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Víctimas de Grupo México reciben informe de la Semarnat siete años tarde

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Después de siete años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe Preventivo que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores.

Gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe Preventivo que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos que inició sin su consentimiento. Foto: Hector Guerrero

Bacanuchi, Arizpe, Sonora, 6 de julio (Pie de Página).- La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. Este 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el «Informe Preventivo» de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población.

El biólogo Germán González Siqueiros recita a la comunidad de Bacanuchi el informe que Grupo México entregó para abrir la presa de desechos tóxicos de la mina de cobre. Este informe fue redactado en 2012 y aprobado en 2013; el histórico y terrible derrame ocurrió en 2014. La presa de jale opera desde 2015.

La gente, que apenas se recuperaba del derrame de 2014, se enteró del proyecto hace un año y medio porque vio la construcción, y porque Grupo México quitó el camino comunitario a Cananea. Hace un año, la comunidad, apoyada por la Organización Poder, interpuso un amparo que, en septiembre pasado, fue otorgado por la Segunda Sala de la SCJN.

La reunión de este 5 de julio de 2019 es resultado de ese amparo.

Al lado del biólogo se encuentra Dulce María Villarreal, suplente por ausencia del delegado de la Semarnat en Sonora, quien guarda silencio durante todo el evento. Del otro lado se encuentra Cristina Martin, directamente enviada por el nuevo titular de Semarnat, Víctor Toledo. Al frente, un centenar de personas de la comunidad y de poblados también afectados río abajo; hay observadores de derechos humanos, y también dos enviados de Grupo México: un notario y lo que parece ser un guardaespaldas.

El biólogo da el informe con la ayuda de un powerpoint. Este trámite debió haberse realizado por 2012, antes de que Semarnat aprobara el proyecto. Pero se lleva a cabo en 2019, después de que Grupo México obtuvo aprobación, compró ejidos, movió caminos, construyó una presa tan grande que tan sólo la corona es de ocho kilómetros de circunferencia y el muro de 117 metros (a lo lejos recuerda el muro de hielo de Juego de tronos) y le permite albergar el equivalente de 102 millones de pipas con desechos tóxicos. Es decir, unas 51 mil veces el derramado en 2014. Si la presa se reventara, sumergirá por completo Bacanuchi.

El biólogo Germán González lee con voz somnífera el informe que Grupo México entregó en aquel 2012 a la Semarnat, para que se aprobara su proyecto. Según su dicho, el proyecto contempla los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Recalca que las presas de jales (es decir, de desechos y lodos tóxicos) son usadas en todo el mundo. Que el diseño lo hicieron con un software muy moderno. Y que por eso se aprobó.

Los pobladores de Bacanuchi y de comunidades río abajo escuchan, mientras se abanican con revistas o papeles el calor del mediodía bajo la resolana del kiosko. La reunión es lenta; pero pobladores, mujeres amas de casa, hombres de botas y sombrero no quitan la atención: saben que es de vida o muerte, literal.

Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión:

«¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?», pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN.

«Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?», pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: «¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?»

Un hombre lanza: «¿Cómo no revirtieron la autorización, si ustedes la aprueban en 2013 y en 2014 se dio el derrame?»

Óscar Pineda, investigador de Poder, toma la palabra, otorgada por María Elena Bustamante. Se levanta y entrega un sobre color manila con todas las observaciones halladas: los volúmenes del vaso contenedor de la presa de jales que presenta Semarnat no son los mismos que los que han sido conseguidos vía transparencia. Hay discrepancias, de 1 mil 700 millones cúbicos a 2 mil 40 millones cúbicos.

Agrega que no se contemplan normas vinculadas a la salud humana. Tampoco se contempla el impacto acumulado del derrame de 2014, ni de las décadas y siglos de explotación minera.

No es posible hablar de la nueva presa de jales sin mencionar el desastre de 2014. Es imposible, a pesar de que las autoridades piden eso. Juan Flores, un joven originarios de Bacanuchi, explica: lo que más les importa es la salud. Cuando ocurrió el derrame de 2014, las autoridades les prometieron construir un pequeño hospital o clínica para dar seguimiento médico. No solo no construyeron nada, sino que el pequeño centro de salud que tenían ahora está cerrado.

Juan Flores también advierte que hay corrientes de agua donde antes no había. Eso, explica, son ya las filtraciones de la presa. ¿Qué software revisa eso? Porque saben que el agua lleva cadmio, plomo, arsénico y fierro, todo el tiempo.

Héctor Vega, profesor investigador de la Universidad de Sonora, pregunta: «Acaban de decir que la empresa manifestó que se realizarían análisis de agua y aire periódicos para monitorear el medio ambiente. ¿Por qué no presentan ustedes los datos?»

Y más cuestionamientos: en el informe elaborado por la empresa en 2012, se advierte que la presa tendría un fondo protegido contra la filtración de minerales y tóxicos. Pero a nosotros nos consta que no es así. En 2015, que comenzó a operar la presa, no tenía recubrimiento alguno. ¿Por qué no han dado seguimiento? Tampoco tiene pileta de recuperación, como asegura el documento que Grupo México entregó.

Por otro lado, la empresa ha construido 15 pozos alrededor de arroyos que van hacia el norte (es decir, del lado contrario a los escurrimientos). Esos pozos no son para recuperar escurrimientos tóxicos, sino para llevarse el agua limpia, sospechan los pobladores.

Pero Mario Salcedo, ejidatario, es quien mejor explica el sabor de la reunión: «oiga», advierte al biólogo, «de todo lo que dijo, a mí no se me pegó nada», dice, mientras se lleva la mano a la cabeza. «Nada, pero sé de un derecho: el derecho a la vida. Estoy hablando por los niños.» Aquí, remata: «nos están matando».

Cristina Martin es amistosa: recalca todo el tiempo el interés de escuchar, de dialogar. Se compromete a que la Semarnat revise si Grupo México cumplió con todo lo que aseguró que haría para prevenir un nuevo desastre; revisar temas específicos de Salud, agua, y sobre todo, hacer una próxima reunión, esta vez extensa, que incluya a todas las comunidades (esta, al ser mandatada por la Scjn y luego implementada por un juez de distrito tenía limitaciones: solo los 42 firmantes del amparo) tenían voz y voto.

Los que estuvieron en 2014, recuerdan que en aquel entonces la Semarnat no accedió a dialogar con la población. «Se metieron a hablar con los de la mina, los funcionarios, y nada más», «firmaron todo en secreto», recuerda Héctor Vega, académico.

Por Lydiette Carrión / SinEmbargo