Kassandra, la joven empleada de una casa de empeño que permanecía en prisión preventiva fue liberada ayer, luego de que el juez reconsiderara la sanción impuesta al resultar involucrada en una operación con objetos robados.
¿Es inocente? Eso lo habrá de determinar el juez, cuando se deslinden responsabilidades en este caso, que tuvo bastante exposición mediática en días pasados, por lo que muchos consideramos fue un exceso de parte del juez, sobre todo porque es muy común enterarnos todos los días, de casos en que otros presuntos delincuentes con mayores agravantes entren y salgan por la llamada puerta giratoria del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Kassandra enfrentará su juicio en libertad, que era lo que su familia demandaba, y a esa exigencia se sumaron otras voces que pedían la intervención de la gobernadora Claudia Pavlovich, lo que pudiese representar un contrasentido, especialmente porque algunos de los que le pedían intervenir en este caso, son los mismos que eventualmente se desgarran las vestiduras cuando pontifican sobre la necesaria independencia de los poderes del Estado.
El caso sirvió para poner sobre la mesa de discusión no solamente la recién aprobada ley que regula las operaciones en casas de empeño, y a la luz de la cual se han registrado múltiples detenciones y se han logrado recuperar cientos de objetos de dudosa procedencia en estos establecimientos, en operativos realizados por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
El cumplimiento de esa ley y dichos operativos, han inhibido también de manera considerable las operaciones de las casas de empeño, que ya endurecieron el acatamiento de dicha ordenanza, y difícilmente aceptarán de ahora en adelante, objetos de los que no se acredite su legal procedencia, pero bueno, eso no ‘vende’ mediáticamente, o al menos, no tanto como el caso de una madre soltera, de escasos recursos, víctima del maldito sistema corrupto y demás.
En uno de esos operativos fue detenida Kassandra, como lo han sido otros empleados de diversas casas de empeño, sin que hasta el momento se sepa de la detención de alguno de sus propietarios. ¿Y saben por qué? Porque los señores hacen firmar a sus empleados un documento en el que se deslindan de toda responsabilidad en caso de operaciones con artículos de procedencia dudosa, recayendo toda la responsabilidad en los empleados, que por lo mismo, deberían tener más cuidado a la hora de aceptar esos artículos.
En el caso de Kassandra se acreditaron elementos suficientes para presumir la comisión de un delito y por ello el juez procedió a dictar la prisión preventiva que, insisto, muchos consideramos un exceso, especialmente porque al parecer en este caso no se privilegió la presunción de inocencia, como en muchos otros.
Lo cierto es que el juez reconsideró la sanción y estableció medidas cautelares como el pago de una fianza de 3 mil pesos, no acercarse a las casas de empeño ni a las víctimas y no volver a trabajar en uno de esos establecimientos.
Quedan, sin lugar a dudas, muchos puntos oscuros en todo lo que concierne a este caso: la ley, el actuar de los ministerios públicos, los jueces y demás.
Conversando con una agente del MP, me comentaba que en este, como en muchos otros casos, los diputados buscan la manera de trascender presentando iniciativas de leyes o reformas elaboradas en el escritorio de sus asesores, pero sin cruzar información con los demás actores involucrados en los temas, en este caso: magistrados, jueces, funcionarios de la fiscalía, etc., para que dichas leyes partan de realidades objetivas.
Es decir, la multicitada “transversalidad” que involucraría a todas las instancias de gobierno relacionadas con un tema en particular; las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas y demás, a veces no pasa por el Congreso del Estado, y eso ocasiona que ocasionalmente aparezcan Kassandras por donde menos se lo esperen.
No es el caso de otros programas, como el llamado Escudo Ciudadano en torno al cual se reunieron ayer los responsables de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil, para evaluarlo y darle seguimiento.
Con esta, son ocho las reuniones que se han tenido y en las que se discuten diversos temas relacionados con la seguridad pública y la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Presidida por el secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, la de ayer fue una reunión en la que se discutió sobre este programa que se lleva a cabo en 112 colonias de siete municipios, consideradas como las de más alto riesgo y delincuencia, participando 42 dependencias de los tres niveles de gobierno, involucradas en las tareas de prevención.
II
Y en temas más amables, como parte de las actividades para celebrar el 35 aniversario de Radio Sonora, ayer se firmó un convenio con la Universidad Estatal de Sonora, para avanzar en la consolidación de una radio incluyente, incorporando en sus transmisiones el lenguaje a señas.
Pudiera parecer raro, pues la sordita lectora, el enmudecido lector se preguntarán cómo es que una radio transmitirá el lenguaje a señas, propio de las personas con discapacidades auditivas o del habla, pero hay que recordar que Radio Sonora incursiona ya en las transmisiones multimedia, de manera que sus programas se transmiten también en video.
La directora General de Radio Sonora, y el rector de la UES, María Elena Verduzco y Horacio Huerta, respectivamente firmaron el convenio ayer, en presencia de alumnos de esta última institución, capacitados para la comunicación mediante el lenguaje a señas.
Presentes también, algunos universitarios con esas discapacidades, una de las cuales “tomó la palabra” para felicitar esta iniciativa y agradecer las ventajas que para personas como ella tiene. “Ahora sí ya podré ‘escuchar’ las noticias”, dijo con sus manos.
Inicialmente, será el noticiero que se transmite de una a tres de la tarde, a cargo de Rafael Cano Franco y Cynthia del Villar, el que cuente con un apoyo por parte de estudiantes universitarios, para ofrecer una opción informativa a la comunidad sordomuda. Bien por ellos.
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