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Padrés podría regresar a la cárcel

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Juan Antonio Ortega Luna, abogado de Gisela Peraza confirmó lo planteado en el despacho de ayer, en el sentido de que buscarán revocar la libertad condicional del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, acreditando su peligrosidad social, después de amenazas no tan veladas vertidas por el presunto al abandonar el reclusorio Oriente.

El “Estoy libre, cabrones. Agárrense hijos de la chingada” fue interpretado como una amenaza hacia pudiera considerar enemigos políticos, traidores de su propio grupo y hasta para la ex trabajadora doméstica que, como se sabe fue encarcelada durante cuatro años acusada de un robo que nunca pudo ser comprobado y salió libre por desvanecimiento de pruebas. Incluso el día que iba a abandonar la cárcel en Huatabampo, a Gisela se le “sembraron” drogas para retenerla en el penal, pero la maniobra fue tan burda que se les cayó fácilmente.

De acuerdo con el abogado, quien aseguró haber sido víctima de hostigamiento, persecución y amenazas para que abandonaran el caso que defendía junto a su padre recientemente fallecido, buscarán acreditar ante el juez que conoce de la causa, conductas antisociales que ponen en peligro la integridad y la vida de Gisela y de quienes están involucrados en su defensa.

Si se configura el delito de amenazas, implicaría violación a las medidas adoptadas para su liberación y se podría revocar el auto que le dio la libertad condicional, pero además, Juan Antonio Ortega explicó que ya hay expedientes consignados en la Fiscalía estatal y no hay motivos para retrasar más la liberación de órdenes de aprehensión, no sólo contra Padrés Elías, sino también contra el ex diputado federal Agustín Rodríguez, sobre quien pesan denuncias por privación ilegal de la libertad y tortura, entre otros, por el mismo caso de Gisela Peraza.

También en este caso están involucrados otros dos ex funcionarios: Ernesto Fernández Portillo (ex jefe de escoltas de Padrés) y Víctor Bonillas (aún funcionario de la fiscalía estatal.

El fiscal anticorrupción en Sonora, Odracir Espinoza confirmó que el ex gobernador tiene expedientes abiertos en Sonora, y aunque se reservó revelar los delitos por los que se le acusa, dijo que se están terminando de integrar para consignarlos ante el juez.

El ex gobernador pues, no las tiene todas consigo y al cúmulo de problemas que seguramente enfrentará en los juicios que siguen pesando en su contra por lavado de dinero y defraudación fiscal, se le suma la continuidad de otros procesos y ahora, la probable revocación de su libertad condicional.

Esto último, por lo que podría ser considerado un exceso, una baladronada quizá motivada por la euforia de haber recuperado su libertad aunque sea de forma condicionada. Un error que podría salirle muy caro, y eso que dicha libertad no fue muy barata que digamos, pues sus amigos -se dice-, hicieron una “vaquita” de bienes para garantizar una fianza de cien millones de pesos.

La defensa de Gisela Peraza sostiene que sus temores son fundados y no producto de la paranoia, pues saben bien a qué se enfrentaron durante esos cuatro años que duró presa, y los días previos a su encierro.

Esta historia continuará.

II

Y lo que va a continuar también es la complicada, larga y costosa lucha contra la corrupción, que inició desde el primer día del gobierno de Claudia Pavlovich al anunciar la creación de la Fiscalía Especial y nombrar al frente de la Contraloría estatal a Miguel Ángel Murillo Aispuro, un hombre que ha traído cortitos a los funcionarios actuales.

Sonora, dijo en su discurso de toma de protesta, no volverá a ser tierra fértil para quienes usaron el dinero público para amasar cuantiosas fortunas (…) para quienes abusaron de la confianza de los sonorenses y en lugar de servir, se sirvieron con la cuchara grande. Si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó, que lo piense dos veces.

Eso fue el 15 de septiembre. Para el día 28 se anunciaba la creación de la FAS y un mes después, el ex tesorero Mario Cuen fue el primero en declarar ante ella. Para el 2 de febrero del año siguiente el ex secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón es detenido por delitos de extorsión y duró encarcelado casi un año.

En mayo de 2018 la FAS asegura el rancho que el ex gobernador tiene en San Pedro el Saucito, una lujosa y equipada propiedad que los sonorenses recordamos bien por sus caballerizas refrigeradas, albercas para entrenamiento de equinos y sala de maternidad para yeguas finas.

También detuvieron a Francisco Ávila Quiroga, ex coordinador de auditoría fiscal que operó un “perdón” de impuestos a empresarios afines, por al menos 705 millones de pesos. Luego cayó el secretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani y el 10 de noviembre de 2016, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Guillermo Padrés Elías.

Entre otros, han sido detenidos Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda, Roberto Romero López y su esposa Mónica Paola Robles; Francisco Monge Araiza, Ernesto Fernández Portillo y Bernardo Campillo, así como el empresario favorito del padrecismo, Mario Humberto Aguirre, entre otros.

Como suele decirse, a todos ellos los aprehendieron bajo acusaciones de corrupción, no de tontos, de manera que mediante fuertes sumas de dinero para pagar costosísimos despachos de abogados, así como fianzas millonarias y en algunos casos, devolución de montos significativos la mayoría de ellos se encuentran enfrentando sus procesos en libertad.

De la misma forma como la libertad condicional de Guillermo Padrés despertó la inconformidad ciudadana (y la euforia de sus cercanos, hay que decirlo), el que la mayoría anden libres ha despertado críticas hacia la FAS y la PGR, que no han podido combatir la lluvia de amparos que los jueces les han concedido.

III

Reportan reacciones fuertes al interior del ayuntamiento de Hermosillo tras las revelaciones de ayer en el sentido de una ruptura entre las cabezas de los grupos que integraron la coalición Juntos haremos historia, particularmente entre los “morenistas químicamente puros” y el grupo que encabeza la alcaldesa Célida López Cárdenas.

La propia filtración de una conversación en un grupo de whatsapp que anónimamente hicieron llegar a esta redacción habla del tamaño del conflicto, que pudiera crecer si las partes no se sientan a concertar y lograr acuerdos.

El asunto es serio porque el gobierno municipal requiere de la unidad y el consenso entre sus integrantes; lo opuesto los haría entrar en una dinámica de confrontaciones internas que a la postre se traduzcan en un desastre. Cuando esto ha sucedido en otras administraciones, los malos resultados los sufre, adivinó usted, el ciudadano como usted y como yo, más común que corriente.

Apenas tienen cinco meses en el gobierno. Aún es tiempo de conciliar.

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