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En este espacio fuimos los primeros en consignar la protesta de ex trabajadores ferrocarrileros que reclaman su pensión jubilatoria al Sistema de Enajenación de Bienes, el organismo responsable de la liquidación de la empresa, cuando éstos se plantaron sobre las vías del tren en Empalme, Nogales y Los Mochis.

Todos ellos son adultos mayores y, de los que iniciaron el movimiento hace 17 años, poco más de 200, ya han fallecido 17 por complicaciones de salud en su mayoría.

A pesar de que hay un laudo a su favor, el gobierno federal se ha negado desde entonces a otorgarles su pensión jubilatoria, siendo que los ex trabajadores no tienen otra fuente de ingresos.

Una comisión de los mismos ya se hizo presente en una de las “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador; otros se apoyaron en la diputada federal Lorenia Valle para gestionar la celeridad de su asunto, pero las cosas no avanzan.

Ayer, los ex ferrocarrileros tomaron simbólicamente las oficinas del SAE en la Ciudad de México y las de la Junta Especial 23 de la federal de Conciliación y Arbitraje en Sonora.

Promesas de cumplimiento a la sentencia que obliga al SAE a resolverles su pensión jubilatoria hubo muchas en pasados gobiernos, y hay más en el actual. Pero en los hechos, más de cien ex trabajadores del Ferrocarril siguen esperando por ver qué llega primero: si la justicia o la muerte.

Focos rojos se están encendiendo en el tablero de Morena en Sonora, como cabeza de la coalición que conquistó los principales municipios en el estado.

II

Lo que comenzó en Guaymas con rupturas en la coalición que inauguraron una saga interminable de confrontaciones en el cabildo, obligando a la alcaldesa Sara Valle a entrar en una dinámica de disputas que fueron dejando de lado los asuntos de gobernabilidad, ya se extendieron a Navojoa y Cajeme donde estos episodios se repiten.

Casi desde que inició la administración, las escenas del cabildo guaymense comenzaron a asemejar a cualquier domingo de mercado: chiflidos, gritos y sombrerazos; amenazas, manotazos y mentadas mientras la inseguridad iba en aumento, caían policías asesinados por la delincuencia organizada y hasta el contralor municipal fue ejecutado a balazos en la avenida principal del puerto.

Los servicios públicos como agua potable y recolección de basura pasan por una crisis; hay acusaciones de nepotismo y corrupción que ya derivaron en una solicitud de juicio político a la alcaldesa.

En Navojoa, a Rosario Quintero Borbón tampoco le ha ido bien. Inauguró su administración con un escándalo por la falsificación de vales de gasolina por más de un millón de pesos, y desde entonces las críticas no han cesado.

Ayer, la mayoría de los regidores y el síndico municipal abandonaron la sesión de cabildo en medio de gritos con los que acusaban a la alcaldesa de corrupta. El nuevo motivo es su empecinamiento en mantener a su director Jurídico, Felipe Abel Merino.

Una escena similar se repitió en el ayuntamiento de Cajeme, donde el alcalde Sergio Pablo Mariscal despidió a varios funcionarios que ayer irrumpieron en la sesión de cabildo con mantas en las que lo acusan de estar corriendo a militantes de Morena que trabajaron en su campaña, para favorecer a panistas y priistas.

Tras la renuncia de Ascención López Durán como secretario del Ayuntamiento, ayer tomó protesta en ese cargo Juan Saúl Benítez, en medio de protestas de personal despedido.

Guaymas, Navojoa y Cajeme son los casos más notables en los que asoman visos de ingobernabilidad que reflejan algo más que novatez en el ejercicio de gobierno, pero en otros como Nogales, Agua Prieta, Empalme y San Luis Río Colorado también se han suscitado conflictos que a la postre van minando la legitimidad de alcaldes y alcaldesas.

Desde Morena suele decirse, en descargo, que los alcaldes más conflictivos no pertenecen a ese partido sino al PT o al PES (como los casos de Guaymas y Navojoa), pero en los hechos sus malas prácticas golpean a la cabeza de la coalición que es Morena.

III

Más de medio millón de hogares mexicanos podrán satisfacer sus necesidades de energía eléctrica, ahora producida a través de celdas solares, sin generar contaminación y resolviendo de manera sustentable la demanda de electricidad.

Este martes la gobernadora Claudia Pavlovich asistirá a la inauguración de la planta fotovoltaica que con una inversión de más de 400 millones de dólares comenzará operaciones en Puerto Libertad.

Construida por la empresa Acciona en sociedad con un consorcio mexicano, este proyecto es uno de los más grandes en América Latina y el más productivo que ha construido esta empresa en el mundo.

La mayor parte de la energía generada será vendida a la Comisión Federal de Electricidad para que a través de su red de distribución la lleve a casi 600 mil hogares mexicanos. Otra parte tendrá como destino una empresa privada y el resto se comercializará en el mercado eléctrico mayorista.

Para darse una idea de la magnitud de este proyecto, puede citarse que sus más de un millón 200 mil paneles fotovoltaicos están instalados en una superficie equivalente a 333 campos de futbol profesional.

Producir esta cantidad de energía mediante celdas fotovoltaicas que transforman la luz solar en electricidad, significa también que casi un millón de toneladas de dióxido de carbono al año dejarán de contaminar nuestro aire.

Con este proyecto, Sonora afianza su liderazgo en la producción de energías limpias y renovables.

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