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Lo que hasta hace días eran sólo escarceos con la aspiración de encabezar al PAN como su candidata a la alcaldía de Hermosillo, se confirmó como una certeza ayer y la empresaria ferretera Myrna Rea de López lo soltó de su ronco pecho, lo que pondrá más interesante la contienda interna en el desangelado blanquiazul de estos días.

Doña Myrna en un tiempo fue bautizada como “La dama de hierro”, no tanto por su carácter, mucho menos por su parecido con Margaret Tatcher, sino por el giro de su empresa. Aunque algunos maloras dicen que tal mote se lo ganó por su carácter reacio, pero a soltar el dinero que tanto trabajo le ha costado. De hecho, aseguran que una de las condiciones puestas por la señora es la de no poner un solo peso de su bolsa para la eventual campaña.

La señora Rea de López tiene como su principal apoyador al ex alcalde Javier Gándara Magaña, en cuyo gobierno firmó como regidora y quien al término de la administración de Guillermo Padrés habría quedado como el jefe nato del PAN en Sonora, contando en Hermosillo con un aliado importante como es Gildardo Real Ramírez, el verdadero brazo operador de la estructura del partido en tierra.

Una estructura que en los últimos meses ha sido revisitada para promover la candidatura del senador Héctor Larios Córdova a través de una campaña llamada “Que te caiga el 20” y con la que ha pretendido posicionarse al parecer con magros resultados.

Por otro lado está el empresario Edmundo García, que ha venido desarrollando una interesante campaña en redes sociales para posicionar la idea de un “City Manager” para Hermosillo. Esto es, una especie de alcaldía gerencial en la que se agrupe un gabinete formado por hombres y mujeres calificados profesionalmente en las áreas de sus responsabilidades, independientemente de sus filiaciones políticas o su pertenencia a grupos dentro del partido.

En una reciente plática que sostuvimos con él, nos decía que los puestos en el gabinete suelen asignarse a correligionarios por su afinidad grupal, o como pago por trabajos realizados durante la campaña. Eso no garantiza que a los cargos lleguen los más capaces, aunque sí los más afines políticamente y esa no es la mejor fórmula para realizar un buen gobierno.

Como sea, el autodestape de Myrna Rea abrirá en los días subsecuentes un interesante debate en la sociedad hermosillense, pero sobre todo al interior del PAN, donde siguen considerando que la capital es su principal fuente de votos, a pesar de que hace dos años perdieron con una diferencia de más de 50 mil sufragios, en lo que puede considerarse la derrota más estrepitosa de su historia.

Porque todavía falta ver qué es lo que dice el secretario General del CEN del PAN, Damián Zepeda Vidales, a quien muchos endosan el inalienable e imprescriptible derecho de palomeo, al menos por estos días.

Será interesante ver cómo se reagrupan las huestes blanquiazules y los acuerdos a los que lleguen, pero sobre todo, la voluntad de respetar esos acuerdos, pues está visto que al menos en 2015, esa no fue su vocación más notable y de allí derivo la debacle en Hermosillo y sus reverberaciones en el plano estatal, donde también fueron barridos.

Se supone que parte de esos acuerdos pasaron por la declinación de Javier Neblina a sus aspiraciones de contender por la alcaldía ese año, cediendo el lugar a Damián Zepeda, con la promesa de que tres años después esa candidatura sería suya, y de allí que el hoy diputado federal quiera cobrar esa factura, cosa que se ve remota, porque su imagen se encuentra bastante deteriorada y rifar algunas alarmas no parece ser suficiente para que levante.

Algunos dirán que la derrota del PAN y sus candidatos en 2015 no fue tan estrepitosa al rescatar o mantener algunos distritos y alcaldías, pero yo me remito a una plática que tuve hace casi dos años con Javier Dagnino (cuando todavía me hablaba y no me volteaba la cara en un mohín de secundariana ofendida).

Le comenté entonces sobre el júbilo exagerado de los panistas cuando el PRI destapó a Claudia Pavlovich como su candidata a la gubernatura, y no a Ernesto Gándara. Le dije que tal júbilo era injustificado, pues la actual gobernadora les puso un baile ganándoles con más de 60 mil votos.

Y la respuesta de Dagnino fue lacónica: “Sí, pero con El Borrego no hubiéramos ganado nada”.

Ahí se las dejo.

II

Lo que tenía que pasar pasó y el cabildo hermosillense aprobó ayer, por mayoría, el ajuste a la tarifa de agua potable en un 4.5% que, aun por debajo del índice inflacionario no deja de ser un nuevo incremento que en el acumulado de los últimos años alcanza ya un 60 por ciento en el que comparten responsabilidades gobiernos priistas y panistas.

Aunque a la actual administración le tocó bailar con la más fea, de ese incremento el 35 por ciento le corresponde a la administración de Javier Gándara, cuyo cabildo lo autorizó como impuesto por el tratamiento de aguas residuales, pero tuvieron a bien no aplicarlo, ni siquiera en los tres años posteriores, cuando Alejandro López Caballero también “pateó el bote” hasta que le cayó al Maloro.

El tema de las tarifas de agua es harto complejo y viene arrastrando vicios y sospechas de corrupción desde hace décadas.

Normal que la oposición, señaladamente panista, ponga el grito en el cielo por este nuevo ajuste, haciendo abstracción del 10 por ciento de descuento por pronto pago aprobado por unanimidad, pero sobre todo, olvidando lo que hicieron en el pasado reciente, aunque el regidor Jorge Güereca les refrescara la memoria, diciéndoles que “si saber administrar es saber robar, pues entonces ustedes lo hicieron muy bien”.

Y les soltó un dato contundente: para diciembre de 2014, el gobierno de López Caballero ya había cobrado “por Adela” a los grandes deudores, la friolera de 100 millones de pesos que se gastaron al año siguiente, dejando a la actual administración sin poderlos cobrar. Eso sin contar la deuda de 800 millones de pesos con que dejaron al organismo operador.

Total que administraciones van y vienen y el tema de las tarifas de agua sigue siendo polémico, entendible si se considera que es acaso la fuente de ingresos propios más alta que tiene el ayuntamiento.

Más válidos y legítimos los reclamos de los regidores de Movimiento Ciudadano, como suele suceder con esa oposición que no ha sido gobierno en la capital, aunque también debería considerarse que la dirigente estatal de ese partido sí lo fue en el trienio 2003-2006 (como militante del PAN), y su desastrosa política, coronada con los terribles tandeos fue clave para capitalizar el descontento ciudadano y perder la elección siguiente.

III

Mientras algunos de sus allegados, beneficiarios y parientes celebran y festinan la eventual liberación del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, en otros sectores de la población la indignación crece y se manifiesta no sólo en redes sociales, donde al ex no le ha ido del todo bien. De hecho, le ha ido muy mal.

Ayer, miembros de la tribu yaqui se sumaron a la indignación por lo que suponen, como muchos otros lo hacen, la existencia de algún tipo de negociación metajudicial para amparar al ex gobernador contra las acusaciones de delincuencia organizada , gracias a que la PGR no apeló la sentencia de un juez en ese sentido.

Así, el otro delito del que se le acusa, lavado de dinero, al no ser considerado grave, le permitiría seguir su proceso en libertad, lo que ha provocado reacciones de inconformidad a las que ahora se suman los yaquis.

Y fueron precisamente Mario Luna, Tomás Rojo y César Cota Tórtola quienes ayer hicieron pública su indignación ante la eventual liberación de Padrés. Y ellos tienen una doble razón para hacerlo, pues al menos los dos primeros fueron perseguidos durante la administración del cananense, y el primero encarcelado varios meses con delitos fabricados.

Los indígenas anunciaron también que suspenderían la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al amparo que dejó sin manifiesto de impacto ambiental al Acueducto Independencia, por considerarlo amañado.

Como se recordará, en enero de 2015 la SCJN avaló la operación del Acueducto Independencia, pero ordenó reponer el procedimiento de impacto ambiental, mismo que fue invalidado al considerar que no se le dio derecho de audiencia a los municipios de Cajeme y San Ignacio Río Muerto, que así lo demandaban.

Para ello habrían de realizar una consulta entre los ocho pueblos yaquis, misma que los quejosos consideran amañada.

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