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Una lucecita de esperanza apareció por rumbos del Ayuntamiento de Hermosillo al anunciar la adquisición de 30 nuevas unidades recolectoras de basura para normalizar un servicio que, al reducirse a una sola vez por semana, en lugar de dos, ya está generando serios problemas en la ciudad.

 

De unas semanas a la fecha, Hermosillo registra fétidos olores en sus calles; una plaga de moscas verdes y asquerosas apareció de pronto en las casas, en oficinas públicas, centros de reunión, hospitales y restaurantes, sobre todo los que operan bajo palapas, al aire libre.

 

Todo parece indicar que será hasta diciembre cuando comience a regularizarse la prestación del servicio, por lo que aún queda todo este mes para estar batallando con la acumulación de basura en casas y negocios, con el riesgo de que empiecen a aparecer brotes de enfermedades, lo cual vendría a complicar más las cosas.

 

No me alcanza la memoria para registrar algún momento en Hermosillo en el que se haya presentado una situación de este tipo y las autoridades deberían diseñar un plan de emergencia para al menos paliar este problema mientras se consiguen esos 60 millones de pesos que se requieren para la compra de las unidades recolectoras, porque el asunto puede rebasarlas.

 

La prestación de servicios públicos se está complicando no sólo en el tema de la recolección de basura. Los camellones y bulevares lucen llenos de maleza y basura. Es triste comprobar que el asunto no solamente tiene que ver con las carencias presupuestales del ayuntamiento, sino con ciudadanos que estamos lejos de tener arraigada una cultura de solidaridad con el entorno.

 

No una ni dos, varias veces me ha tocado ver cómo alguien arroja desde un auto en circulación, toda clase de basura a las calles, o cómo se dejan en la vía pública perros y gatos muertos, que luego alguien tiene a bien cubrirlos con cal para aminorar los fétidos olores.

 

II

Esta semana saldremos de dudas respecto a quién ocupará la silla que dejó Rodolfo Montes de Oca en la fiscalía estatal, pues ya la lista de 34 aspirantes está siendo depurada por la gobernadora y su equipo cercano, para seleccionar a la terna que habrá de enviar al Congreso, dejando en manos de los diputados la elección de uno de ellos.

 

Se dice que de esa misma lista podría salir también el nuevo secretario de Seguridad Pública, un nombramiento que no pasa por el Congreso y que en el papel debería ser menos complicado, pero hasta la semana pasada, el comité ciudadano de seguridad pública ni siquiera había abordado el tema.

 

Entiendo que ya lo hizo, pero nada más falta que al igual que lo hicieron en el caso de los aspirantes a la fiscalía, también envíe la lista completa a la gobernadora y sea en esa instancia donde le hagan la chamba al mencionado comité, que al parecer está lavándose las manos por lo que pudiera ocurrir.

 

Como sea, estos nombramientos urgen, pues aunque los encargados del despacho tanto en la fiscalía como en la secretaría de seguridad están sacando el trabajo, es necesario que los nuevos titulares asuman el cargo para recomponer el rumbo, sobre todo en las ciudades más grandes como Hermosillo, Cajeme y Nogales, donde últimamente han menudeado los delitos de alto impacto, relacionados con la delincuencia organizada.

 

La semana pasada, en la capital sonorense se registraron ocho homicidios con las características del ajuste de cuentas entre bandas criminales, en un lapso de 72 horas, algo que no es común en Hermosillo. En Ciudad Obregón y el valle del Yaqui ni se diga: los asesinatos están a la orden del día y rara vez hay detenciones relacionadas con los mismos.

 

En diversos espacios de opinión se han barajado varios nombres de quienes podrían ocupar los cargos vacantes, pero finalmente será la gobernadora quien despeje las dudas y eso podría ocurrir antes de que concluya esta semana.

 

Lo que sí ha sucedido es que a algunos de los aspirantes les han sacado algunos expedientes con los que buscan invalidarlos en sus pretensiones. El caso de Víctor Bonillas, quien se desempeñó como subprocurador bajo las órdenes de Carlos Navarro Sugich ha sido de los más sonados.

 

El abogado de Gisela Peraza recordó que Bonillas estuvo involucrado en el escabroso caso de privación ilegal de la libertad, tortura y fabricación de pruebas para encarcelar a la ex trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, acusada de robo, y quien finalmente alcanzó la libertad por desvanecimiento de pruebas, después de cuatro años de encierro.

 

También a Abel Murrieta le han revivido el caso de la guardería ABC, y a Ariel Gándara lo han mencionado en algunos negocios no del todo claros. Ya veremos en qué para todo esto.

 

Por último, llama la atención el llamado que hizo la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, para que a la hora de decidir, la gobernadora escoja “un fiscal general a modo de los sonorenses, no a modo de los políticos ni del gobierno actual”.

 

Como frase matona suena bien, pero en el contexto del proceso para elegir nuevo fiscal, suena más a demagogia.

 

Los diputados, señaladamente los de oposición, como es el caso de María Dolores del Río, tuvieron en sus manos la oportunidad de trabajar un poquito en la depuración de la lista de 40, y no solamente eliminar a los seis que no reunieron requisitos documentales para ser considerados idóneos.

 

Alegando una falta de reglamentación de la ley respectiva, tanto los diputados como los integrantes del comité ciudadano simplemente “rebotaron” la lista de 34 y la enviaron a la titular del Ejecutivo, para que sea ésta quien seleccione la terna que habrá de discutirse en el pleno.

 

Lo previsible entonces, es que la gobernadora decida a partir de sus propios criterios de idoneidad, quiénes formarán parte de esa terna. Y cualquiera en su sano juicio pensaría que dicha terna estará integrada por las personas que mejor se identifiquen con el proyecto de la gobernadora.

 

Si después los diputados consideran que, según sus criterios, ninguno de la terna reúne requisitos de idoneidad “a modo de los sonorenses y no del gobierno actual”, pues ya será demasiado tarde porque pueden rechazar las propuestas, pero el siguiente paso es que la gobernadora nombre un fiscal provisional.

 

O sea, los diputados se tiraron más bien a la hueva y le dejaron la chamba a la gobernadora. Tienen, desde luego, el derecho al pataleo, pero les servirá de muy poco frente a hechos consumados.

 

Si realmente hubieran trabajado, los legisladores bien pudieron reducir la lista por lo menos a unos diez aspirantes, entre los que se incluyeran perfiles a modo de la oposición, pero no lo hicieron. Y lo que sigue es que la gobernadora disponga y ponga. Así las cosas.

 

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