Sonoro, el espaldarazo que le propinaron a la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández en la sesión de cabildo ayer, ya para despedir la administración en la que entró al relevo hace nueve meses.
Sonoro y significativo, sobre todo porque provino del regidor panista Israel Moreno Durazo, uno de los más duros y persistentes críticos de la administración municipal; por eso fue que sorprendió cuando le reconoció a la alcaldesa haber marcado un antes y un después, tomando como referencia el periodo del Maloro Acosta.
Un reconocimiento en estas condiciones deja muy claro que la gestión de Angelina fue positiva, y hasta la propia oposición se lo reconoce, como también quedó de manifiesto en el emotivo abrazo que le brindó la también regidora panista Elsa Velasco Chico, que también se caracterizó por mantener posturas críticas en estos tres años.
Pero (siempre hay un pero) no todo es miel sobre hojuelas en la recta final de esta administración municipal. En los próximos días podría crecer un litigio que involucra a autoridades del Ayuntamiento en una operación presuntamente fraudulenta con un terreno de poco más de ocho mil metros cuadrados, cuya propiedad reclama la familia del finado empresario Federico Valenzuela González.
Concretamente aparece señalado el tesorero del Ayuntamiento, Tadeo Iruretagoyena a quien ubican como el autor intelectual y material de todo este asunto.
Se trata de un predio que podría alcanzar un valor en el mercado inmobiliario, superior a los 29 millones de pesos; está ubicado sobre el bulevar Morelos, muy cerca del hospital del Issste, en una zona de alta plusvalía y el Ayuntamiento se lo adjudicó para transmitir su dominio a una empresa denominada Comercializadora y Desarrolladora Cruwer que, sostiene la parte afectada, se encuentra boletinada como “empresa fantasma” por las autoridades hacendarias.
El caso se remite al año 2013, cuando la familia Valenzuela promovió un juicio hipotecario para reclamar a la empresa Comercial Centro el pago de un adeudo millonario, así como el remate de varios bienes, entre otros el citado, por lo que se expidió la respectiva cédula hipotecaria sobre ese inmueble.
Con esto, el predio en mención quedaba protegido para que no se practicara sobre él ningún embargo, toma de posesión o diligencia precautoria que entorpeciera el juico.
Pero la Tesorería municipal se adjudicó el inmueble hipotecado y, sin cumplir con la garantía de audiencia a la acreedora hipotecaria, celebró el remate sin concederle oportunidad de defensa.
Y lo más significativo es que la adjudicación del valioso inmueble a favor del Ayuntamiento tiene el propósito de transmitir su dominio a una empresa fantasma denominada Comercializadora y Desarrolladora Cruwer, la cual fue formalmente notificada mediante oficio del SAT (500-05-2016-38710) publicado en el diario oficial de la federación el 15 de diciembre de 2016.
Como es de esperarse, la familia Valenzuela ha presentado los recursos legales para defenderse de lo que consideran un atropello y una operación fraudulenta, que seguramente dará mucho de qué hablar no sólo en los próximos días, sino en los que correspondan a la siguiente administración, a la que será heredado este conflicto.
II
Y a propósito de herencias que valdría más no recibir, la que ya le está viendo las orejas al lobo del sindicato del Ayuntamiento es la alcaldesa electa Celida López Cárdenas, que poco a poco comienza a dimensionar la premisa de que una cosa es andar en campaña y otra, muy otra, la de ejercer el gobierno.
Salvador Díaz Olguín, el dirigente de dicho sindicato fue una pieza muy útil a la hora de echarle el caballo encima a la autoridad municipal hoy a punto de despedirse, pero ya está creciendo la preocupación por lo que pudiera suceder una vez que tomen posesión las nuevas autoridades, pues el dirigente sindical y el sindicato mismo representan no sólo un enorme boquete al presupuesto, por las millonarias canonjías que ellos asumen como conquistas sindicales.
De hecho, el problema que actualmente se vive con el servicio de recolección de basura, y que tiene como actor principal al sindicado, ha obligado a la alcaldesa electa a adelantar que dicho servicio será prestado, por lo menos hasta el mes de febrero, sólo una vez por semana. Además, ya perfiló el cobro de una cuota que parece simbólica (diez pesos mensuales por domicilio), pero que acumulado representa un ingreso millonario que sería destinado a la reparación y adquisición de nuevas unidades.
Este sin duda será uno de los problemas que traben el inicio de la próxima administración, y que podrían crecer porque el dirigente sindical ya le agarró el modo a las autoridades, independientemente del partido que sean, y no está dispuesto a renunciar a sus privilegios, señaladamente los que representan ingresos millonarios por concepto de horas extra, que es uno de los temas que están obstaculizando la adecuada prestación del servicio de recolección.
Pero la alcaldesa electa no es la única que anda nerviosa con la relación obrero-patronal.
En el Isssteson, el sindicato no canta mal las rancheras. Recientemente, el dirigente de ese gremio, Manuel Moreno Quijada convocó a un par de manifestaciones en las que exigen la entrega de créditos hipotecarios y becas, así como basificaciones para sus representados.
De todos es sabido la crisis financiera por la que atraviesa el Instituto y las dificultades con las que a trompicones, si se quiere, han venido tratando de resolver uno de los problemas que más afectan a los derechohabientes, como es el abasto de medicinas, en el que se ha llegado a cubrir el 90 por ciento de la demanda, pero aún es insuficiente.
El dirigente sindical ha llamado a la austeridad y el ahorro, pero fíjese usted, republicana lectora, austero lector, lo que representa esa burocracia sindical en pesos y centavos, nada más con el pago de sus sueldos y prestaciones, que desde luego obtienen sin trabajar, ya que 43 de ellos se encuentran de licencia.
Nada más por el pago de nómina, la burocracia sindical del Isssteson percibe 19 millones 578 mil 998 pesos anuales. Más las aportaciones de ley, que suman casi cuatro millones de pesos más, significan una erogación de 23 millones 463 mil 141 pesos al año.
Si a eso se le agrega el recurso destinado al pago de sus suplentes, la cifra supera los 40 millones de pesos anuales.
Ahí se las dejo.
III
Desde el senado de la República nos reportan a Sylvana Beltrones presentando su iniciativa para la legalización de automóviles de procedencia extranjera, mejor conocidos como “chocolates”, un tema que trabajó mucho en campaña y que no sólo implica aspectos fiscales y administrativos, sino también de seguridad pública, habida cuenta la recurrencia de casos delincuenciales cometidos por personas que se aprovechan de la ausencia de control sobre ese parque vehicular.
Veremos cuál es el destino de esta iniciativa en los días por venir.
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