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El accidentado capítulo de una historia cuyo epílogo está lejos de escribirse, y a la que le faltan muchas líneas aún, se cerró ayer con la aprobación de reformas a 23 artículos de la Constitución de Sonora que busca adecuar los equilibrios de poderes a la nueva realidad política que perfiló la elección del pasado primero de julio.

 

Con 27 votos a favor -cinco más de los requeridos para una mayoría calificada-, la actual legislatura aprobó dichas reformas en un salón de plenos al que no fue permitido el acceso del público y ni siquiera de los reporteros de la fuente, que se quedaron unos cubriendo los avatares de algunos contingentes movilizados a favor y en contra, o siguiendo la transmisión en vivo por internet.

 

PRI, PANAL, PVEM y un diputado de Morena votaron a favor; del PAN, Lina Acosta Cid y Martha Cecilia Camacho –suplente de la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López-, votaron en contra, lo mismo que el diputado de MC, Carlos León. A la sesión no asistieron el perredista Juan Carlos Lam y los panistas Sandra Hernández y Ramón Antonio Díaz Niebla.

 

 

Tanto Luis Serrato Castell como Moisés Gómez Reyna y Carlos Fú, de la bancada del PAN, ponderaron las modificaciones que su grupo parlamentario hizo a la propuesta original y coincidieron en que con ellas, se garantiza un mayor equilibrio entre los poderes del Estado. El aguapretense fue más allá y manifestó que no es posible que un partido que obtuvo una victoria circunstancial pretenda imponer condiciones que con garanticen la adecuada relación entre poderes, y los contrapesos que deben existir.

 

El caso del diputado Carlos León es, por lo menos, extraño. Desde un día antes había adelantado que votaría en contra de la reforma, que fue aprobada sin discusión en lo general, y con posicionamientos de PRI, PAN y MC en lo particular, pese a que en ella se incluía la eliminación del fuero constitucional, una demanda que había trabajado desde meses antes y que ayer tuvo que votar en contra, dejándole el festejo libre al diputado priista David Palafox, que también había impulsado esa propuesta.

 

En el salón de plenos, el trámite legislativo transcurrió sin mayores sobresaltos, no así en la puerta principal de acceso al edificio de Pedro Moreno y Tehuantepec, donde por momentos los ánimos se tensaron entre el grupo movilizado por el PRI y que portaban pancartas y gritaban consignas contra la legalización del aborto, y el grupo de Morena, donde destacaban los diputados locales electos y activistas universitarios, entre quienes hubo empujones y forcejeos cuando quisieron entrar al recinto parlamentario.

 

Antes de que terminara la sesión, una parte de los morenistas decidieron, ante la eventualidad de que las cosas pasaran a mayores, retirarse hacia palacio de gobierno a donde trasladaron su protesta; otros se quedaron hasta el final, pero a pesar de algunas escaramuzas, prevaleció la civilidad.

 

Como adelantamos ayer en este espacio, no había manera legal de frenar la aprobación de la reforma, una vez que ésta fue cabildeada entre las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso; solamente una movilización más grande y violenta hubiera “reventado” la sesión y postergado la votación, pero un fuerte dispositivo de seguridad policiaca alrededor del recinto persuadió a los manifestantes.

 

Básicamente, las modificaciones al texto constitucional tienen que ver con la desaparición del fuero para servidores públicos, la eliminación de fondos legislativos discrecionales y rediseñar las facultades del Poder Ejecutivo para hacer observaciones al presupuesto aprobado por el Congreso.

 

A partir de esta reforma, ahora será el Supremo Tribunal de Justicia y no el Congreso del Estado, el que califique las renuncias y licencias de los magistrados del propio tribunal, mientras el Congreso hará lo propio con sus diputados.

 

Uno de los puntos más polémicos fue la modificación para que las reformas constitucionales, para ser aprobadas deban contar, además de las dos terceras partes del voto de los diputados, esa misma proporción para los ayuntamientos, y no la mitad más uno, como está previsto hasta ahora. De hecho, esta sería la última reforma constitucional que al llevarse a los ayuntamientos, requiera sólo la mayoría simple de los cabildos, es decir, 37. Cualquier otra reforma, en adelante, requerirá la aprobación de 48 de ellos.

 

Como suele suceder, la interpretación de estas reformas es distinta en cada fuerza política, y mientras los partidos que la aprobaron ponderan la ventaja de replantear los equilibrios para que un poder no predomine sobre el otro, quienes votaron en contra y los dirigentes y funcionarios electos de Morena, que encabeza la coalición mayoritaria en la próxima legislatura, manifestaron su rechazo y adelantaron que interpondrán los recursos legales que tengan al alcance, para revertirla.

 

Consideran que la reforma es lesiva para la autonomía del Poder Legislativo y que le da mayor poder al Ejecutivo, sobre todo en el tema del paquete presupuestal.

 

En redes sociales hubo encendidos debates a propósito de este tema, y el propio Alfonso Durazo, senador electo y perfilado como el próximo secretario de Seguridad Pública en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, subió a su cuenta de Twitter un “hilo” en el que concluye: “A las y los sonorenses que con toda claridad le dijeron basta al régimen fallido que busca perpetuarse como si nada hubiera ocurrido en las elecciones de julio, les decimos: el autoritarismo de la gobernadora y del PRIAN en Sonora para mantener los vicios históricos del poder público, los privilegios para unos pocos y el despilfarro de los recursos de todos, será derrotado”.

 

Casi inmediatamente, el consejero jurídico del gobierno del estado, Iván Jaimes Archundia le respondió: “Es momento de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador defina en calidad de qué, Alfonso Durazo sostiene estos mensajes, si como paloma mensajera o halcón amenazante. Y no es una lucha, se llama Pacto Federal previsto en los artículos 40 y 43 constitucional. ¿Se le olvida que hubo elecciones en 2015 por seis años?”

 

Como estos, hubo muchos mensajes subidos de tono, de uno y otro lado. Por eso sostenemos que lo ocurrido ayer, es apenas un capítulo más de la historia que se está escribiendo, y cuyo epílogo está todavía muy lejos de conocerse.

 

De hecho, el siguiente paso es enviar a los ayuntamientos del estado la iniciativa para su aprobación, asunto de mero trámite considerando que para ello se requiere una mayoría simple de los 72 cabildos y los promotores de la reforma la rebasan fácilmente.

 

En los días siguientes habremos de conocer cuáles son exactamente los recursos legales de que echarán mano los dirigentes de Morena para intentar echar atrás esta reforma, como es su manifiesta intención.

 

Lo que es un hecho también es que la relación entre el gobierno del estado y la nueva fuerza emergente de Morena en Sonora, no se encuentra en los mejores términos y todavía falta ver qué rumbo tomarán las cosas a partir del 1 de diciembre, una vez que Andrés Manuel López Obrador se cruce la banda presidencial y decida, o bien hacer suyo el enojo de los morenistas sonorenses, o bien mantener la tónica de amor y paz con la que se ha venido conduciendo hasta ahora.

 

Ese camino es todavía un misterio. Estaremos pendientes.

 

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