transparencia e impulsar acciones en políticas del gobierno federal, en conjunto con la minera, evitando opacidad ante demandas e inquietudes de la población.
Recordó que en agosto de 2014 se registró el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en esos afluentes, lo cual afectó a más de 23 mil personas en siete municipios sonorenses: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe. Consideró que constituye el mayor desastre ambiental en el país registrado en las últimas décadas.
Luego de los hechos, el responsable, Grupo México y sus empresas subsidiarias, junto con el gobierno federal, crearon el fideicomiso denominado “Río Sonora” para atender las afectaciones ocasionadas y servir como fuente de pago para llevar a cabo medidas de remediación, reparación y/o compensación de daños al ambiente y la salud humana.
El compromiso fue aportar dos mil millones de pesos y se estableció que si ese monto era insuficiente se aportarían los recursos adicionales necesarios para cada situación específica.
Ibarra Otero refiere que en el Quinto Informe de Gobierno, se dijo que en febrero se celebró la sesión de cierre del Fideicomiso y las autoridades emitieron las resoluciones que acreditaron el cumplimiento de objetivos, sin solicitudes de reparación pendientes, y que el Fideicomiso canalizó más de mil 200 millones de pesos en acciones de remediación, reparación y compensación.
Para el diputado, la incertidumbre de los pobladores de los siete municipios sonorenses continúa latente ante el incumplimiento de la Semarnat y el consorcio. “Los compromisos que no han sido concluidos han provocado movilizaciones de pobladores y activistas, que exigen la reactivación del fondo y la remediación de los daños ambientales económicos y a su salud”.
El diputado Ángel García Yáñez (NA) indicó que el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los caudales de los ríos Sonora y Bacanuchi, causó severas afectaciones como falta de agua para consumo humano y actividades productivas; enfermedades por la contaminación de ríos, generándose además el colapso de la economía local y una verdadera situación de crisis para los gobiernos.
Reconoció la importancia de dar certeza de que las necesidades han sido atendidas. Pidió conocer a detalle cómo se ejecutaron los recursos aplicados para el cumplimiento de los compromisos.
Enseguida, la diputada Mirza Flores Gómez (MC) se pronunció a favor de la proposición dado que es una emergencia que debe atenderse debidamente, y se informe de manera precisa sobre la condición actual del río Sonora. “No es asunto menor explicar en qué condiciones se encuentra el agua de ese río, y por qué sólo se usó 60 por ciento del dinero para saneamiento del agua”.
Informó que en el municipio de San Felipe de Jesús más de 70 por ciento de los niños tienen altos índices de plomo en la sangre por ese derramamiento y cuestionó en qué se basa la Semarnat para decir que la remediación por este derrame ha concluido, pues es un “ecocidio” que afecta la vida diaria de generaciones presentes y futuras, que dejó afectaciones al agua, la agricultura, y toda la ganadería.
La diputada del PVEM, Daniela García Treviño, externó que “existe una grave preocupación de los pobladores de los siete municipios afectados en Sonora, pues se registra contaminación en el agua, e incluso han manifestado que solicitaron intervención de autoridades sanitarias de talla internacional para verificar las condiciones del agua que corre por este río”.
Debe transparentarse la forma en la que se ejercieron los recursos de dicho fondo, que la Semarnat informe sobre las acciones para garantizar la remediación del daño ambiental causado por este derrame.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) apuntó “que el actuar de la Semarnat ha sido pusilánime” y que “la autoridad y la minera han actuado negligentemente e incumplido los compromisos”.
Recordó que en diferentes ocasiones se ha planteado integrar un grupo de diputados que dé seguimiento a las acciones emprendidas para atender a la población afectada y la remediación ambiental. También, solicitado exhortar a la Semarnat a revocar concesiones de agua de Buenavista del Cobre, por el daño causado a la población y al ambiente.
El incumplimiento del Grupo México y su minera está constatado en el informe presentado por la ONU sobre empresas y derechos humanos y a dicha empresa “el problema le salió barato; dos mil millones del fideicomiso son solo una pequeña fracción de las ganancias de esta mina, las cuales rondan en los 4.4 millones de dólares al día”.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez (PRD) externó que este accidente “forma parte del vasto expediente de impunidad e injusticia del México contemporáneo”; su magnitud, daños a la salud de los habitantes y la economía regional, entre otras afectaciones, “no ha ameritado el financiamiento de responsabilidades civiles y penales”.
“La salud y la vida de los pobladores fueron tasadas en 15 mil 350 pesos por familia y el sustento de los productores rurales 10 mil pesos por hectárea, de una tierra que difícilmente podrá volver a ser fértil y productiva”. Dijo que de los dos mil millones de pesos anunciados sólo puede comprobar el empleo de 750 millones.
Del PAN, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa sostuvo que es imprescindible llamar a cuentas a los responsables de manejar los recursos asignados en dicho fideicomiso, ante la falta de transparencia de la Semarnat y frente a las movilizaciones de pobladores que exigen el cumplimiento de los compromisos para reparar integralmente los daños.
Manifestó su voto a favor “porque no solo es defender la transparencia, es defender a una población, a una región, a un ecosistema que exige su remediación y saber si efectivamente los recursos se utilizaron en lo que deberían utilizarse, y si es necesario que sean aplicados mayores recursos”
