No importa dónde ni cuándo; por todo el país y en todo momento acecha la muerte. No hay decálogo que valga, no hay excusas ni pretextos. Urge pasar de las palabras a los hechos, entender el problema en su complejidad y comenzar a sentar las bases de una sociedad que vea el feminicidio como excepción y no como parte de la cotidianidad.
Esto lo escribimos en el despacho de ayer. Menos de 24 horas después, un grupo armado llegó hasta el domicilio de la policía municipal Leslie Rico López y abrieron fuego en su contra, asesinándola delante de sus tres hijos.
Otra mujer asesinada y seguramente no será la última, frente a la pasividad y los desatinos de las autoridades de los tres niveles de gobierno. De nada han servido las mesas de coordinación para la paz, la militarización de los cuerpos policiacos municipales, la presencia de la Guardia Nacional.
Los hechos, en Guaymas, donde van seis agentes de la Municipal asesinados, entre ellos Dulce Rojo, otra mujer uniformada. También asesinaron al contralor municipal y a un empleado del ayuntamiento que lo acompañaba en el carro cuando fueron acribillados.
Guaymas está sumido en el caos desde que inició la actual administración. El conflicto es el signo que lo distingue desde entonces. A fuerza de ser sinceros, hay que decir que durante décadas la vida política y social en el puerto ha estado signada por el conflicto, pero éste ha escalado durante la gestión de Sara Valle Dessens.
No se trata de cargarle la mano a la alcaldesa, aunque la saga de acontecimientos trágicos en el puerto documentan que no ha podido con la responsabilidad y tiene ante sí un problema mayúsculo en el tema de seguridad, si bien no es el único. Ayer dejó plantados nuevamente a integrantes de la tribu yaqui que, al no obtener respuesta a sus demandas de apoyo, cerraron las válvulas del acueducto dejando a los habitantes de Guaymas sin agua.
Mañana jueves comienza el Carnaval 2020 y en el puerto se respira zozobra frente a la eventualidad de que la violencia del crimen organizado cobre nuevas víctimas entre el bullicio de la fiesta y los ríos de alcohol y drogas que suelen correr por estas fechas.
Sería injusto, reitero, cargarle la mano a la alcaldesa porque en realidad, como al resto de los presidentes municipales en Sonora y en el país, independientemente del partido al que pertenezcan han sido dejados de la mano del gobierno federal, en todos los renglones, pero especialmente en el de la seguridad pública.
Desde el estado también es poco lo que se puede hacer. Los recortes presupuestales limitan considerablemente los apoyos a municipios, pero además los agentes son insuficientes.
La Policía Estatal cuenta con 900 elementos para los 72 municipios y quizás la cifra así, en frio no diga mucho, pero para tener una idea más cercana de lo que esto representa, tómese como ejemplo el estado de Yucatán, que con un tercio del territorio de Sonora y con un millón de habitantes menos, cuenta con 4 mil 500 agentes estatales.
El gobierno federal propuso, y los diputados federales lo aprobaron, un presupuesto precario para los municipios. Y en el renglón de Seguridad Pública, les retiró a algunos los recursos de Fortaseg y a otros se los redujo sustancialmente. Los alcaldes están con las manos atadas.
Recientemente platicamos con un alcalde del sur del estado, y nos decía acongojado que es muy poco lo que se puede hacer cuando se administra la pobreza. Por si fuera poco, el secretario de Seguridad Pública federal, el paisano Alfonso Durazo se había comprometido a gestionar algún recurso para fortalecer esa área, pero no ha cumplido. Peor aún: ni siquiera les contesta las llamadas y deja en ‘visto’ sus mensajes de Whatsapp.
Pero bueno, Durazo Montaño tampoco puede hacer gran cosa. Con el país en llamas, Sonora es apenas uno de los 32 estados que debe atender, y ni siquiera es de los más conflictivos.
Por otro lado, la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy bien definida por él mismo: se trata de atacar las causas que originan la violencia, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, el desempleo. Mientras tanto, la gran apuesta es a “purificar la vida pública en el país”, y una vez que no haya más corrupción, desigualdad, desempleo y pobreza, todos seremos buenos, nos abrazaremos y lloraremos de alegría porque será hermoso.
Ironías aparte, es claro que la estrategia de seguridad no está funcionando y es claro también que no existe la mínima voluntad para cambiarla, así que preparémonos para nuevos capítulos, cada vez más cruentos, de esta violencia que no respeta género, pero que en las últimas semanas se ha ensañado con las mujeres.
Ayer le tocó el turno a una joven policía municipal que prestaba sus servicios al ayuntamiento de Guaymas, mañana no se sabe a quién.
Y a propósito de este tema, la secretaria General del PRI en Sonora, Kitty Gutiérrez Mazón tocó el tema ayer al mediodía. Acompañada de otras mujeres líderes de su partido, hizo el recuento de la forma en que el gobierno federal recortó el presupuesto para programas destinados a mujeres.
De acuerdo con sus datos, al programa de protección y derechos humanos le quitó casi diez millones de pesos (más de la mitad de su monto); el programa de desarrollo rural prácticamente desapareció, afectando a casi dos millones de mujeres que son dueñas de sus tierras; el programa de microcréditos donde un 70 por ciento de beneficiarias son mujeres fue reducido en 500 millones de pesos.
Lo mismo pasó con el programa de apoyo al empleo y el de fomento a la economía social.
Las mujeres pues, no sólo están siendo asesinadas. También se les están cancelando las oportunidades.
Y de todo esto, por supuesto, el modelo neoliberal tiene la culpa.
También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx
