Bavispe fue un pequeño “pueblo de los llamados indios ópatas refundado como pueblo misión por la Compañía de Jesús, fue puesto bajo la protección de San Miguel Arcángel, lugarteniente de Dios, un santo militar que hace falta ahora por estos rumbos”.
El apunte no es mío, sino de la antropóloga investigadora del INAH Sonora, Raquel Padilla Ramos, pero lo retomo porque me parece premonitorio.
Bavispe puede pasar en estos días, de ser la cuna del más sólido precandidato a la gubernatura del estado, a ser la tumba de esa candidatura. No digo que así vaya a ser, sólo creo que puede pasar, si Alfonso Durazo no se encomienda a la espada de ese santo, jefe de las fuerzas celestiales contra los ángeles rebeldes, entre ellos Satanás.
Pero basta de pasajes bíblicos.
En el plano nacional el Episodio Bavispe se mantiene como prioritario en la agenda, aunque no se sabe bien a bien qué acciones concretas se vayan a desarrollar toda vez que, considerado el uso de las armas como un último recurso, lo que aparece como alternativa son las tareas de inteligencia, mismas que hasta el momento han resultado las más brillantes, pero por su ausencia.
Recordemos que el pasado 13 de agosto, Alfonso Durazo estuvo en Guaymas presidiendo una reunión con todos los mandos civiles y militares del estado y la región. Allí se anunció el cambio de mandos en las policías municipales de cinco municipios (Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas y Hermosillo), sustituyéndolos por personal castrense.
Allí dijo: “Los grupos criminales que operan en el estado están plenamente identificados, estamos trabajando en el proceso de judicialización, porque no basta con atacarlos, como sucedió históricamente, en su capacidad operativa, tenemos que combatirlos fundamentalmente en la vertiente financiera que es lo que les da capacidad de operar y corromper, entonces hay inteligencia en el combate financiero e inteligencia en la investigación para judicializar para llevarlos ante la justicia, están plenamente identificados, grupos, subgrupos, afines, diversos y contrarios”.
Han pasado casi tres meses desde entonces y la violencia criminal no cede. Por el contrario, en algunos casos ha escalado hasta llegar al tristísimo episodio Bavispe.
Antes, el 9 de mayo, Andrés Manuel López Obrador sostuvo, en la mañanera de ese día, que Alfonso Durazo “es como mi suplente en la conducción de las tareas de seguridad”. Claro, estaban lejos de imaginar que meses después se registraría el “culiacanazo” y sus secuelas.
Algo debe haber cambiado desde entonces, porque el enviado presidencial a Sonora para tratar el caso Bavispe fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y los de Marina y Defensa Nacional.
El presidente está en una situación complicada, porque no sólo tiene el rancho ardiendo, como se dice coloquialmente, sino que debe enfrentar las presiones de Estados Unidos y la mirada del resto de las naciones del mundo que de pronto descubrieron que en México había un municipio llamado Bavispe, como lo hicieron en enero de este mismo año, 49 días después de su toma de posesión, que había en México un municipio llamado Tlahuelilpan.
Y esa no es la mejor manera de enterar al mundo sobre lo que ocurre en nuestro país.
II
Después de un primer momento de tristeza y desconcierto, de indignación compartida; de rabia y pesadumbre por la masacre de Bavispe, los trabajos de la Comisión Sonora Arizona retomaron su curso normal y, como era de esperarse, la clausura del foro se convirtió en un espacio para el cierre de filas contra la amenaza común: el crimen organizado.
No es para menos. El horrible asesinato de niños y mujeres en la frontera de Sonora con Chihuahua ocupó titulares en buena parte de la prensa mundial y editoriales en varios de los medios más influyentes en Estados Unidos.
La llamada Megarregión, ese espacio geográfico en el que se difumina la frontera México-EEUU para favorecer la integración y el intercambio comercial, cultural, académico y científico, también está en la mira de la delincuencia organizada, que el pasado lunes mostró su rostro más descarnado al masacrar a varios integrantes de la familia LeBarón, de nacionalidad norteamericana.
Es claro que Estados Unidos no sólo comparte la indignación, sino también las responsabilidades como el mercado para las drogas más grande de todo el mundo, y como el principal abastecedor de armamento para los cárteles del narcotráfico que se introduce de manera ilegal a México.
Pero hasta ahora las balas -de fabricación gringa, por cierto-, disparadas por las armas -también de fabricación gringa-, no habían tocado, al menos no en un episodio tan grave como el episodio Bavispe a ciudadanos norteamericanos, bebés, niños y mujeres, subráyese.
Tras pedir un minuto de silencio por las víctimas, el gobernador de Arizona Doug Ducey (republicano como Donald Trump) empató su discurso con el de su presidente y dijo: “como líderes tenemos la opción de correr por cobardía o de confrontar y destruir esta situación; estoy aquí para mandar un mensaje: Arizona ya tomó su decisión, no somos cobardes, no correremos ni toleraremos la muerte de inocentes”.
Los perpetradores de la violencia, dijo, quieren dividirnos, quieren que nos fracturemos, que nos desesperemos, que neguemos nuestro deber sagrado de cuidar a nuestros ciudadanos, nuestras familias, nuestras comunidades, por eso ahora más que nunca, Sonora y Arizona deben mantenerse juntos y fuertes”.
En el mismo sentido, la gobernadora de Sonora apuntó que en ambos estados es más la gente comprometida con hacer el bien, por construir una sociedad plena y de valores, “somos muchos más los que queremos vivir en paz”.
Por la mañana, ambos gobernadores hicieron un recorrido por el C5i, el centro de inteligencia de la secretaría de Seguridad Pública a cargo de David Anaya Cooley, donde acordaron reforzar estrategias conjuntas.
II
Ayer por la tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoriamente improcedente la impugnación del INE a la llamada Ley Bonilla, aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar a cinco años el mandato de un gobernador electo para un periodo de dos años.
Cierto que existen otras siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos actores (el exgobernador Kiko Vega y algunos partidos políticos), pero si por la víspera se saca el día, lo más probable es que la SCJN falle en el mismo sentido.
Con ser un tema local, este asunto tendrá repercusiones nacionales por la cantidad y el rango de los personajes que involucra, entre ellos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que asistió a la toma de protesta de Jaime Bonilla y celebró entre risas su asunción, validándola, aunque luego explicó que no dijo lo que dijo, y que lo dijo porque no sabía que la estaban videograbando.
Pero no es la única. Legisladores y personajes importantes de Morena y sus aliados han manifestado su rechazo a la extensión del mandato argumentando que es inconstitucional y producto de negociaciones oscuras con el ‘prianismo’. Además, que sienta un precedente negativo y contrario a los principios democráticos que dicen inspirar a Morena.
No son pocos los artistas, intelectuales, políticos y ciudadanos de a pie, que han externado su desencanto con el nuevo régimen, a pesar de haber sido enjundiosos activistas de campaña el año pasado.
Cuántos son y qué tanto pesarán en el ánimo del electorado, sólo se sabrá en 2021, pero sobre todo en 2022, cuando se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato presidencial. Vamos por palomitas.
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