La saga violenta de ayer en Hermosillo es terrible no sólo por los muertos y la sangre derramada, sino por lo que relata y sobre todo, por lo que augura.
El recuento de los últimos días es espeluznante: un descuartizado en una hielera localizado en la colonia Rinconada de la Cruz; un encostalado en el ejido La Victoria; un ejecutado a sangre fría y a la vista de varios automovilistas en la entrada del exclusivo residencial Los Lagos; un muerto a balazos en la colonia Pitic, otro más, presuntamente involucrado en este crimen, muerto por policías cuando huía rumbo a San Pedro; otro asesinado en Fuentes del Mezquital y dos heridos de bala más ayer por la noche.
Seis muertes violentas (tres de ellas en un solo día, ayer), con las características de los crímenes perpetrados en acciones propias de la delincuencia organizada, en los primeros seis días de la nueva administración municipal en una ciudad donde hasta hace poco ese tipo de delitos de alto impacto eran más bien esporádicos cuando no excepcionales, no puede ser sino una mala señal.
La alusión al relevo en el Ayuntamiento no busca endosar responsabilidades sólo a la nueva administración; es sólo una referencia en tiempo y espacio, porque resulta por lo menos notable, que la escalada de violencia criminal se presente justo cuando hay una especie de laxitud o relajamiento en la cadena de mandos en la Policía Municipal, donde recién fue nombrado como comisario Manuel Enrique Cabanillas, un oficial que ha tenido más experiencia como policía de escritorio.
De hecho, su cargo es interino, en lo que la alcaldesa Célida López decide quién se hará cargo de esa grave responsabilidad. Recordemos que el proceso para concretar este nombramiento fue bastante accidentado: se abrió a una suerte de concurso en el que ciudadanos reconocidos evaluarían currículum y perfiles, pero en el camino, asesinaron en Obregón a Francisco Angulo, un ex comandante estatal que se registró para competir por el cargo.
Un par de prospectos más presentaban antecedentes no del todo claros. El veracruzano Jesús Aiza Kaluf arrastra un largo historial de conductas inapropiadas y vínculos con grupos criminales del sur del país, documentados ampliamente en medios de comunicación, incluido el semanario Proceso.
Y el almirante Marco Antonio Ortega Siu, otro de los mencionados para el cargo, es precisamente el que apareció acompañando a Guillermo Padrés junto a Antonio Lozano Gracia, en su traslado de Radio Fórmula (tras su última entrevista con Ciro Gómez Leyva) al penal donde fue ingresado inicialmente el ex gobernador.
El asunto se complicó sobremanera, al grado que los ciudadanos encargados de evaluar a los prospectos presentaron su renuncia por motivos de seguridad, y para convencerlos de que no lo hicieran, el proceso de selección tuvo que mantenerse bajo reserva.
Luego apareció aquella “narcomanta” advirtiendo que si le abrían espacio a carteles de otros estados, las cosas se pondrían peor que en Obregón, lo cual es mucho decir. Y después comenzó el festín de sangre.
Esta columna no suele abordar estos temas, siempre apegada a los postulados del coach de vida Eulalio González, que siempre aconseja no tenerle miedo a las balas, pero cuidarse mucho de los agujeros que hacen.
Sin embargo, sospecho que la escalada de violencia algo tiene que ver con esa etapa de la transición en el gobierno municipal, donde un poder no termina de irse y el otro no acaba de llegar.
Luego entonces, hoy más que nunca urge dejar de lado los atavismos político-partidistas, y que todos los involucrados en los asuntos de la gobernanza, de los tres niveles de gobierno se sienten a la mesa y acuerden lo que tengan que acordar para abordar el tema de la seguridad pública, que parece estar yéndoseles de las manos.
II
Odio decir “se los dije”, pero desde hace tres días advertí en este espacio que en el Congreso del Estado se preparaba un tijeretazo fuerte en el que rodarían las cabezas de los titulares de área: directores, subdirectores y jefes de departamento. Y que el recorte también alcanzaba a algunos empleados de confianza y otros contratados por honorarios, así como a algunos sindicalizados. También, que el plan de austeridad impactaría algunas áreas, especialmente la de Comunicación Social.
No me equivoqué.
Ayer fueron cesados: José Ángel Barrios, oficial mayor; Alberto Nevárez Grijalva, director de Comunicación Social; Rafael Jaime Mungarro, contralor interno; David Suilo Orozco, director general de Administración; Sylvia Isela Matrecitos Maldonado, subdirectora de proveeduría y servicios generales; Elia Margarita Bustamante Peña, subdirectora de recursos humanos y desarrollo organizacional; Moisés Abraham Navarro Gómez, subdirector de Atención Ciudadana; Mariano Ceceña Zacarías, director general de Normatividad y Procedimientos Administrativos.
También Jesús Antonio Contreras Hermosillo, subdirector de Estudios Legislativos; Ramón Morales Delgado, subdirector de informática; Carlos Felipe Lugo Grijalva, director general Jurídico; Jazmín Paloma Valenzuela Cárdenas, directora general; Noelia Denisse Siqueiros Córdova (¿?); Raúl Rolando Yeomans Macías, subdirector de Apoyo Legislativo y Miguel Ángel Villalba Vázquez, director general de Evaluación y Auditoría.
En la lista, faltan varias personas que trabajaban al lado de los mencionados, como personal “de confianza” y también tendrán que irse. Se supone que el personal sindicalizado no será tocado.
Este tema sería discutido en el pleno ayer, pero al filtrarse la información sobre el asunto, el vicecoordinador de Morena, Martín Matrecitos sólo leyó la parte expositiva, que fue aprobada unánimemente, toda vez que sólo hablaba de generalidades sobre la necesidad de implementar políticas de austeridad y transparencia.
Durante la sesión, el coordinador parlamentario del PRI, Rogelio Díaz Brown presentó una moción de orden por considerar que el tema no había pasado por la CRICP, lo que fue negado por su homóloga de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, quien lo acusó de haber filtrado a los medios las minutas de la súper comisión.
En su defensa, Díaz Brown negó esa acusación y apuntó que los acuerdos de la CRICP son diferentes a los que se plasmaron en la minuta y que si los firmó fue para no obstruir el proceso legislativo, manifestando su desacuerdo con que la publicación de la Gaceta Parlamentaria esté a cargo de personal de informática y un asesor de Morena, y no del director Jurídico.
Lo que en realidad sucedió, es que los funcionarios cesados ayer, arriesgaron una jugada de ajedrez jurídico, aceptaron ser cesados por el entonces presidente de la legislatura, Rafael Buelna Clark, para posteriormente tramitar un amparo, de manera que la siguiente legislatura no podría despedirlos, ya que nadie puede ser procesado por la misma causa.
Con lo que no contaban es que el juez segundo de distrito, Manuel Hiram Rivera les negó la suspensión provisional, algo que al parecer los diputados de Morena ya sabían, porque al término de la sesión, la coordinadora de Morena anunció el cese de los funcionarios enlistados arriba.
Lo cierto también, es que los diputados de Morena y sus aliados ya venían con el machete desenvainado desde que rindieron protesta y lo que sigue, es la integración de un nuevo aparato administrativo en el Congreso, compuesto por sus afines.
Nada nuevo bajo el sol. La misma historia de mayorías ganadas “haiga sido como haiga sido” y de allí para adelante a impulsar el proyecto de la nueva hegemonía, así sea bajo los mismos esquemas y procedimientos que hasta antes del primero de julio resultaban repulsivos.
Y apenas estamos comenzando.
III
Pero bueno, también hay buenas noticias, y una de ellas es que mientras unos ajustan cuentas a balazos y otros se enredan en litigios y las famosísimas “instancias correspondientes”, el ejercicio de gobierno consiste fundamentalmente en dar resultados. En resolver cosas, no en complicarlas.
Catorce almas infantiles que traen casi cuatro mil kilómetros en sus tiernas espaldas, huyendo de lo inimaginable y buscando lo que sueñan; dejando en ese largo camino la inocencia y quizás a sus familias, amistades y compañías sin mejor suerte, llegaron a Sonora.
Nueve niñas y cinco niños entre 12 y 17 años de edad, fueron encontrados en Guaymas, desde su largo viaje desde Centroamérica, por agentes de Migración. Los llevaron al albergue Tin Otoch, recientemente inaugurado en Hermosillo para atender estos casos.
Hace un par de semanas les documentamos la historia de este albergue, que ya está acogiendo a sus primeros huéspedes con el cumplimiento de todos los estándares internacionales para la atención de menores migrantes, y que nació en Sonora gracias a las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich ante organismos como la ONU y la UNICEF, así como organismos de la iniciativa privada nacional y extranjera.
El punto es que el albergue Tin Otoch ya tiene a sus primeros huéspedes, que fueron recibidos por la presidenta del DIF, Margarita Ibarra de Torres; la directora de esa institución, Karina Zárate y le vicecónsul de Guatemala en Tijuana, Henry Giovani Ortiz.
IV
Y bueno, esto es parte de esa proverbial barra de cantina que sitúa a unos y otros de uno y otro lado.
Hacerla de pedo es súper sencillo cuando no se tienen esas responsabilidades. Y cuando se tienen, como gobierno, también es súper sencillo culpar a las administraciones anteriores.
En esa etapa estamos en Sonora, algunos.
Mientras eso pasa, la gobernadora Claudia Pavlovich inauguró el Centro de Investigación Aeroespacial en el ITH, en el que se invirtieron 40 millones de pesos, que son una parte de los 250 millones que el Tecnológico Nacional de México ha invertido en los planteles de Huatabampo, Agua Prieta, Guaymas, Nogales y el Valle del Yaqui.
Y no quiero sonar grillo, pero el evento era importante, y por eso me llamó la atención que la alcaldesa llegara bien tarde, preguntando en qué lugar de las sillas iba ella, y quedándose modosita entre el público. Claro, anda con seis muertos en seis días. Yo también anduviera escamado.
También me puedes seguir en Twitter @chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx
