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Aprueban Diputados en lo general, dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio

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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, con el objetivo de actualizar y fortalecer esta figura, y contemplarla como un mecanismo de recuperación de activos para el Estado mexicano, a fin de darle mayor eficiencia y solidez.

Serán hechos susceptibles de la extinción de dominio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política: delincuencia organizada; secuestro; delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.

El documento avalado en lo general por 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones en la Sesión del Tercer Periodo Extraordinario, también reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El dictamen precisa que las disposiciones de la ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la extinción de bienes a favor del Estado por conducto del gobierno federal y de las entidades federativas; el procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Asimismo, los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, y los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, su destrucción.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), expresó que dado los fenómenos de inseguridad y violencia en que se ha visto inmerso el país en las últimas décadas, uno de los temas pendientes ha sido el fortalecimiento de los mecanismos que permitan debilitar a los grupos delincuenciales en su flanco más rentable; sus recursos y activos económicos.

La expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y correlativas reformas a otras leyes secundarias, deben tener como fin el instalar un nuevo régimen que permita hacer de la recuperación de activos una política de Estado. “Era necesario generar una reforma que en principio desvinculara la extinción del procedimiento penal”, destacó.

Mencionó que la ley contempla el principio de retrospectividad, que permitirá que la aplicación de la extinción de dominio se realice sobre bienes de origen ilícito sin consideración de temporalidad. “Será una herramienta eficaz para poder recuperar activos relacionados con el crimen organizado y con la comisión delictiva”.

Ortega Martínez precisó que la extinción dentro de la ley representa la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la Ley. Esta merma será declarada por sentencia de una autoridad judicial y no conlleva a una contraprestación ni compensación.

Agregó que será obligación del aparato legislativo vigilar y observar el desempeño de esta figura y si efectivamente se convertirá en la herramienta contra el crimen y la impunidad. “De no ser así, podremos generar los cambios para perfeccionarla, pues la ley contempla un plazo de un año para que se haga una revisión integral. Era un pendiente para el Congreso; demos un paso hacia el combate a la impunidad; la extinción será un aliciente muy importante en esta lucha”.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que el dictamen permitirá al Estado en su conjunto, a la Federación y a las entidades federativas, combatir el fenómeno delincuencial en uno de los aspectos que realmente conducen al debilitamiento del crimen organizado: su economía.

Indicó que la extinción de dominio es una figura que en el plano internacional ha dado buenos resultados, pero que en México, desde su incorporación, no había logrado ser el engranaje que engarce una estrategia que enfrente al hampa con la inteligencia institucional, atendiendo las causas, desmantelando estructuras, quitándoles viabilidad financiera y erradicando la impunidad.

Dicha figura, abundó, es hasta ahora una herramienta subutilizada en la que ya se habían identificado carencias, insuficiencias e imprecisiones. La normatividad permitirá al Estado recuperar bienes y recursos de los que se hizo el hampa mediante delitos que más daño infringen a nuestra sociedad: corrupción, delincuencia organizada, secuestro, huachicoleo, narcotráfico, trata de personas, encubrimiento, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos.

Resaltó que se instaura el Gabinete Social de la Presidencia de la República como la instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales y obtenidos mediante extinción de dominio. Tendrá como función definir y supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales, mediante los cuales se determine la pertinencia de la asignación o transferencia de bienes.

“Hoy dotamos a la nación de una legislación que debe responder de manera efectiva, eficaz y directa a cuestiones de Estado de manera urgente. Estamos dotando de elementos para debilitar contundentemente a los grupos criminales que se han enquistado en México. Lo que se obtuvo generando grandes daños a las víctimas se deberá encauzar a reparar, a construir y a fortalecer a México. Hoy damos un paso definitivo para decirle a la delincuencia: ¡basta!”, añadió.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) señaló que se da un paso más para acabar con los lastres de la corrupción y la impunidad que tanto han lacerado a México. “Se terminó la simulación. Con esta ley apuntalamos desde el Poder Legislativo las acciones que el Ejecutivo federal ha emprendido en materia de justicia, acciones que sin duda abonan a la recuperación de la confianza del pueblo hacia sus gobernantes”.

Puntualizó que a partir de ahora los delincuentes de cuello blanco y de las redes delictivas no conservarán los bienes que acumularon de manera ilícita. “Perderán todos los derechos sin contraprestación ni compensación alguna, y los bienes pasarán al Estado y serán utilizados para restituir a la sociedad parte del bienestar perdido por la comisión de delitos. El usufructo va a destinarse a programas sociales y otras políticas prioritarias, así como a funciones del servicio público en favor de la gente. Nunca para gasto corriente ni para salario de los funcionarios”.

Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN, celebró que se actualicen los ordenamientos jurídicos para hacer que esta figura sea debidamente aplicada. Se unifica la legislación en todo el país, se clarifica la naturaleza autónoma del procedimiento y se establece que la adquisición ilícita de bienes no genera derechos. Además, plantea la oralidad y publicidad del procedimiento de garantía de audiencia y probatoria a los que se ostenten como propietarios de los bienes para que comprueben su legítima procedencia.

Fortalece las obligaciones de transparencia, de la información generada en la materia, considera como susceptibles de extinción los bienes que estén relacionado con actos de corrupción y establece la continuación de la acción contra los herederos, legatarios, causahabientes de aquella persona contra la que se haya iniciado la acción y esta muera. “Estamos comprometidos con la creación de herramientas contundentes para combatir las estructuras financieras de las bandas delictivas para que sea un instrumento operante y funcional”.

Del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, expuso que el objetivo de la ley es loable. “Estamos a favor del combate a la corrupción y en debilitar la estructura patrimonial y financiera del crimen organizado y los criminales, pero nunca a terceros de buena fe y nunca por encima de sus derechos humanos. Estamos a favor de la extinción de dominio y votaremos así en lo general, particularmente en estos días que son los más violentos en la historia del país”.

Se manifestó porque esta herramienta sea utilizada con responsabilidad y no con fines políticos o para causar daños al patrimonio de las personas inocentes o la instauración de un Estado policial. “La minuta tiene lagunas; tenemos preocupación por los alcances y la utilización de esta figura jurídica como instrumento de censura a las voces opositoras al gobierno; que sirvan de caja chica al Ejecutivo y que el Ministerio Público pueda realizar aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva”.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) subrayó que el dictamen tiene por objeto regular, tanto a nivel local y federal, la figura jurídica de extinción de dominio como una herramienta eficaz para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia. Se ejercitará por el órgano técnico de investigación, que es el Ministerio Público, pero a través de un procedimiento civil. “No hay violación a derechos humanos porque prevalece la garantía de audiencia”.

Se obliga a la Fiscalía General de la República a emitir al Senado de la República un informe anual sobre el ejercicio de las facultades que otorga esta ley nacional. Los bienes sujetos a procedimiento de extinción de dominio deberán representar un interés económico para el Estado, por lo que requerirán contar con un valor pecuniario y que sean generadores de beneficios económicos y de utilidad para el país. “Con esta ley se debilitará la delincuencia organizada, su fuente de ingresos y disminuirá el índice delictivo”.

Ana Ruth García Grande, diputada del PT, resaltó que cualquier tarea que lleve como teleología abatir la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad que priva desafortunadamente en el país, debe conjuntar los afanes de todos los legisladores. “A través de una extinción de dominio se podrán reincorporar al patrimonio del Estado todos aquellos bienes que se utilizan para la perpetración de hechos revestidos con características de delito”.

Hoy se garantizan los procedimientos para que la extinción de dominio no violente derechos humanos fundamentales. “Hablamos de procedimientos delineados y de requisitos de procedencia para poder aplicar esta figura”.

Por MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar resaltó que esta ley es un avance para combatir de manera más efectiva, por el Estado mexicano, los actos y hechos ilícitos e ir en contra de los altos niveles de inseguridad y, sobre todo, la corrupción. “Estamos frente a un nuevo procedimiento que se llevará por cuerdas separadas, es decir, con un tribunal de naturaleza civil y especializado en dicha materia; será autónomo de la vía penal, lo que implica una diferencia con lo civil en la individualidad de la punible persecución de los bienes patrimoniales”.

Advirtió que, si esta ley es en contra de aquellos que tienen acumulado gran poder económico por los hechos delictuosos de corrupción, también podrá encaminarse a la gente que tiene menos capacidad económica y pocos recursos para defenderse. Pidió revisar el tema de la indemnización que pudiera surgir de aquellas acciones de extinción de dominio que no obtengan sentencia favorable. “Estamos a favor, pero presentaremos reservas. Queremos perfeccionar la legislación para que le sirva a México para combatir la corrupción y la delincuencia”.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) mencionó que se está ante una ley que baja los requisitos para la autoridad y lesiona gravemente los derechos de propiedad de las y los ciudadanos. “Estamos haciendo una ley excepcional, un instrumento legal que puede ser aplicado a todos y cada uno de nosotros”.

Subrayó que al ser una ley nacional puede ejecutarse en los ámbitos federal y local, y la ampliación del catálogo resulta preocupante. “Su contenido está podrido y envenenado por autoritario y presidencialista; concentra el poder político y económico en el Presidente, y violenta derechos humanos y garantías”.

Marco Antonio Gómez Alcántar, diputado del PVEM, expresó que con este dictamen se le da un golpe contundente a las asociaciones criminales y la corrupción, que tanto han lastimado al país y las cuales no pueden ser vistas como áreas de oportunidad para crear un patrimonio. “Era necesario contar con una ley única de aplicación general que lograra simplificar el procedimiento que le da vida a esta importante figura jurídica”.

El Ministerio Público nunca actuará de forma discrecional y unilateral, lo que asegura el respeto a derechos humanos. La ley establece mecanismos para que terceros de buena fe puedan oponerse a las acciones de extinción de dominio que afecten sus derechos legítimamente adquiridos. Además, se garantiza el precepto de audiencia y la defensa de los implicados y se pone en manos del Poder Judicial la aplicación de la extinción de dominio, con pleno respeto a los derechos de todos.

Al hablar en contra, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) indicó que las personas afectadas serán aquellas que no tengan los recursos para defenderse. “Hablamos de agricultores y ejidatarios que podrán perder sus tierras o viviendas arrendadas que habían sido usadas por el crimen organizado. De personas que pueden convertirse en carne de cañón del crimen, no del verdadero delincuente”.

Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, mencionó que se necesita una Ley que permita eficazmente retirar los bienes a la delincuencia, que no les deje salidas para que se escapen en la vía procesal y no les sean retenidos sus bienes. “Es un dictamen que busca combatir la delincuencia, la inseguridad y que nuestras familias vivan con tranquilidad. Espero seamos perceptivos y mejoremos esta ley”.

Por el PES, el diputado Eudoxio Morales Flores argumentó que esta ley tendrá beneficios que fortalecerán la política social que disminuirá la inseguridad, dará certeza a las instituciones y seguridad a la población. “Nos pronunciamos por el fortalecimiento del Estado de derecho a través de la construcción de mecanismos y procedimientos legales con estándares internacionales que contribuyan a desmantelar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, combatir la inseguridad y abonar el bienestar social de las familias en México”.

El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) se pronunció a favor del dictamen y dijo que combatir la inseguridad significa regresarles el bienestar a millones de familias mexicanas. Señaló como herramienta fundamental para combatir la delincuencia, la recuperación de los bienes y ganancias que se obtuvieron ilegalmente por los delincuentes y regresarle al pueblo, a través de programas sociales, lo que por décadas se les ha negado.

Su compañero de bancada, diputado Luis Enrique Martínez Ventura, mencionó que su grupo parlamentario está a favor del dictamen, ya que una de las demandas de la sociedad mexicana es que se combata la inseguridad. Destacó la creación del Gabinete Social, el cual decidirá la destinación de los inmuebles incautados a los criminales. “Con la aprobación de este dictamen se da cumplimiento a la palabra presidencial de devolver al pueblo lo robado”.

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, dijo que la impunidad y corrupción han sido letales para los mexicanos, y señaló que desde el 2008 se empezaron a trazar los derroteros para hacer posible la debilitación de la delincuencia organizada. Señaló que es un esfuerzo más del Estado mexicano para debilitar la estructura operacional, financiera y patrimonial de los delincuentes.

La diputada de Morena, María Esther Mejía Cruz, puntualizó que con estas modificaciones se precisan las hipótesis jurídicas de los bienes proclives de ser sujetos de extinción de dominio y se señalan expresamente a las autoridades que pueden participar en el procedimiento. “Los efectos de esta ley serán cuidadosamente evaluados y se tomarán las decisiones necesarias para realizar los ajustes que se requieran en el futuro”.

Para la discusión en lo particular los artículos reservados de la Ley Nacional de Extinción de Dominio fueron: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 92, 106, 123, 173, 203, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 237, 238 y 250; el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los artículos 1, 2, 34, 78 y 80 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; los artículos 32 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, de los artículos transitorios: noveno, décimo y décimo segundo.