Seis días duró al frente de la dirección de Inspección y Vigilancia el señor Alejandro Moreno Esquer, de oficio bombero y posición del Partido del Trabajo en el gobierno de Célida López Cárdenas.
La versión oficial es que Moreno Esquer ni siquiera había rendido protesta como nuevo funcionario y que sólo estaba allí para ayudar en el proceso de transición.
Pero hay al menos dos versiones más. Una, que relata un desencuentro con el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Gómez después de que Moreno se ausentara de una reunión importante, aduciendo causa de fuerza mayor (su hija habría sido internada en el Hospital Chávez). Ambos funcionarios se habrían hecho de palabras y de allí surgió el cese.
Y otra, que relata presuntas negociaciones de Moreno Esquer con los dueños de un par de casinos, y varios empresarios “antreros” para el otorgamiento de anuencias municipales. El petista habría sido pillado en la maroma y le cayó la guillotina implacablemente.
En su lugar, se maneja el nombre de Gino Saracco Morales, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Sí, aquel que estuvo a cargo de Luis Felipe Romero López, hermano de Roberto, ambos de tristísima memoria pero de abultadísimas carteras en el sexenio de Guillermo Padrés.
El hecho es que Moreno Esquer no alcanzó a cobrar ni su primera quincena y ya se le comienza a conocer en el mundillo político como “Alejandro el Breve”. También ha trascendido que en el área de Talleres, dependiente de la dirección de Servicios Públicos, han cesado a dos personas recién nombradas en cargos importantes. Esas versiones apuntan a actividades ilícitas, como la sustracción (por no decir robo) de materiales.
Pero este asunto va más allá de lo anecdótico. Tiene que ver con los dilemas que enfrentan los nuevos gobiernos de la coalición “Juntos haremos historia” que encabezó Morena en la pasada justa electoral.
Muchos ubican la intransigencia de Andrés Manuel López Obrador a pactar con otras fuerzas políticas, sindicales, empresariales, durante las campañas de 2006 y 2012, como uno de los factores que contribuyeron a las derrotas.
La campaña de 2018 fue diferente. Andrés Manuel abrió la puerta prácticamente a quien quisiera sumarse y por allí se colaron toda suerte de personajes, varios de dudosa honorabilidad y algunos francamente impresentables.
En Sonora no fue la excepción. De hecho, militantes históricos de la izquierda que se sumaron a la lucha electoral desde el 1988 cardenista, o que han estado en ella desde antes, validaron la coalición con fuerzas ultraconservadoras como el PES (que por cierto en la cámara federal hoy preside la comisión de Cultura y Cinematografía y la de Salud, lo que dará mucho de qué hablar en adelante), o el ingreso masivo de panistas (padrecistas y no tanto), y no pocos priistas (la coordinadora parlamentaria en el Congreso local, Ernestina Castro, por ejemplo, viene de un reciente pasado tricolor).
Y aunque la alcaldesa Célida López realizó un interesante ejercicio de democratización en la designación de cinco de sus principales colaboradores en el gabinete (contraloría, obras públicas, oficialía mayor, tesorería y seguridad pública), desde la izquierda hay varias cejas arqueadas frente a otros nombramientos importantes donde destacan connotados panistas.
Este movimiento se antojaría natural, considerando que la propia alcaldesa viene de las filas panistas y nunca ha negado su profesión de fe padrecista, pero no deja de causar algo más que suspicacias entre la gente que pensaba que por primera vez en la historia, Hermosillo sería gobernado por una fuerza política distinta al PRI o al PAN.
Pero lo que sucede en Hermosillo no es muy diferente a lo que pasa en otros municipios, donde la integración de los gabinetes ha generado polémica y ha puesto en la mesa de discusión el nepotismo de los gobernantes, proscrito en el decálogo de San Andrés, pero que está haciendo mucho ruido en municipios como San Luis Río Colorado, Nogales y ni se diga Guaymas, donde todo parece indicar, en breve rodará la cabeza del tesorero Santiago Luna García.
II
Lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado se enmarca en ese mismo contexto.
El cese de 15 funcionarios por la nueva mayoría legislativa, y la acción de cambiar las chapas de sus oficinas durante el fin de semana, así como impedir el acceso de los cesados mediante el uso de la fuerza pública (policías municipales armados), ha tensado las cuerdas en la sede del Poder Legislativo.
Ciertamente, es una prerrogativa de la presidencia del Congreso, en este caso tutelada por Rosa María Mancha, solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando considere necesario salvaguardar las instalaciones y la integridad de diputados y del personal.
Así lo hizo Rafael Buelna Clark en agosto pasado, cuando los morenistas amenazaron con tomar el Congreso el día que fueron aprobadas las reformas constitucionales y el hecho fue considerado por ellos mismos como un acto de represión, abuso de autoridad y exceso de fuerza. Hoy que es una diputada de Morena quien solicita el auxilio de agentes armados, recuerdan que sí es un recurso legal.
Son, pues, los primeros escarceos de una fuerza emergente más acostumbrada a ser oposición que a ejercer el gobierno, o la función legislativa.
Y en esta última, se han encontrado con el primer ejemplo de que su nueva mayoría no es tan absoluta como pensaban, pues en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la súper comisión conocida por sus siglas como CRICP, no todos están de acuerdo con los procedimientos para reestructurar el aparato administrativo del Congreso.
En rueda de prensa ofrecida al mediodía por la bancada del PAN, Gildardo Real, Alejandra López Noriega y Eduardo Urbina hicieron un llamado a la negociación política para resolver el tema, y según ha trascendido, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PANAL, PES y PT también tienen sus reservas sobre la forma en que se pretende llevar a cabo tal reestructuración.
Y si en la CRICP no cuentan con la mayoría necesaria, el tema no bajará al pleno para la sesión de hoy, abriendo un compás de espera que se antoja largo; un litigio que puede prolongarse más de la cuenta, pero que urge resolver para la operatividad del Poder Legislativo.
Y puede prolongarse porque el uso de la fuerza pública dentro de las instalaciones del Congreso, con agentes armados ya proporcionó elementos a los funcionarios cesados para interponer nuevos recursos legales en ese litigio que de por sí tiene vicios de origen, como la presunción de una firma falsa en el documento que oficializa el despido de dichos funcionarios, algo que involucra al entonces presidente del Congreso, Rafael Buelna.
El inicio de la cuarta transformación, al menos en Sonora, luce más enredado que una sopa Maruchan, aunque eso sí, por material para columnas no vamos a parar.
III
Y bueno, mientras se resuelve la duda sobre si son peras o son manzanas, nos tocó asistir ayer al profundo sur hermosillense, allá donde campea la pobreza y termina la ciudad, para atestiguar la entrega de acciones vivienda a vecinos de la colonia Las Peredas, un asentamiento urbano que nació como invasión de predios y que tiene el origen de su nombre en el apellido de líderes urbanas panistas que iniciaron ese agregado a la mancha urbana en la ciudad.
Franja de pobreza extrema, cartolandia, calles de tierra surcadas como arroyos de las recientes lluvias; casas de cualquier tipo de material de bajo costo: tablajones, láminas, cartones, lonas de campaña electoral.
Desolado paisaje que contrasta con los rostros amables y sonrientes de los beneficiarios de acciones concretas que para algunos no representan mucho, pero para los que nunca han tenido nada lo significan todo: cuartos rosa para abatir el hacinamiento, tinacos, láminas, kits de pintura, impermeabilizante.
283 acciones para beneficiar a mil 471 personas con una inversión de un millón 173 mil pesos en este mes de septiembre, que suman ya 50 cuartos rosas construidos y 34 más en proceso, así como seis unidades básicas de vivienda en las que se han invertido más de cinco millones de pesos en Las Peredas.
Muy activas allí la gobernadora Claudia Pavlovich y la titular de la Comisión de Vivienda del Estado, Elly Sallard, conviviendo con los vecinos y tratando de cambiarle el rostro a esa parte de la ciudad donde la esperanza a veces parece diluirse como el agua que a veces cae a cántaros y a veces no sale de la llave.
IV
Y el otro choque de trenes que se avecina es en el PAN estatal, donde se disputan la dirigencia dos fórmulas: una encabezada por Ernesto Munro Palacio y Agustín Rodríguez (sí, el ex secretario particular de Guillermo Padrés, principal involucrado en el caso de secuestro y tortura a Gisela Peraza); la otra, encabezada por el ya ex dirigente municipal del PAN, Jesús Ramón Díaz Beltrán, llevando como secretario general a Francisco Bueno Ayup.
Este tema da para mucho más, pero el espacio se acaba. Mañana lo abordaremos con más detalle, porque todo parece confirmar que ya se rompió algo entre Guillermo Padrés y Javier Gándara, a no ser que se haya roto desde mucho antes, que todo sea una simulación, o viceversa. Qué nervios.
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