Inicio Arturo Soto ¡Al diablo las instituciones! ¡El pueblo manda!

¡Al diablo las instituciones! ¡El pueblo manda!

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Podrá usted, escéptica lectora, alborotado lector, estar o no de acuerdo en que el informe que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio en el Zócalo capitalino tiene cualquier objetivo, menos el de informar, una tarea que el presidente viene haciendo diariamente desde que tomó las riendas del país, a través de sus mañaneras, cuyas reverberaciones mediáticas permanecen todo el día en la agenda pública.

El ambiente que le resulta más natural, el que domina con singular destreza y ha sido fundamental en la construcción de la base social en la que fincó la legitimidad de las urnas, es la plaza pública. La concentración masiva, la arenga que anatemiza, condena y reivindica. La que parte en dos la realidad y la pinta de blanco y negro, la divide entre una lucha de ángeles y demonios, de buenos y malos.

Los resultados han sido excelentes para su causa, y no de ahora. Ni siquiera desde la campaña electoral, sino desde mucho antes, desde aquellos días en que mandó al diablo las instituciones y se arropó en el pueblo para evitar el desafuero que promovió el entonces presidente Vicente Fox, y que dicho sea de paso, le ayudó mucho a López Obrador a consolidar ese liderazgo.

Lo vimos el día de su toma de protesta, entre rituales indígenas, limpias, incienso y copal. 

Lo hemos visto en repetidas ocasiones, sometiendo a consulta diversos programas o acciones de gobierno que convenientemente induce para obtener una votación a mano alzada que siempre le favorece.

Lo vimos coreando y arengando el ¡No estás sola! Para Claudia Sheinbaum.

Lo vimos apenas ayer, en Durango, donde sometió a votación el proyecto de Metrobus de La Laguna, que tendría una inversión ya autorizada de 450 millones de pesos y que canceló allí mismo, decidiendo que esos recursos se destinaran a obras de agua potable.

El pueblo manda.

Y esa premisa, con ser muy vendible y políticamente redituable, no deja de poner en entredicho la viabilidad de las instituciones, imperfectas y corroídas en diverso grado por la corrupción, ciertamente, pero instituciones al fin, que sustentan la gobernabilidad en el país. Si no es así, entonces lo que parece viable es la demolición de las mismas y la instauración de la democracia a mano alzada origen y destino de todas las políticas públicas.

No es casual que un personaje tan folclórico como Félix Salgado Macedonio, senador, por cierto, se haya pronunciado recientemente por suprimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento son los altos sueldos de los ministros, pero el fondo es otro.

Fue la SCJN la que ordenó detener los trabajos en el aeropuerto de Santa Lucía en tanto no se aprueben los estudios de impacto ambiental; la que ordenó dejar como está el NAIM en Texcoco, que estaba a punto de ser inundado para reaparecer el lago que dejaría bajo sus aguas obras por miles de millones de pesos.

La SCJN parece ser el último reducto de la autonomía de los poderes del Estado, pero basta situarla del lado de la corrupción para descalificarla y proponer su desaparición. El poder legislativo federal no tiene tanto problema; allí el presidente tiene una mayoría que sólo en casos excepcionales le ha presentado oposición.

El INE aparece como otro de los objetivos entre las instituciones que hay que mandar al diablo, y no se diga los Organismos Públicos Locales Electorales, que ya remojan sus barbas frente a una iniciativa de ley para desaparecerlos.

Imaginemos entonces el Zócalo a reventar el próximo 1 de julio. Imaginemos al presidente arengando al pueblo contra conservadores y fifís que le dificultan las tareas de gobernabilidad. Imaginemos que allí mismo consulta al pueblo sobre la conveniencia de suprimir a la SCJN porque está llena de corruptos del pasado. Imaginemos la respuesta.

Las consecuencias, esas sí no podemos imaginarlas todavía.

En descargo, hay que decir que al presidente no le falta razón cuando alude a personajes del pasado, torvos y corruptísimos que sistemáticamente promueven el desencanto y le apuestan al fracaso del nuevo gobierno. 

Pero pensar que todos los que mantienen posiciones críticas hacia su gobierno caben en el mismo costal, es sólo una simplificación más de la realidad, que el presidente quiere resolver en votaciones a mano alzada. 

El “Informe” del próximo 1 de julio tiene además la carga simbólica del primer aniversario del triunfo electoral, un estimulante natural para una gran masa en la que caben algunos ex críticos del presidencialismo que hoy postean con singular devoción las fotos en las que aparece gente besando la mano del presidente.

Veamos qué pasa.

II

Como advertimos en el más reciente despacho, el tema de la Unión Ganadera volverá a marcar agenda en estos días.

Ahora resulta que el abogado general de SADER, Francisco Conzuelo fue al baile y no recuerda el son que le tocaron y ahora llega con un resolutivo que en realidad, no resuelve nada, aunque pretende tumbar todos los sombreros en la organización de rancheros sonorenses.

El abogado dio seguimiento a una impugnación de tres asociaciones locales contra la convocatoria para la asamblea donde fue reelecto Héctor Platt y la nueva mesa directiva.

Pero ni el funcionario federal ni sus seguidores encabezados por Daniel Baranzini cuestionan de fondo el proceso electoral. 

Respingan porque a la convocatoria le faltaron dos o tres firmas y de allí se agarraron para la impugnación que busca favorecer a Baranzini, cuyos principales apoyos vienen de Morena, aunque también de otros personajes identificados con el panismo y hasta algunos ex priistas del sur del estado.

La anulación de la elección que plantea el resolutivo presentado por Conzuelo se finca básicamente en la convocatoria, pero de acuerdo al secretario de la UGRS; Rubén Molina Molina “se agarraron de un chorro de agua” porque de entrada, el representante de SADER sólo puede firmar resolutivos para actos administrativos entre entidades públicas, pero no entre particulares, como es el caso de la UGRS.

Siendo así, desde esa organización prevén que le van a volver a tumbar la impugnación y este pleito podría irse a tiempos extra, así que vayan por más palomitas, algo que también deberían hacer algunos personajes interesados en emplumados negocios desde el Senado. 

Por lo pronto conviene un par de reflexiones.

La primera es que Conzuelo y los baranzinistas validaron con su presencia la legalidad de la asambles; la otra es que de las tres asociaciones que impugnaron la convocatoria, dos asistieron también: los representantes de las asociaciones locales de Llano y Oquitoa estuvieron presentes y votaron, uno por Baranzini, otro por Platt.

Con eso se cae el argumento de que no fueron convocados o que la convocatoria estuvo mal.

La tercera asociación local es la de Pitiquito, que preside Abraham Mier Nogales, mejor conocido como “El Cubano”, de fuertes ligas con el abogado de SADER, con quien se fue a compartir viandas al Thai, al término de la asamblea.

Si usted piensa que allí armaron la impugnación, es posible que esté en lo cierto.

Como sea, lo previsible es que esta saga tendrá más secuelas que Rocky, así que vayan tomando sus localidades y amarrando los becerros, chivas gansos y gallinas porque esto no se acaba hasta que se acaba.

III

¿Qué clase de demonios deben andar sueltos para que en la otrora pacífica y rielera ciudad de Empalme, unos jóvenes ametrallen a una señora que les reclamaba haber asesinado a su hijo, en hechos suscitados en el mismísimo cortejo fúnebre del occiso?

Con ser cierto, el lugar común en el sentido de que la responsabilidad de atender la seguridad pública corresponde a los tres niveles de gobierno ya resulta insuficiente frente a la multiplicación de hechos violentos en los municipios, que por cierto son los que cuentan con la mayor cantidad de elementos policiacos que a su vez son quienes conocen mejor el mapa delincuencial de sus localidades.

Los agentes estatales, federales y del Ejército son los menos y mientras se deciden los términos en que deberá operar la Guardia Nacional, son los ayuntamientos quienes deben relanzar sus políticas de prevención.

En esa lógica, al menos en Hermosillo y en Cajeme, ya se empiezan a poner las pilas.

En la capital, este lunes será presentado el programa de prevención de la violencia familiar y de género, en un evento que encabezará la alcaldesa Célida López y el comisario Luis Alberto Campa Lastra.

En Ciudad Obregón, el alcalde Sergio Pablo Mariscal anunció la intensificación del trabajo coordinado y la implementación de diversas estrategias que combinen el uso de la fuerza pública con las tareas de inteligencia para recuperar la tranquilidad en aquella población, hoy por hoy el principal foco rojo en materia de delitos de alto impacto.

Me pregunto qué están haciendo en Empalme y Guaymas, donde anoche un comando armado entró al hospital general para rematar a uno de los hombres que resultó herido en el ataque contra la señora en el funeral que citábamos líneas arriba. 

Hasta el filo de la media noche, fuentes locales citaban enfrentamientos armados en las inmediaciones de ese hospital. 

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