Las comparaciones, dicen, son odiosas. Pero a veces son indispensables. Muchos recordamos el boato con el que se anunció el nombramiento de María Guadalupe Ruiz Durazo como ‘contralora ciudadana’, y la primera declaración de la señora en el sentido de que llegaba al cargo para servir a su jefe, Guillermo Padrés Elías.
Lo que siguió es historia trillada: el manoteo al presupuesto público más espectacular del que se tenga memoria, y entre otras cosas históricas e inéditas, el hecho de que el ex gobernador esté hoy en la cárcel, como varios de sus principales colaboradores. Y si no son más, es porque unos andan a salto de mata y otros acogidos a los beneficios de la justicia mexicana, sus amparos y las carretadas de dinero a los despachos divinos que llevan sus casos.
No hay, hasta ahora, parámetros precisos para dimensionar el volumen del atraco 2009-2015, aunque la mitología popular ha construido, a pura evidencia empírica y vecinal, cientos de historias de piojos revividos al amparo del “vamos bien, vamos muy bien”.
Para ser justos, sí hay parámetros para medir eso. Uno de ellos, es el análisis de la cuenta pública estatal, porque allí se resume, en el número de observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría Fiscal, la dimensión del atraco perpetrado hasta el último día del sexenio padrecista, cuando algunos funcionarios andaban desatornillando hasta las pantallas de plasma, cuadros y ornamentos de sus oficinas, para llevárselos a sus casas.
No estoy diciendo que con Claudia Pavlovich haya llegado un ejército de ángeles y querubines, no. Digo que en los seis años de Padrés, las observaciones a la cuenta pública nunca bajaron de mil 200, y en el último año, 2015, llegaron a 3 mil 425.
Si alguien pregunta por los 32 mil millones de pesos que ‘se perdieron’ en el sexenio de Padrés, en esas observaciones podrían hallar algunas pistas. De lo que no hallarán pistas es del por qué la señora Ruiz Durazo sigue tan campante troleando en tuiter.
Y el hecho cierto, también, es que en el análisis de la cuenta pública 2016-2017, las observaciones del ISAF fueron 550, y 350 ya fueron solventadas.
¿Y saben quién ha sido clave en todo esto? El contralor Miguel Ángel Murillo Aispuro, ese tipo nativo de La Ladrillera, en aquellos tiempos cuando “salir al baño” implicaba cruzar el patio anegado de agua de lluvias, como equilibrista entre los ladrillos que hacían un sendero seguro entre la habitación y el tejabán del excusado. El mismo que tiene en su oficina un cuadro de Juárez y su frase sobre la honrada medianía.
La semana pasada me encontré con un colega y amigo. Estaba enojado. Había pedido un ‘perdón’ fiscal, por algunas multas. No le hicieron el paro (y eso que no iba a comprar cheve al ocso, porque lo hubiera reprendido Zaira Fernández). El argumento: “La contraloría nos trae muy cortos”.
Con esto no quiero decir que Sonora sea el islote de la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas y el paraíso al que todos aspiramos, pero hay datos duros que marcan diferencia.
II
Pues dijo mi mamá que siempre no, y el Trife le aplicó el artículo cesto al acuerdo tomado por el INE para acotar la promoción de “aspirantes” a candidaturas para el proceso electoral 2017-2018.
El ‘artículo cesto” es una alegoría con la que suele aludirse a la acción de tirar al cesto de la basura alguna iniciativa, acuerdo o cualquier asunto que implique un abordaje legal.
En este caso, se trató de un acuerdo tomado por los consejeros del INE recientemente, para regular y acotar la propaganda de esos aspirantes. Parte del alegato con el que se le dio palo, es que la figura de “aspirante” no aparece en la ley.
Uno de los puntos que causó más polémica cuando se tomó ese acuerdo, fue el relativo a la prohibición de propaganda pagada en redes sociales, lo que algunos anticiparon como un acto de censura, aunque los consejeros del INE alegaban un espíritu de equidad según el cual, los aspirantes con mayores recursos económicos estarían en clara ventaja sobre otros con presupuestos más reducidos, de allí el nombre de “cancha pareja” con el que se conoció coloquialmente el acuerdo.
Y es que no se trata sólo del acceso y uso de redes sociales para la propaganda indiscriminada, sino del hecho cierto de que los partidos y aspirantes con mayores recursos están en condiciones no sólo de pagar la difusión en redes, sino de contratar empresas especializadas en la elaboración de productos y estrategias de marketing electoral, bien diseñadas para el impacto en amplios y segmentados sectores de la sociedad. De hecho, eso es lo que se lleva la mayor parte de los recursos en estos casos, no tanto la promoción de esos productos.
Otro de los puntos contenidos en el acuerdo desechado, es el retiro de la propaganda de dichos aspirantes: anuncios en parabuses, espectaculares, revistas y demás, para el 8 de septiembre, día en que inicia oficialmente el año electoral.
Si alguien tenía la esperanza de que los anuncios espectaculares que recientemente han sido colocados en las principales ciudades de Sonora, promoviendo rostros y nombres de aspirantes a diversas candidaturas, fueran retirados o sancionado a sus promotores, ya se puede ir despidiendo de ese deseo.
En justicia, hay que mencionar que la ley permite esa propaganda, cuando se trata de los informes de servidores públicos, categoría en la que se incluyen los legisladores.
Lo cierto es que con el ‘palo’ dado por el Trife al acuerdo de ‘cancha pareja’ se abre el dique para que, ya sin restricciones legales, la propaganda pre pre preelectoral inunde nuestras redes sociales, de por sí ya bastante pobladas de estos anuncios.
Si a eso agregamos que los aspirantes han desarrollado en los últimos años mil y una manera de promocionarse en redes sociales a bajo costo, ya podemos irnos preparando para la saturación de propaganda.
III
Las ciudades tienen el escándalo que se merecen. La historia del aspirante a bombero al que le fue negado el trabajo por tener un tatuaje en el brazo fue una llamarada de petate con la que se quiso tender una cortina de humo para no dejar ver que el reglamento que establece esos criterios para la contratación, fue aprobado por el cabildo en 2011.
O sea, el desgarre de vestiduras, las tiradas al piso y el pataleo ‘open mind’ que reniega del rancho grande que es Hermosillo, pasaron por alto que la decimonónica reglamentación fue aprobada en el gobierno de Javier Gándara, hace apenas seis años, y no en el siglo pasado o antepasado.
Buen punto el del alcalde Maloro Acosta, que calificó de retrógrada ese reglamento y llamó a reformarlo desde una perspectiva moderna y sin las telarañas mentales de quienes lo aprobaron hace apenas dos trienios.
Y ya que andamos por rumbos del Ayuntamiento, se tejió fino en la negociación para levantar el plantón que mantenían los antorchistas fuera de Palacio Municipal. Punto para el secretario del Ayuntamiento Julio César Ulloa, que consiguió los acuerdos necesarios justo al inicio del mes patrio, cuando en el Centro Histórico hay mayor actividad con motivo de los informes de gobierno, el desfile y el Grito de Independencia.
Notable, que en sus discursos de despedida, los antorchistas asumieron la retirada como una victoria en sus demandas, pero le prodigaron aplausos y reconocimientos al alcalde, que por cierto estuvo horas antes en la inauguración de la gasolinera Chevron.
Allí reveló un dato interesante: actualmente hay 300 permisos de construcción en marcha, lo que habla de igual número de empresas que están, o bien instalándose, o bien ampliando sus negocios, lo que habla de la confianza de inversionistas en esta capital.
IV
Se tardó, pero por fin la PGR cumplimentó una orden de aprehensión contra un personaje de bastante poca monta, pero crecido al amparo de un movimiento conocido como ‘No al gasolinazo’, en el que se infiltró el año pasado sólo para reventarlo a partir de su labor de zapa, pero que capitalizó para autoerigirse en líder de otro ‘movimiento’ al que llamaron Pueblo Unido (o algo así).
Dicho ‘movimiento’ u ‘organización’ nunca tuvo realmente una base social considerable, mucho menos una legitimación en el consenso ciudadano. Más bien se trató de una especie de ‘fuente de trabajo’ (es un decir eso de trabajo) para algunos personajes muy identificados con el escalafón más miserable del padrecismo, que hace dos años se quedaron fuera de la nómina.
A los señores se les ocurrió retomar la bandera del libre tránsito, en la cual se envolvieron para levantar las ‘plumas’ en las casetas de cobro de la carretera internacional 15, dejando pasar a los usuarios de esa rúa sin el pago correspondiente, pero a cambio solicitaban la cooperación voluntaria.
Bajo este esquema, los angelitos estaban recolectando en promedio, entre 50 mil y 60 mil pesos diarios por cada una de las casetas ‘liberadas’, gracias a la buena voluntad de los usuarios de la carretera a quienes se les hacía más fácil ‘cooperar’ con cinco o diez pesos, evitando el pago de cantidades más elevadas.
La fórmula parecía sencilla: a nadie le gusta pagar el peaje, pero sí puede desprenderse de cantidades mínimas que sin embargo, sumadas, hacían una pequeña fortuna para engordar el bolsillo de una pequeña caterva de holgazanes y vividores disfrazados de defensores de los derechos ciudadanos.
Hay que decir que las protestas contra el aumento a los combustibles y por el libre tránsito son legítimas y merecen un tratamiento más serio. Pero convertirlas en bolsa de trabajo para una pandilla de rufianes sin estructura organizativa ni base social, es otra cosa, muy diferente.
El más triste con la captura de Canaan, que por cierto tiene una larga lista de pendientes con la justicia por presuntos delitos de fraude, daños y hasta lesiones, es el diputado panista Javier Dañino, a quien le endosan la paternidad de ese presunto líder, hoy por fin tras las rejas.
Y es que la lana del ‘boteo’ en las casetas se había convertido en un respiro para las finanzas del diputado, al que ya le estaban saliendo gratis sus huestes. Ahora quizá tenga que pagar hasta la defensa del deleznable sujeto y quizá por eso se le vio muy circunspecto ayer, en algunos eventos a los que acudió vestido de luto…
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