Bueno el intento por socializar la información en torno al estado que guarda el título de concesión del alumbrado público, por parte de la alcaldesa Célida López Cárdenas.
Contundentes los datos que hablan de incumplimiento de lo pactado y sobre todo, de la forma en que se comprometen no sólo los recursos del DAP, sino del predial y del impuesto sobre traslado de dominio, para dejar los ingresos municipales como garantía de compromisos ineludibles, al depositarse en un fideicomiso del que puede disponer la concesionaria para cobrarse, como se dice coloquialmente, a lo chino.
Error, insistir en el presunto intento de soborno con 50 millones de pesos del que asegura haber sido objeto, pero sin señalar responsables ni proceder legalmente, pues de facto, ese tema ocupó la agenda mediática y opacó el fondo del problema, abriendo un nuevo debate sobre las eventuales responsabilidades en las que pudiese haber incurrido al no denunciar el hecho ante las instancias correspondientes.
Falta, desde luego, la versión de la empresa sobre los dichos y los datos presentados por la alcaldesa, que finalmente concluyó en lo que ya sabíamos: el Ayuntamiento se prepara para dar una batalla legal que abra una mesa de negociaciones en la que se establezcan términos y condiciones para modificar el contrato, o bien rescindirlo, ambas opciones a cual más de complicadas.
La alcaldesa convocó a periodistas, funcionarios municipales, dirigentes de su partido, regidores, diputados locales y federales, dirigentes de cámaras empresariales y de organizaciones de la sociedad civil para explicarles los motivos y los alcances de la batalla que se han echado a cuestas. Todo en el edificio de Canacintra.
Dura, como suele serlo cuando se lo propone, abundó sobre lo que llamó condiciones leoninas de un contrato que obliga al Ayuntamiento a pagar 16 millones de pesos al mes, recursos que provendrían del Derecho de Alumbrado Público, cuyo remanente, después de pagar a la Comisión Federal de Electricidad es de 5.9 millones de pesos. Es decir, para completar el pago se tendría que echar mano de ingresos propios (predial y traslado de dominio) lo cual dejaría sin recursos obras y servicios a donde deberían orientarse los recursos.
La alcaldesa tiene razón en muchas de sus afirmaciones pero deja dudas en otras.
Afirma que la ciudad no necesitaba la reconversión a un alumbrado público con tecnología LED, pero hay que reconocer la diferencia no sólo en los principales bulevares, sino en colonias enteras donde el servicio era muy deficiente, cuando no de plano inexistente. Eso lo sabe la ciudadanía y lo ha plasmado en diversos medios, sobre todo en redes sociales.
También sostuvo que el ahorro ofrecido por la empresa como uno de los principales atractivos para el contrato, el ahorro de energía (y por lo tanto de dinero), es un mito. Se supone que con esos ahorros, el contrato prácticamente “se pagaría solo”, pero afirmó que la empresa no cumplió con requerimientos de la CFE y por lo tanto no se ha ahorrado un solo peso por ese concepto.
Ni la empresa ni la paraestatal han presentado datos que refuten estas aseveraciones, o que al menos las contrasten.
Como campeona de oratoria que fue en el pasado, la alcaldesa sonó muy convincente al apelar a la solidaridad y la empatía de la sociedad civil para ayudarla en esta lucha por la rescisión del contrato; cuando afirmó que ciertos empresarios (a los que insiste en mantener en el anonimato) sólo buscan enriquecerse a costa del erario municipal, pero que ya se acabaron esos tiempos y en adelante, no tendrá más reuniones con aquellos que buscan acercamientos para evadir impuestos.
Pero en el formato de la exposición, a la hora de interactuar con el auditorio, se vio muy trillado el recurso de utilizar “ciudadanos espontáneos” estratégicamente ubicados en el foro, para externarle su apoyo y animarla a continuar este proceso. Un truco muy viejo y en desuso. Innecesario.
Al final, lo que quedó fue la impresión de que estamos frente a un choque de trenes sobre la vía de la disputa por multimillonarios montos de recursos públicos que la alcaldesa no está dispuesta a seguir erogando a favor de un grupo empresarial ajeno a su entorno cercano.
Pero la batalla no será fácil. Del otro lado están empresas con capacidad para dar la batalla legal hasta donde tope, porque no se están jugando unas cuantas monedas, sino cientos de millones de pesos.
Eso sin contar el carril de la política, por donde también camina este asunto, al entrar al quite dirigentes políticos y diputados que ya están en el proceso de formar una comisión plural para investigar el asunto y llamar a comparecer a los implicados, de la anterior y de la actual administración.
Todo cuenta, pero finalmente este asunto habrá de dirimirse en tribunales, donde se supone que no privan los criterios políticos, sino los jurídicos. Lo demás es fuego de artificio, material para el escándalo, guerra de bots, troleadas inclementes y mucha tinta para el anecdotario.
Pero el camino es largo y en esa ruta se van acumulando inexorablemente, millonarias sumas de dinero que tienen un origen claro (sus impuestos y los míos) pero un destino incierto (concesionarios, despachos jurídicos, funcionarios públicos más lo que se acumule).
II
Sólo como referencia y a reserva de abundar sobre este tema en un próximo despacho, vale recordar un debate similar suscitado hace casi 20 años a propósito de la construcción de una planta desalinizadora de agua que abastecería a Hermosillo desde la Costa.
Fue en el sexenio de Armando López Nogales y a la misma se opuso Francisco Búrquez Valenzuela, entonces alcalde del PAN en Hermosillo. La oposición fue tal, que el gobierno del estado terminó desistiendo del proyecto, pero tuvo que pagar una cantidad exorbitante por el proyecto ejecutivo, a la empresa que estaba trabajando en él.
Estamos hablando del año 2001-2002, cuando el panista albergaba esperanzas de ser candidato a gobernador en 2003, algo que no logró.
Lo que sí consiguió fue dinamitar el proyecto, horadar el presupuesto estatal con una indemnización millonaria a particulares y dejar sin una fuente de abastecimiento a la capital, que derivó luego en la historia del no menos polémico acueducto El Novillo.
Habría que puntualizar, nomás como dato, que el proyecto de la desalinizadora contemplaba una concesión a 15 años, de manera que para estas fechas ya hubiera vencido el plazo y Hermosillo tuviera una fuente permanente y segura de abasto de agua, que además estaría siendo operada por el Ayuntamiento.
Pero el tema fue llevado al terreno de lo político y si los costos económicos fueron altísimos, los sociales fueron peores.
Sólo hago un ejercicio de memoria, esperando que la historia, cambiando lo que haya qué cambiar, no se repita y en el tema del alumbrado público nos quedemos sin el cuadro y sin la estampa. Sin dinero en las arcas municipales y sin el servicio. Dios guarde.
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