En dos años, la oposición no había encontrado una causa común que articulara una escalada de protesta contra un gobierno federal sobrado y muy bien fincado en la legitimidad de los votos, algo que le permite al presidente hasta ciertos desplantes de arrogancia que lo llevan incluso a pitorrearse abiertamente de sus adversarios.
Tlahuelilpan y sus 130 muertos hubiera sido en otros sexenios, una tragedia que levantara la protesta por todo el país. Sucedió cuando López Obrador no cumplía un mes en la presidencia y se diluyó en nada. Ni el culiacanazo, ni la represión a migrantes en la frontera sur, ni los dos paquetes fiscales aprobados en 2018 y 2019, que maniataron a alcaldes y gobernadores fueron suficientes.
Ni las manifestaciones de la -esa sí, ultraderecha- agrupada en el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) han convocado lo necesario para poner en alerta al gobierno.
Chihuahua podría ser el epicentro de ese movimiento que muchos están esperando para enderezar todas sus baterías contra Palacio Nacional. Hay un componente de violencia institucional en este asunto, que podría derivar en desgracias mayores, siempre capitalizables políticamente.
No es extraño ni remoto que existan intereses político-electorales aplicados en la desestabilización, en atizar la violencia y en incendiar la pradera.
Ya hubo dos personas asesinadas por la espalda presuntamente por elementos de la Guardia Nacional.
Anoche, los reportes que llegaban desde la presa La Boquilla era que el Ejército y la Guardia Nacional se aprestaban a recuperar las instalaciones de esa obra hidráulica que, insisto, es considerada de seguridad nacional y por lo tanto debe estar custodiada siempre por la milicia.
Pero los productores agropecuarios, en un número cercano a cinco mil personas desalojaron un día antes a los militares, cerraron las compuertas de la presa y se mantenían en posesión de la misma. Los reportes indican que el Ejército cortó el suministro de energía eléctrica y manos extrañas intentaron incendiar las turbinas.
El asunto es serio porque se están configurando elementos que apuntan hacia un enfrentamiento de militares con civiles y no es improbable un baño de sangre.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral ha tomado el liderazgo en las exigencias de justicia por la muerte de Jaime Torres y Jesy Silva, un matrimonio de productores que regresaba del desalojo de militares en La Boquilla y fueron baleados, según testigos, por elementos de la GN.
Corral Jurado es, a no dudarlo, uno de los liderazgos más fuertes en la llamada Alianza Federalista, un grupo de doce gobernadores que se escindieron de la Conago al considerar entre otras cosas, que esa Confederación dejó de ser una instancia de interlocución válida con el gobierno federal.
En la Alianza Federalista están, además de los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato, los de Querétaro, Francisco Domínguez y de Coahuila, Miguel Riquelme. En ambos estados habrá elecciones para renovar congresos y alcaldías el próximo 18 de octubre.
Todos han acusado el golpe, por tercera ocasión consecutiva, de un paquete económico que en esencia los maltrata fiscalmente y les quita el control de cientos de miles de millones de pesos que hasta antes de 2018 manejaban discrecionalmente. A partir de ese año, la discrecionalidad en el manejo de los recursos federales es facultad exclusiva del gobierno central.
Eso ha generado mucha inconformidad entre los gobernadores de oposición, y en no pocos alcaldes, pero el tema ha comenzado a bajar a los ciudadanos que también advierten cómo la infraestructura de sus ciudades se va deteriorando por la falta de inversión en obra y servicios públicos.
La pradera está seca y el conflicto por el agua en Chihuahua podría ser la chispa que la incendie. Ojalá se imponga la prudencia y la negociación.
II
Una de cal por las que van de arena. La junta de gobierno del Insabi se reunirá dentro de dos semanas y allí estarían aprobando los 213 millones de pesos que faltan para concluir el hospital de especialidades en Hermosillo, pues ya hay instrucciones del presidente de la República para darle trámite a los recursos.
Durante un recorrido de supervisión por las instalaciones del hospital, la gobernadora Claudia Pavlovich se entrevistó virtualmente con el director General del Insabi, Juan Ferrer Aguilar quien le dio esa buena noticia, comprometiéndose además a gestionar ante la SHCP los recursos necesarios para su equipamiento.
El funcionario federal resaltó que el nuevo hospital recibirá al doble de médicos residentes pues funcionará como hospital-escuela, con más especialistas.
Una vez que se transfieran los recursos, explicó por su parte Ricardo Martínez Terrazas, director de SIDUR, se efectuará la licitación para concluir la obra a principios del año próximo, mientras que las áreas de atención y otras complementarias estarán a cargo del gobierno del estado.
III
A la que tampoco le ha ido mal, pese a los vientos adversos de la pandemia y otras vicisitudes es a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas a quien el cabildo le aprobó ayer por unanimidad su segundo informe de gobierno.
El documento habrá de presentarse a la comunidad el próximo 16 de septiembre y básicamente contiene lo realizado en torno a los cuatro ejes rectores de la actual administración: seguridad, austeridad, transformación social e infraestructura sostenible.
Contendrá también un apartado especial sobre el abordaje que se hizo de la parte más crítica de la contingencia.
El panorama para los municipios no ha sido el mejor en estos últimos dos años, sobre todo en materia de recursos presupuestales y aunque Hermosillo, por ser la capital y la ciudad más poblada del estado tiene flujos de recaudación más altos, tiene también muchas más exigencias en materia de servicios públicos.
En medio de la adversidad, hay que reconocer que la alcaldesa ha sabido tender puentes con el palacio de enseguida, y tocar puertas en el ámbito federal y eso le ha permitido invertir por ejemplo 303 millones de pesos en reparación de vialidades; y otros 86 millones en bacheo.
El pasado 10 de marzo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota Montaño entregó 15 patrullas nuevas y equipadas, adquiridas con presupuesto propio del ayuntamiento.
Estaremos pendientes de los detalles de este informe.
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