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Fin a rumores

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Cierto que debe ser halagüeño el que se le mencione para empresas políticas de orden nacional, pero más allá de satisfacciones y retos de ese tipo, la gobernadora Claudia Pavlovich confirmó, que en sus planes no está el asumir tareas partidistas y que su ejercicio para el cual fue electa lo cumplirá hasta el último día de su mandato.

Ya lo habíamos referido en los anteriores Entretelones y la verdad es que resulta gratificante el que la mandataria haya puesto todos los puntos sobre las íes y atajado de plano versiones y rumores, que sabe con qué propósitos fueron desparramados, perfilándola para ir como compañera de fórmula de José Narro Robles en el proceso de definición de la nueva dirigencia nacional del PRI.

Ella es mujer de retos y el mayor reto es seguir en la conducción de Sonora, que como se sabe, desde el mismo arranque de su administración fue bajo condiciones muy difíciles, y ya cuando el barco estaba más o menos enderezado, ya están encima otros más complicados, como lo es la rasurada presupuestal histórica que perpetró la cuarta transformación, que reduce en miles de millones de pesos el gasto para construir infraestructura de beneficio comunitario. 

“Yo fui electa seis años, yo les he dicho que me voy a partir el alma por los sonorenses, lo he cumplido, he pasado épocas muy complicadas como las de ahorita, donde no tenemos recursos, donde ya nos quitaron el Fondo Minero, es decir, tenemos dos mil 700 millones menos sonora para trabajar”, dijo en entrevista, en donde también subrayó que lo más importante para ella es cumplirles a los sonorenses.

Ernesto de Lucas

Y san se acabó de forma definitiva tal rumorología, sin que prevalezca ningún riesgo de reconsideración toda vez que tal decisión personalísima no pudiera ser cambiada, como hubiera ocurrido de haber alguna autoridad política superior, como por ejemplo un presidente del PRI o sea tenemos gobernadora hasta el 12 de septiembre del 2021, con el favor de Dios.

Por cierto, categórico el posicionamiento que al respecto externó el líder estatal del PRI, Ernesto de Lucas, al desglosar los motivos por los que la gobernadora tiene la atención nacional, al recolocar a Sonora como entidad señera para el resto de los estados del país, en materia educativa, salud, transparencia, rendición de cuentas y generación de empleos, para en resumen hacer un gobierno donde las cosas buenas suceden en beneficio de la gente y por ello, qué bueno que atajó rumores.

La gobernadora hizo las precisiones citadas en el foro que se llevó a cabo en Hermosillo, en el marco del proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual fue presidido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, quien la verdad su mensaje solo fue uno plagado de lugares comunes de los tantos que se escuchan de la clase política, sin que sepamos si su presencia fue aprovechada por los liderazgos agropecuarios que atendieron la convocatoria, para entrarle a temas que tienen en la incertidumbre al campo sonorense.

Por lo demás, hubo carnita en la sesión de la LXII Legislatura del Estado de Sonora celebrada este jueves, ya que fue presentada una iniciativa de reforma y de adiciones a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que con su aprobación, restituiría las facultades fiscalizadoras del Congreso del Estado, luego que su órgano técnico, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización fue convertido por rango de ley, en un ente autónomo de ese y de los otros poderes del estado.

Luis Armando Colosio con Oscar López Vucovich

En la exposición de motivos se desglosan las diferentes consideraciones respecto a la necesidad de instalar un Comité Rector del Sistema Estatal de Control y Fiscalización, que dependiente del Sistema Estatal Anticorrupción, sería presidido por un representante de la legislatura e integrado por el ISAF, la Secretaría de la Contraloría General del Estado, del Comité de Participación Ciudadana.

Los argumentos del promovente, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz lucen congruentes, aunque desde nuestro punto de vista, la inclusión de intereses partidistas en cuestiones tan técnicas como lo son la auditoría, fiscalización y demás, podrían politizarse y con ello enredarse.

La propuesta fue enviada a comisiones para su dictamen, que por su regular calado, seguramente será sujeta a minucioso análisis en coordinación con el Ejecutivo del Estado, destacando en buena medida, el toque expositivo que distingue a Marco Antonio Andrade Aguirre, asesor en esos asuntos del diputado de MORENA y nativo de Magdalena.

Por cierto, en la misma sesión, fueron aprobadas las renuncias de aquellos, que disfrazados de ciudadanos sin intereses político-partidistas, formaron parte de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana y que desde hace meses se desenmascararon y se sumaron al oficialismo.

Guillermo Noriega Esparza

Bueno, no todos se sumaron a las estructuras del oficialismo morenista como son los casos de Alvaro Bracamonte, asesor plenipotenciario de la bancada del partido que ahora postula el presidencialismo, y Guillermo Noriega Esparza, flamante delegado federal del IMSS en Sonora, ya que Leticia Cuesta Madrigal no aparece en dichos beneficios luego de su fallida candidatura al senado de la república en el marco de aquella extraña alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El caso es que por fin fueron formalizadas y aceptadas sus renuncias, previéndose que en el curso del mes de abril se abran los procesos de selección para nombrar a quienes ocupen esos vacíos en el órgano que preside Andrade Aguirre, sin que tengamos idea si su condición de asesor de un diputado, por ahora, entra en conflicto con la citada responsabilidad.

Mención aparte merece el ejercicio que realiza Colosio Muñoz, ya que todo indica que ya con asesores como el citado y el exfiscal Rodolfo Montes de Oca, estaría por sumar a nada menos que Oscar López Vucovich, quien como se sabe es una chucha cuerera en asuntos legislativos, jurídicos y políticos, por su trayectoria en el servicio público como contralor, Secretario de Gobierno, diputado local y titular de un despacho con presencia nacional e incluso internacional. 

En fin, a ojo de buen cubero luce congruente la propuesta para restituir facultades fiscalizadoras al Congreso del Estado, aunque podría darse el caso de que tal facultad fiscalizadora no tenga que ser restituida, toda vez que el legislativo tiene funciones de mucho peso y definitivas en el proceso de calificación de las cuentas públicas del Estado y de los Ayuntamientos.

Santiago Luna

A propósito de chambas federales en la entidad, vaya el atascadero que reportan particularmente del feudo donde las manda cantar el super delegado Jorge Taddei Bringas, resultando increíble el trato déspota y arrogante que su alteza serenísima da, junto su subdelegado Oscar Ramos Montiel, a trabajadores y empleados, quienes ofrecen una visión patronal y abusiva de la cuarta transformación.

Para mayores señas, este Ramos Montiel es compadre de nuestro compa Santiago Luna, recientemente desalojado de la tesorería del Ayuntamiento de Guaymas y ahora delegado federal de la Profepa, no faltando quienes les adjudiquen las principales responsabilidades que llevaron a la destitución de Sara Valle como presidenta municipal de Guaymas en aquellos aciagos días de 1998.

Mientras tanto, impecable e implacable Tadeo Iruretagoyena Tirado al hacer pedazos la alocada solicitud de juicio político que promueve el ayuntamiento en su contra y en contra del exalcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.

En primer lugar la solicitud radicada en el Congreso del Estado y ratificada el pasado miércoles, resulta extemporánea, toda vez que de acuerdo a la constitución, dicho procedimiento deberá iniciarse durante el ejercicio del encargo o dentro del año siguiente de la conclusión de funciones, que como todos saben, “El Maloro” se separó de la presidencia municipal el 26 de enero del 2018.

Pero desde nuestra perspectiva, lo más determinante para la improcedencia de la cortina de humo que tiende la comuna capitalina, es la precisión que realiza quien fuera el tesorero durante la gestión malorista: se le está pretendiendo “enjuiciar” por la falta de solventación de un recurso que no se ejerció en su periodo de gobierno, al tratarse de observaciones a un recurso federal proveniente del Ramo 23 por un monto de seis millones 838 mil 497 pesos, que fueron ejercidos en 2015, pero no en el último trimestre de ese año, sino por la administración encabezada por Alejandro López Caballero.

Tadeo Iruretagoyena Tirado

E incluso, con esta promoción contra su antecesor, la alcaldesa Célida López podría estar escupiendo para arriba, ya que en todo caso no ejerció sus facultades y fue omisa al requerimiento de solventación, que con fecha del 9 de octubre del 2018, le fue girada por Gustavo Rodríguez Lozano, Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, mediante oficio 05.06-1633/2018, pecando de ignorante al no darse cuenta de que se trataba de cuentas mochas no de “El Maloro”, si no de su excompañero de partido.

Y el exfuncionario municipal resume muy bien su alegato que a todas luces lleva dedicatoria a la Comisión que dictaminará ese asunto:

1.- Es extemporánea la petición.

2.- No hubo daño patrimonial o perjuicio grave al municipio por parte de los denunciados, ya que no fue en su administración cuando se ejerció ese recurso.

3.- Los motivos que originaron la presente denuncia estuvieron en tiempo de solventarse por el Gobierno Municipal actual y no se hizo, por tal motivo, no se puede acusar de omisión de carácter grave a los denunciados.

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