La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, con 331 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley de Planeación con el fin de establecer las bases para que el Ejecutivo federal coordine las actividades de planeación de la Administración Pública, así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los órganos constitucionales, autónomos y los gobiernos de las entidades federativas.
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente y sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género.
El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que sea parte. Asimismo, el Ejecutivo federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión, para su aprobación.
El documento señala que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, dará seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de sus programas con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además, la Secretaría de Hacienda publicará la información relacionada con el seguimiento en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se modifican los artículo 1º, fracción III; 14, fracción II; 16, fracción III; 32 y 33 para que los órganos constitucionales autónomos puedan participar, mediante convenios, en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Los cambios a los artículos 2º, 4º, 9º y 21 prevén modificaciones sobre los principios que deben considerarse en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus programas, estableciendo precisiones para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Asimismo, se propone que el Plan deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos 20 años, para lo cual tomará los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.
Se modifica el artículo 16, fracción IV, para establecer la obligación de que las dependencias elaboren los programas sectoriales en congruencia con los especiales que establezca el Ejecutivo. El dictamen adiciona los artículos 21 Ter y 26 Bis a fin de establecer los elementos estratégicos mínimos que deberán contener el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales.
Establece que en el informe sobre el estado general que guarda la Administración Pública Federal, el Presidente de la República haga mención expresa de las acciones y los resultados obtenidos relacionados con la ejecución del Plan.
La reforma deroga la fracción VI del artículo 14 en cual trata de la elaboración de los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector y los respectivos gobiernos estatales.
El documento armoniza las disposiciones de la Ley de Planeación con las relativas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI), dijo que la reforma a la Ley de Planeación se deriva de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre.
Mencionó que la citada ley es un ordenamiento fundamental para que el Estado cumpla el mandato constitucional previsto en la Carta Magna para garantizar que el desarrollo del país sea integral, sustentable y permita, entre otros fines, fortalecer el régimen democrático y fomentar el crecimiento económico.
Consideró que a 35 años de haberse expedido esta ley, se convirtió en un instrumento jurídico anacrónico en relación a los retos que ahora enfrenta el país.
Cristopulos Ríos dijo que la actual Ley de Planeación tiene lagunas jurídicas que obstaculizaron, a lo largo de cinco sexenios desde su entrada en vigor, la uniformidad, congruencia y seguimiento en la planeación nacional del desarrollo.
Por ello, agregó, “es necesario establecer en la Ley de Planeación los elementos mínimos que el plan de desarrollo y sus programas deben contener, para brindar certidumbre jurídica y estabilidad en los criterios que cada administración deberá cumplir en la elaboración, ejecución y seguimiento de los instrumentos de la planeación nacional del desarrollo”.
Nancy López Ruiz, legisladora del partido Encuentro Social, mencionó que con esto el Ejecutivo podrá elaborar planes de desarrollo con miras a largo plazo que fortalezcan la vida democrática en el ámbito político, social y cultural, así como la competitividad y el crecimiento de la economía.
La diputada Angélica Reyes Ávila (NA) reconoció que es una reforma de fondo que puede ser perfectible y marca un camino hacia mejores prácticas de planeación entre los programas, dependencias y el quehacer del Estado en el corto, mediano y largo plazo y cruza los ejes de la transparencia y rendición de cuentas.
“La reforma a la Ley constituye un paso más hacia mejores prácticas en la administración pública federal y por parte de aquellos entes que reciben recursos públicos en el marco del plan nacional de desarrollo”, agregó.
En su oportunidad, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC), mencionó que su bancada está a favor de reactivar este instrumento; sin embargo, dijo estar convencido de que se requiere un mayor consenso y otro mecanismo de diálogo e intercambio para hacer modificaciones de fondo a la ley.
“No se trata de aprobar pesos y contrapesos al gobierno siguiente, se trata de recuperar el papel activo de la planeación por el bien de todos los mexicanos, no solamente de unos cuantos”.
Por el PVEM, Uberly López Roblero (PVEM), puntualizó que el dictamen representa un avance significativo en cuanto hace a la planeación del desarrollo nacional con acciones como la obligación de evaluarla bajo un enfoque basado en resultados y darle seguimiento a los avances con mayor transparencia.
“Estamos convencidos de que con su aprobación se dan pasos firmes porque se delinean acciones y políticas públicas necesarias para resolver grandes problemas”.
El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) consideró que la reforma forma parte de reglamentar algo establecido en la Constitución, es decir, que la Cámara de Diputados en realidad opine sobre el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no es un proceso propiamente de aprobación, porque “no hay una sanción, no es vinculante la opinión. Entonces, en realidad será un mecanismo de sanción política del Plan, en donde la Cámara opinará sobre el mismo. Será, pues, un proceso democrático”, dijo.
José Antonio Estefan Garfias, legislador del PRD, subrayó que esta reforma faculta al Congreso para que opine y apruebe una Ley de Planeación que se aspira cada día sea mejor porque es perfectible.
Por el grupo parlamentario del PAN, José Teodoro Barraza López opinó que con esta reforma se fortalecen las instituciones de la República y se dejarán atrás las prácticas del dedazo en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, para hacer de su proceso de aprobación una práctica de democrática y deliberativa.
“En Acción Nacional estamos ciertos de que la participación de un mayor número de actores en la deliberación del plan, hará que tengamos una perspectiva común sobre lo que como país tenemos que hacer para nuestro presente y ver por un mejor futuro”, expresó.
La diputada Olga María Esquivel Hernández (PRI), puntualizó que esta reforma representa la oportunidad de actualizar el marco jurídico para que el país cuente con mejores instrumentos de planeación y lograr el nivel de desarrollo y bienestar al que se aspira.
En la discusión en lo general, el diputado Alejandro Armenta Mier (Morena) denunció que los planes de desarrollo “son letra muerta para los gobernantes”, en el ámbito municipal, estatal y federal, quienes lejos de generar políticas de Estado, “derrochan el dinero en ocurrencias y caprichos”, por lo que “esta reforma es un avance frente a los intentos patrimonialistas aristocráticos de los que hacen del dinero público su derroche privado”.
María de la Paz Quiñonez Cornejo, diputada del PRI, señaló que es vital actualizar la Ley de Planeación para que esté acorde a los nuevos tiempos y enfrente los retos que demandan acciones coordinadas entre las naciones, como son la desigualdad, el cambio climático y el vivir en un planeta limpio. “Hoy se amplía la participación de todos en estos temas”.
En la discusión en lo particular, se aprobaron con 267 votos a favor, 53 en contra y 2 abstenciones y en términos del dictamen, los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 21 Ter, 24, 27, 42, 44 y el Cuarto Transitorio que fueron reservados por diversos diputados.
Aprobado en lo general y en lo particular, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
