Están sobre mi escritorio algunos datos reveladores a propósito de los motivos que tienen a las mujeres de México en las calles y preparando el Paro Nacional del 9 de marzo.
La tasa de feminicidios en el país ha aumentado dramáticamente en las últimas dos décadas. Si en 1985 y hasta 2006 las cifras oscilaban entre los mil 400 feminicidios al año, con leves repuntes que nunca rebasaron los mil 600, en 2006 la cifra cayó hasta mil 089.
Pero en 2007 comenzó un repunte que hizo escalar hasta llegar a 2 mil 702 feminicidios en 2013. Luego vino un descenso, para escalar de nuevo entre 2015 y 2017 hasta 3 mil 314, de acuerdo con estadísticas de la ONU, Conapo e Inegi.
Estos datos fueron utilizados por el senador morenista Martí Batres para explicar cómo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (aunque a este último no lo menciona), el fenómeno se disparó, presumiblemente atribuible a la llamada guerra contra el narcotráfico.
El punto de no tocar a Peña Nieto es apenas anecdótico. El senador también omite señalar que la escalada no se ha detenido en lo que va de la actual administración federal.
El propio secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revela que tan sólo en nueve meses del año pasado (de enero a septiembre) fueron asesinadas en México 2 mil 833 mujeres, pero el año cerró con 3 mil 825. La cifra es superior a cualquier año de los dos sexenios que se suponían más trágicos en esta materia.
Los estados más conflictivos en este tema son el de México, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California. En la gráfica de la que disponemos, Sonora ocupaba el lugar 12 en 2019, aunque hay quien sostiene que para este año ya escaló algunos lugares en la tabla.
Según la Organización Mundial de la Salud, los estados donde la cifra de mujeres asesinadas rebasa el número de diez por cada 100 mil habitantes, puede considerarse como afectados por una epidemia de violencia.
En Sonora se pasó, entre 2018 y 2019, de 65 a 117 asesinatos de mujeres, y esa tendencia la registraron casi todos los estados del país. En 2020 las cosas no han mejorado, pero además la extrema saña con que se perpetraron los asesinatos de Ingrid Escamilla y la niña Fátima detonó la protesta y evidenció la falta de capacidad y de respuesta de las instituciones para enfrentar lo que puede considerarse ya una emergencia.
Las movilizaciones programadas para el 8 y el 9 de marzo tienen bastante nerviosas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque además no hay forma de detener la violencia. Si los balazos no funcionaron antes, los abrazos no están funcionando ahora y el discurso moralizador que busca purificar la vida pública se pierde en la estridencia de los crímenes que no cesan un solo día.
Lo sucedido en Hermosillo el pasado domingo es apenas el prólogo de lo que sucederá en los días venideros y por todo el país. Los destrozos causados en la sede del Poder Judicial merecieron las condenas de unos y los aplausos de otros, en el ya muy conocido clima de polarización social en el que las descalificaciones están a la orden del día de uno y otro lado.
Realmente es un enigma los alcances que pueden tener el Paro Nacional de Mujeres y la iniciativa gubernamental para boicotearlo, porque la instrucción presidencial ya está bajando a toda la estructura federal, a los estados y municipios para no participar del paro, asistir a trabajar y hacer patente la protesta mediante algún distintivo en la ropa.
Pero no todos están dispuestos a asumirlo y de hecho las fuerzas armadas ya anunciaron que no descontarán el día a las mujeres que no asistan a laborar ese día. Frente al ánimo presidencial tan sensible, esto puede interpretarse como otro intento golpista de las fuerzas castrenses.
La gobernadora Claudia Pavlovich se sumó a la convocatoria al paro del 9 de Marzo y la alcaldesa de Hermosillo, Célida López hizo público un posicionamiento en contra del mismo, pero expuso que respetará a las empleadas municipales que se sumen.
Serán dos semanas, las que vienen, muy intensas en este tema. Estaremos pendientes.
Los motivos para la ira parecen razonables, pero la tentación de violentarlo todo, de cobrarse todas las afrentas con cualquiera que no comulgue y valide a pie juntillas sus protestas puede derivar en un ojo por ojo, en el que todos y todas nos quedaremos ciegos.
II
La intensidad del fin de semana y los acontecimientos que ocuparon la agenda no dieron oportunidad de comentar que de nueva cuenta la Auditoría Superior de la Federación colocó a Sonora en el primer lugar en la lista de los estados mejor evaluados en el manejo de los recursos federales.
La revisión de la cuenta pública 2018 arrojó que sólo el 0.1% del monto auditado tuvo observaciones. La calificación es importante pues no es una instancia estatal la que evalúa, sino un órgano desconcentrado del gobierno federal.
Para poner en contexto, hay que recordar cómo hasta el año 2015 y anteriores, la ASF llegó a observar montos hasta por 3 mil millones de pesos, es decir, recursos que el gobierno federal enviaba y cuyo destino se desconocía, o bien se aplicaban en rubros para los cuales no estaban orientados. En 2013 el monto de las observaciones era sobre el 13.2% de los recursos.
De acuerdo con los datos citados por el contralor estatal Miguel Ángel Murillo, el informe anual entregado a la Cámara de Diputados muestra que la media nacional de observaciones en todos los estados es del 7.9%, mientras que sólo las cuentas públicas de Querétaro y Sonora alcanzaron ese 0.1%.
El funcionario estatal manifestó que desde el inicio de la administración de Claudia Pavlovich se han priorizado líneas y tareas básicas para cumplir en materia de transparencia y rendición de cuentas, porque ese fue el principal reclamo ciudadano durante la campaña electoral de 2015: el combate a la corrupción y la opacidad.
Tanto en la revisión de las cuentas públicas 2017 y 2018, Sonora ha aparecido en primer lugar. En este caso, se auditaron 33 mil 600 millones de pesos y sólo el 0.1% tuvo observaciones.
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