El momento tiene que llegar, en que ser funcionario público deje de ser visto como un asunto aspiracional, una vía fácil y rápida de ascender en la escala social, cambiar el modo de vida accediendo a cuantiosos recursos, públicos por cierto. Para tirar el piojo, dicho sea coloquialmente.
Las exigencias de transparencia, honestidad y rendición de cuentas al gobierno es un tema que forma parte de la agenda pública con especial intensidad en las últimas dos décadas.
Y los avances que se han obtenido en esa materia han sido producto de la presión ciudadana, más que de la voluntad de los gobernantes, pero así se ha ido mejorando el marco legal, estableciendo candados y sanciones más severas contra actos de corrupción, y diseñando programas para transparentar el ejercicio de gobierno y someter a los servidores públicos al escrutinio ciudadano.
La prueba de que aún falta mucho por hacer es la cantidad de ex funcionarios encarcelados, prófugos o con juicios pendientes, y eso se debe, más que a las lagunas legales en materia de fiscalización y auditoría, a la arraigada cultura del atraco que sustituye a la vocación por la honrada medianía, que debiera inspirar a los servidores públicos.
Falta mucho por hacer, pero lo peor sería no hacer nada. Por ello es plausible lo que se ha venido consiguiendo en Sonora y que en los últimos tres años ha conseguido sacar al estado de la lista de entidades con mayores índices de corrupción, para ponerlo a la cabeza de los estados con menores observaciones a su cuenta pública.
En esas acciones se enmarca el programa presentado ayer por la gobernadora Claudia Pavlovich y el contralor Miguel Ángel Murillo, que básicamente consiste en poner a disposición del público toda la información relacionada con los gastos del gobierno.
Desde licitaciones hasta gastos por viajes de comisión, usted podrá saber a partir de ahora qué hacen los funcionarios con los recursos públicos, accediendo a los portales electrónicos que contienen todos esos datos.
www.comprassonora.gob.mx y www.comisionestransparentes.sonora.gob.mx
Pero insisto: no habrá programa ni plataforma que valga, si no se avanza en la construcción de una verdadera cultura del servicio público que privilegie eso: el servicio a la comunidad, antes que la tentación por el arca abierta, donde hasta los santos pecan.
Y aquí es donde recuerdo una conversación sostenida con el contralor estatal, Miguel Ángel Murillo acerca de las sorpresas que se han llevado varios servidores públicos que entraron al gobierno con la esperanza de tirar el piojo rápidamente, pero se han dado cuenta de que conforme avanzan los protocolos y procedimientos de auditoría, eso resulta cada vez más difícil.
No imposible, desde luego, pues siempre habrá una ganzúa para abrir cada candado que se ponga, pero la tendencia es hacia allá: hacia un ejercicio cada vez más pulcro del presupuesto público, después de una añejísima tradición de corrupción que evidentemente no será desterrada de la noche a la mañana.
En esa tradición se forjaron generaciones enteras de hombres y mujeres que a lo largo de muchas décadas han saqueado a este generoso país que, como dijera el lugar común, es tan grande que no se lo han podido acabar.
Coincido con Murillo Aispuro en que aún estamos muy lejos de acabar con esas viejas inercias, pero sin duda que la ruta es esa.
El tema es muy apropiado en estos días, cuando en el Congreso del Estado se están discutiendo las cuentas públicas municipales y la del estado, a propósito de las cuales siempre habrá posiciones encontradas dependiendo de las siglas partidistas de donde provengan.
Un ejercicio que se presta mucho para el bonito arte de “jugar para la tribuna”, como se dice en la jerga futbolera cuando se privilegian las florituras de las cáscaras llaneras en pos del aplauso del graderío, antes que la efectividad de un juego que se gana con goles.
Porque se pueden aprobar o reprobar las cuentas públicas en el Congreso sin que ello tenga, para efectos prácticos, alguna repercusión en términos de castigo a los responsables, salvo en aquellos casos en que efectivamente se demuestren los presuntos desvíos y se finquen responsabilidades administrativas o penales, pero eso no necesariamente se deriva de un posicionamiento político, sino de investigaciones puntuales en los órganos de fiscalización y desde luego, en los de procuración de justicia.
Lo que sí cuenta son las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría Fiscal, y las recomendaciones para acelerar el tratamiento de las deficiencias en la administración del sector público, y de cualquier sujeto de fiscalización que reciba recursos públicos. Este punto vale la pena destacar porque por primera vez se sometió a fiscalización a 15 sindicatos y 26 asociaciones civiles incluidas en el Programa Anual de Auditorías.
Este punto dará mucho de qué hablar en los próximos días.
En la cuenta pública estatal se determinaron 305 observaciones, de las cuales 147 se encuentran en tiempo de respuesta, lo mismo que una observación al Poder Legislativo, una más (ya solventada) al Poder Judicial, y 59 a organismos autónomos, de las cuales 37 se encuentran en tiempo de respuesta.
Y en este sentido, se tiene que admitir que, a diferencia de lo que ocurría todavía en 2014, cuando las observaciones del ISAF se contaban por miles y la posibilidad de daño patrimonial se hizo presente en múltiples ocasiones, lo que derivó en sanciones penales y administrativas que mantienen aún en la cárcel a unos y enfrentando sus juicios en libertad a otros.
Lo que sí va a levantar polvareda en los próximos días, cuando se abra la discusión sobre el paquete presupuestal 2019 (ley de ingresos y presupuesto de egresos), es el tema de los créditos que invariablemente por estas fechas solicitan los ayuntamientos para solventar sus compromisos de fin de año, señaladamente la nómina y los aguinaldos.
Aunque algunas bancadas, como las de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano adelantaron en días pasados que no autorizarán la contratación de más deuda para el gobierno del estado ni para los ayuntamientos, la posición ya está adquiriendo otros matices, a partir de las penurias presupuestales por las que atraviesan ahora que son gobierno.
En Hermosillo, por ejemplo, se están buscando alternativas para librar la cuesta de enero que en realidad comienza en diciembre (aunque algunos dicen que ya comenzó), y están analizando la opción de solicitar un crédito de al menos 270 millones de pesos, para solventar sus compromisos de fin de año, incluyendo los cuantiosos bonos que suelen recibir los funcionarios de primer nivel y que a la luz de la actual crisis, lucen exagerados.
Los alcaldes de Morena están comenzando a sufrir la anunciada metamorfosis de borracho a cantinero, y ya como gobernantes están matizando su oposición a ultranza respecto a dichos créditos sin los cuales, sus administraciones se vendrían abajo dramáticamente.
Esto lo veremos en los próximos días.
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