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Todo apunta a que este lunes comenzará la reactivación gradual, escalonada y progresiva, no sólo de la vida productiva, sino también de la grilla legislativa.

Explicando, que es gerundio.

Este fin de semana cobró más fuerza la versión de que en los próximos días el tema de la reforma electoral regresará al Congreso del Estado, bajo el imperativo ya conocido: cualquier reforma en esa materia debe ser aprobada antes del día último de este mes para que aplique a partir del próximo proceso electoral (20020-21).

Como se recordará, cinco iniciativas con diversas propuestas de reforma (entre las que se incluía la segunda vuelta electoral) fueron sacadas del orden del día en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por el voto en contra de los diputados de Morena, PT, PES y MC. 

Las iniciativas tienen su origen en el PAN (2), el PRI, el PES y Nueva Alianza.

Otro de los argumentos para impedir que las iniciativas ‘bajaran’ al pleno es que en tiempos de pandemia, los esfuerzos de la Cámara deben estar orientados fundamentalmente a los temas relacionados con la contención, prevención y combate al coronavirus y a la atención de las demandas ciudadanas en ese tema.

Y un tercer elemento para el rechazo a la reforma, fue que no se había socializado lo suficiente a través de la realización de foros y consultas, algo que tampoco ha ocurrido ahora, como bien lo señaló la diputada de MC, María Dolores del Río en una sesión la semana pasada.

El pasado 21 de abril, la ‘Coalición Juntos haremos historia’ se acordó de que no sólo eran una coalición electoral, sino también legislativa y votaron juntos en contra. El principal temor de los coaligados era que las iniciativas ‘bajaran’ al pleno, donde podrían ser aprobadas por una mayoría que en otras ocasiones les ha pasado por encima, con el voto de sus propios integrantes. Y entre los temas que más escozor les causaba destaca el de la segunda vuelta electoral con la que, suponen, se complicaría sobre manera el triunfo en los comicios para gobernador en 2021.

Eso, a pesar de que para una reforma de esa naturaleza se tendría que modificar la Constitución federal, algo que difícilmente sucedería en un Congreso de la Unión dominado por Morena y sus coaligados. Una controversia constitucional, incluso, podría ‘tumbarla’ sin mayores problemas.

Bueno, al parecer el tema de la segunda vuelta es historia, no así las otras propuestas que pretenden retomarse en los próximos días.

Pero esto revive un viejo debate sobre la unidad de los coaligados en Sonora, pues algunos de sus integrantes ya han votado en sentido contrario al de la bancada mayoritaria que es la de Morena. 

Indiscutiblemente, la bancada de Morena votará en contra de la reactivación de este tema. No tienen cavilaciones al respecto. El criterio es que si bien la mayor parte de las reformas no los afectan sustancialmente en sus expectativas político-electorales, tampoco les benefician. Y considerando escenarios de una competencia electoral mucho más disputada que la de 2018 donde se llevaron prácticamente el carro completo, prefieren no arriesgar nada.

Pero volvemos al asunto de las lealtades, a veces entendidas como incondicionalidades, que ya se han roto en otras ocasiones. Recordando: la Comisión de Gobernación está compuesta por nueve integrantes, a saber, tres de Morena, dos del PRI, uno del PAN, PT, MC y PES, respectivamente.

Si la intentona del 21 de abril no prosperó, fue porque la rechazaron Morena, PT, PES y MC. Pero de acuerdo con el presidente de esa Comisión, Julio Alfonso Montes Piña, sólo se trató de una posposición del debate hasta que pasara la contingencia por el coronavirus, lo que ciertamente no ha sucedido.

Sin embargo hay fuerzas políticas que tienen prisa en sacar este tema, señaladamente el PAN y el PRI, aunque el dirigente estatal de este último, Ernesto de Lucas emitió en su momento una posición en contra.

Eliminando el tema de la segunda vuelta, ¿qué contienen las iniciativas en en comento?

Básicamente lo siguiente:

Reducción a los tiempos de campaña, de 90 a 60 días para la elección de gobernador, con el fin de acotar el dispendio de recursos.

Para un voto más libre e informado se propone incluir en la boleta electoral las fotografías de los candidatos, abonando al cumplimiento de la máxima publicidad y el derecho a la información.

Eliminar el candado en la legislación local respecto al número de candidatos independientes, pues actualmente es sólo uno y se plantea que no haya límites y puedan participar todos aquellos que cuenten con el respaldo mínimo establecido en la ley.

Que puedan participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

Que los candidatos independientes puedan ser apoyados por partidos políticos, lo cual suena un tanto contradictorio.

Incorporar las convocatorias públicas, transparentes y abiertas para la designación de consejeros distritales y electorales, así como directivos del IEE, incluyendo un examen de conocimientos, valoración curricular y entrevista para garantizar un criterio de especialización en materia electoral.

Que los nombramientos de los integrantes de los comités técnicos del PREP y Conteo Rápido se realicen por el Consejo General mediante convocatoria pública que contemple examen de conocimientos y valoración curricular para garantizar perfiles adecuados.

Se otorgan mayores atribuciones al Consejo General para la toma de decisiones por cuando menso5 votos de sus consejeros y quitando la discrecionalidad en la toma de decisiones personales.

II

Mucho ruido hará también esta semana la propuesta del diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuellar para dotar al INEGI de facultades que le permitan medir la concentración de la riqueza de todos los mexicanos. Medir no solamente la pobreza y la desigualdad, sino también los miles de millones de dólares “inobservados”, según reza un comunicado emitido ayer.

El INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero  de todas las personas y dar cuenta cada dos años de los activos con los que cuenta cada mexicano, plantea.

También debe tener acceso a las cuentas del SAT y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

Entre esto y el Big Brother orwelliano hay solo un pasito. Lo que sigue es una iniciativa para que la Secretaría de Salud tenga facultades para ingresar hasta tu cocina y tu excusado, tomar muestras y ver si lo que cagaste corresponde a lo que comiste. Perdón por la escatología.

Y la argumentación principal para proponer esta idea se justifica en la ‘nueva normalidad’.

Francamente a mí sí me asalta la duda acerca del júbilo de 30 millones de votantes deseosos de que el Estado entre a sus casas a valuar sus pocos o muchos bienes, y a sus cuentas bancarias. También me asalta la duda sobre cuántos fundamentalistas de la 4T aguantarían una báscula de esta naturaleza.

Porque si de lo que se trata es de ubicar fortunas malhabidas, la autoridad hacendaria, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera ya cuentan con mecanismos, sistemas y personal para hacerlo. 

Si no lo hacen con la tabla rasa debida, es porque prevalece la discrecionalidad política. 

En fin, el tema es largo y el espacio corto. Volveremos sobre este tema, que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días.

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Vista www.elzancudo.com.mx

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