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Día de campo en el Congreso

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Si no fuera porque el tema de la seguridad pública se convirtió de unos meses a la fecha en un foco rojo, podría decirse que la comparecencia del secretario del Ramo, David Anaya Cooley fue un día de campo, en el que terminó perfilando una agenda de reuniones con los diputados, para acordar montos y rubros etiquetados en el próximo presupuesto estatal, que definitivamente requiere un incremento.

Y no es que el secretario de Seguridad sea un súper héroe o cosa parecida, aunque iba bien preparado para defender sus puntos; pero francamente no tuvo enfrente quién lo despeinara.

El caso de los diputados de la malograda coalición Juntos haremos historia sigue siendo materia para documentar el pesimismo. A nueve meses de haber asumido sus funciones, la impreparación y sus serias limitaciones hasta para leer las tarjetas que le escriben sus asesores sigue siendo la constante.

Griselda Soto y Leticia Calderón, de Morena, y el Siri Salido por el PT desperdiciaron una magnífica oportunidad para quedarse callados y no pasar la pena de balbucear lecturas evidentemente incomprensibles para sus alcances. Titubeantes, erráticos, imprecisos, casi agotan un tercio de su gestión y no han superado el pánico escénico que los condena a seguir apareciendo penosamente en toda su zafiedad.

El único que abrió fuego y conectó buenos golpes fue el panista Eduardo Urbina, que citó cifras del semáforo delictivo mostrando el incremento en varios delitos, retomó el sentir ciudadano en los municipios más conflictivos donde el miedo ha llegado a las comunidades, defendió el punto de que es el Ejecutivo quien propone el presupuesto y conminó al secretario a acudir con más frecuencia al Congreso.

Anaya Cooley aguantó la andanada y reviró con calma explicando las múltiples causas de la escalada violenta de los últimos meses, incluyendo entre ellas hasta el involucramiento de mandos policiacos con el crimen organizado, desde la pasada administración estatal. En el área del público, el ex secretario Ernesto Munro Palacio debió sentir fuerte la pedrada.

Pero no paró ahí la cosa. David Anaya reviró que ya se cuenta con un plan estratégico de seguridad elaborado desde 2018 y que les llevó más de seis meses detallar, en el que aparecen todos y cada uno de los rubros en los que se requiere incrementar y reorientar el presupuesto. Tomándole la palabra, aceptó acudir con los diputados cuantas veces sea necesario para que estén informados de este plan y le ayuden a conseguir esos recursos.

Con más tablas y elocuencia, María Dolores del Río (MC) y Fermín Trujillo (PANAL) tuvieron las participaciones más documentadas y propositivas, sin demérito del sentido crítico para una situación que no admite otro tono.

Al final, lo más rescatable fue el acuerdo para abrir la agenda de encuentros encaminados a acordar criterios para fortalecer las finanzas de la secretaría, con la seguridad de que esos recursos no serán mal empleados, pues aseguró el secretario, por segundo año consecutivo la Auditoría Superior de la Federación tuvo cero observaciones a su cuenta pública. 

Luego tocó el turno al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, que desahogó la comparecencia más rápido, pues prácticamente se trataba de un único tema: el de la permanencia de los comisionados del Instituto de Transparencia, a quienes se les venció el plazo para el que fueron electos, desde el mes de diciembre pasado y aún siguen en funciones.

Como se sabe, existe una resolución de la SCJN que reconoce la facultad de la gobernadora para emitir la convocatoria respectiva y un ordenamiento para que los actuales comisionados permanezcan en el cargo hasta que se lleve a cabo ese proceso, aunque el gobierno del estado está esperando el engrose de tal resolución para saber detalladamente cómo debe proceder.

El tema lo trae desde hace rato el diputado Gildardo Real, que a cada rato se refiere a los comisionados como “carnales”, pero se le olvidó, aunque el Potrillo se lo recordó, que tales comisionados fueron puestos allí por la legislatura en la que él participó dos periodos atrás. Ups.

El diputado panista siguió tuiteando duro en su cuenta a propósito de lo que considera un tema en el que el gobierno del estado no ha puesto suficiente atención como es el de la transparencia, pero para su mala suerte, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que Sonora se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en esa materia, con CERO observaciones a su cuenta pública, y esto sucede por segundo año consecutivo.

Ya nomás falta que Gildardo se “apeje” y salga con que tiene otro datos, pero la ASF no es una entidad menor ni mucho menos, patito. De hecho, durante la pasada administración estatal no hubo año (salvo el primero de Guillermo Padrés, y eso porque se fiscalizó el inmediato anterior) en que sus cuentas públicas resultaran limpias. Incluso en el último año de aquel sexenio, las observaciones de la ASF casi llegaron al millar, encontrando daños patrimoniales cuantiosos. Para 2015, último año de Padrés, se acumularon más de 3 mil millones de pesos observados.

A la que reportan con una sonrisa de oreja a oreja es a la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva quien fue la encargada de dar esa información relativa a las cero observaciones de la cuenta pública.

Y otra que anda en las mismas es la alcaldesa Célida López, quien apareció en la lista de los 20 alcaldes y alcaldesas mejor evaluados en el país, ocupando el lugar 18 en un ejercicio realizado por la empresa Massive Caller.

II

Como se esperaba, el AMLO Fest en el zócalo capitalino resultó un éxito de movilización para celebrar el primer aniversario del triunfo electoral que llevó a la coalición Juntos haremos historia a Palacio Nacional, con Morena a la cabeza.

Si como oposición, López Obrador llenaba el Zócalo, era previsible que siendo gobierno, y con un partido como Morena que este año tuvo recursos públicos por mil 628 millones de pesos, un evento como el de ayer, con un costo de 3.5 millones fue cosa fácil, lo mismo que replicarlo en otras ciudades, obviamente con menor boato.

Sus críticos dirán que hubo acarreo masivo, renta de camiones y reparto de tortas y frutsis, pero corren el riesgo de morderse la lengua, pues esas prácticas se encuentran institucionalizadas en México desde los tiempos del PRI como partido casi único, y ya todos las han normalizado.

La secretaría de Seguridad Ciudadana reportó una afluencia de 85 mil asistentes al evento.

El discurso, previsiblemente triunfalista enumeró los logros de estos primeros siete meses como gobierno, destacando los programas sociales, los proyectos de infraestructura, el combate a la corrupción, el programa de austeridad entre otros que suele abordar cada mañana en sus conferencias de prensa.

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