Inicio Arturo Soto Rafael Murúa: primer periodista asesinado del 2019

Rafael Murúa: primer periodista asesinado del 2019

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Para este día a las cinco de la tarde, colegas periodistas están convocando a una manifestación en la delegación de la PGR, para exigir una investigación exhaustiva y la localización y castigo de los perpetradores del asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez.

El cuerpo del colega fue hallado sin vida en un paraje entre Santa Rosalía y Mulegé, Baja California Sur. Al parecer fue acribillado a balazos.

El crimen de un periodista siempre será una muesca más en las cachas de las pistolas de quienes buscan acallar las voces críticas, y una ominosa amenaza para el resto de quienes abrazamos esta profesión.

El caso de Murúa Manriquez es especialmente doloroso en Sonora, donde tenía grandes afectos, ya que durante algún tiempo laboró en Hermosillo, reporteando y produciendo para la extinta Radio Bemba, una radio comunitaria de la que fue pionero.

Posteriormente regresó a su tierra, donde fundó la radio comunitaria Kashana, que dirigía hasta el momento de su muerte.

Rafael Murúa ya había denunciado amenazas en su contra por parte del alcalde de Mulegé, Felipe Prado y era beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Hoy, tiene el desgraciado y triste honor de inaugurar la lista de periodistas asesinados en México en este 2019, un país donde el año pasado mataron a diez y van más de 140 en los últimos diez años.

II

Para ser lunes, el de ayer fue un día bastante intenso en la agenda comenzando con la sorpresa que nos dieron en la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Resulta que durante los últimos meses, mientras usted y yo y todos estábamos embebidos en la solución de nuestras propias cotidianidades, con una discreción sigilosa se trabajaba a marchas forzadas para equipar con la más alta tecnología y el personal más capacitado, el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense.

La Fiscalía General de Sonora es la primera en todo el país en contar con un centro especializado en disciplinas propias de la investigación científica para la resolución de crímenes: química forense, genética, balística y criminalística, con personal capacitado en Austria, Inglaterra y Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Primero, eficientar y agilizar los procesos de investigación en la persecución del delito, y segundo, garantizar que esos delitos sean resueltos mediante procedimientos científicos que eliminen los márgenes de error o la manipulación de pruebas mediante procesos que antes tardaban hasta seis meses y hoy permitirán tener resultados en 15 días.

Porque la justicia tiene que ser pronta y expedita, pero también confiable.

Ayer fue inaugurado por la gobernadora Claudia Pavlovich este laboratorio en el que se invirtieron 60 millones de pesos y que permitirá ofrecer a la ciudadanía resultados claros y contundentes sobre los delitos y las circunstancias en que se desarrollaron.

Por cierto, este es el compromiso número 78, de los cien que se comprometió a cumplir la gobernadora durante su campaña en 2015, y que ayer fue presentado ante autoridades civiles y militares, así como representantes de la sociedad civil.

Sin duda un paso muy importante en el ámbito de la procuración de justicia.

III

Pero donde las cosas se pusieron calientes y seguramente subirán los grados fue por rumbos del Ayuntamiento de Hermosillo con una nueva escalada por parte de la autoridad municipal para echar atrás el título de concesión con que comenzó a operar la empresa Con Luz Hermosillo y la que aseguran, ha incumplido varias cláusulas relacionadas con la prestación del servicio y mantenimiento, pero también con las especificaciones técnicas para los materiales utilizados.

El asunto no es nuevo ni es menor. De hecho constituyó uno de los temas importantes en la campaña de la hoy alcaldesa Célida López Cárdenas, que desde entonces consideraba la necesidad de revisar términos y condiciones del contrato por suponerlo oneroso y hasta leonino.

Desde hace unas semanas el Ayuntamiento, apelando a una de las cláusulas de ese mismo contrato, ordenó a la empresa suspender el servicio de mantenimiento de luminarias e instalaciones, pero ésta lo ha seguido haciendo, entrando en conflicto con la dirección de Alumbrado Público.

Ayer por la mañana, un grupo de colegas sostuvimos un encuentro con la directora de esa dependencia, Soraida Mesinas, quien reiteró que van por la rescisión del contrato; que están dispuestos a pagar lo que la empresa ha invertido y que cuentan con recursos humanos y materiales para hacerse cargo ellos mismos de la operación del servicio, lo que ya ha comenzado con el mantenimiento.

El costo de ello, sin embargo, representaría unos 850 millones de pesos que evidentemente el Ayuntamiento no está en condiciones de erogar, aunque existe un litigio en proceso para determinar cómo se llevaría a cabo la cancelación del contrato.

La funcionaria explicó que la empresa pretende cobrar 14 millones de pesos mensuales disponiendo de recursos depositados en un fideicomiso creado ex profeso y en el cual los pagos se garantizan con recursos provenientes del impuesto predial, traslado de dominio y el Derecho de Alumbrado Público (que cobra la CFE).

Ellos sabían desde que se firmó el contrato que el Ayuntamiento no estaría en condiciones de pagar los montos exigidos, por ello comprometieron otros ingresos municipales, dijo para ilustrar el carácter leonino del contrato.

Sin embargo, la empresa sostiene que la licitación fue transparente y legal, para la modernización del sistema de alumbrado público, instalando más de 60 mil luminarias LED, así como su operación y mantenimiento por 15 años, garantizando su óptimo funcionamiento y ahorros significativos en el consumo de energía.

Durante tres meses se trabajó en esas condiciones, con financiamiento privado y sin contratar deuda pública, realizando en tiempo y forma la reconversión del sistema de alumbrado público en la ciudad.

Pero el Ayuntamiento ha venido obstaculizando el trabajo de la empresa “sin razones técnicas, financieras ni legales”, sostuvo en un comunicado.

Alude, obviamente a la prohibición por parte del gobierno municipal, de prestar servicio de mantenimiento y hasta de la recepción de llamadas para reportes y quejas, tareas que desde entonces ha reasumido la dirección de Alumbrado Público.

Soraida Mesinas expuso que al entrar esta administración se encontraron un acumulado de mil 600 reportes sin atender, cifra que se ha reducido considerablemente (hasta tener unas 15 diarias) desde que ellos están a cargo.

El litigio evidentemente va para largo, pero el tema ya entró en el carril de la política, al entrar al tema la bancada del PAN, que en voz de su coordinador Gildardo Real manifestó ayer su apoyo a la alcaldesa en su intención de rescindir el contrato.

Llamó también a crear una comisión especial de diputados que investigue el caso, analice el título de concesión y canalice las denuncias necesarias a las instancias correspondientes, para el deslinde de responsabilidades.

Este, señoras y señoras, será un tema en la agenda del actual gobierno municipal, hasta su último día.

IV

Y en la nota tierna del día, nos reportan a la directora del DIF Sonora, Karina Zárate especialmente conmovida y realizada como madre, al recibir a su primogénito, Carlos Javier, un sano y vivaracho pequeño que vendrá a alegrar los días de la pareja que forma con Esteban Vanegas.

Seguro este acontecimiento le recargará las fibras sensibles para echar a andar uno de los programas torales de la actual administración y que tiene que ver con el cuidado de las niñas y los niños sonorenses.

¡Felicidades!

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