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No sé qué sea más triste, descorazonada lectora, azorado lector. Si enterarse de que el sábado, pasando el mediodía y a unas cuadras de la Fiscalía General de Justicia, dos hombres fueron asaltados a mano armada, resultando muerto uno de ellos.

O saber que los asaltantes fueron un par de cuasi niños, de apenas 14 y 16 años de edad, que los despojaron de una cámara y un teléfono celular. Las víctimas son originarias de Durango y se encontraban en esta ciudad para participar en un evento relacionado con sus actividades profesionales.

Ni siquiera saber que en menos de 24 horas, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal dio con los responsables del homicidio y ya se encuentran en prisión, puede traer un poco de consuelo a familiares y amigos de las víctimas, o tranquilidad a los hermosillenses.

Juan Roberto, de 16 años, y José Francisco, de 14, son los jóvenes vecinos de la colonia Las Pilas, en las faldas del Cerro de la Campana, que atacaron a los turistas, hiriendo a uno de ellos con arma blanca, provocándole lesiones de las que no pudo sobrevivir, muriendo en el hospital del IMSS.

No se trata en este caso, de víctimas fatales por ajustes de cuentas entre el crimen organizado, como los que se siguen presentando en varias ciudades del estado, Cajeme y Guaymas, sobre todo. Se trata de violencia cotidiana, del crimen ‘desorganizado’ que la retórica define como “de causas multifactoriales”, pero que está agazapada en cada esquina, como recordatorio de todo lo que estamos haciendo mal.

¿Qué es lo que lleva a un niño de 14-16 años a apuñalar a un ser humano, a asesinarlo? Las drogas, el abandono, la desintegración familiar, las condiciones favorables para delinquir ante una autoridad que no ha podido con sus tareas de prevención; las expectativas quebradas para siempre; su vocación de nacido para perder y arriesgarlo todo en el camino.

Más páginas tristes como esta seguirán escribiéndose mientras no le encontremos la cuadratura al círculo de la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico, el salvajismo de una sociedad con lunares podridos y un gobierno que no atina a generar condiciones de seguridad para todos.

Los chavos ya están presos. El crimen no quedó impune. Pero eso no es, ni cercanamente, un consuelo.

II

En temas más amables, vaya que le ha funcionado el “chicotito” a Miguel Ángel Murillo Aispuro, quien desde la titularidad de la Contraloría estatal le ha puesto la lupa al desempeño de los funcionarios y va por ahí con un cortaúñas en una mano y la ley en la otra, cuidando que no caigan en la tentación de esquilmar el presupuesto público.

A diferencia de su antecesora, María Guadalupe Ruiz Durazo a quien le metieron más goles que a los Pumas esta temporada (y eso ya es un extremo), las cuentas que ha presentado en estos dos años el Ronco de la Ladrillera hablan por sí solas.

Si en 2014 la cuenta pública estatal presentó observaciones en el ejercicio de mil 794 millones de pesos (¡Mil setecientos noventa y cuatro millones de pesos!), para 2016 hubo apenas 15 millones de pesos observados.

Claro, la memoriosa lectora, el incorruptible lector habrán de recordar que para estas fechas, en el segundo año de gobierno de Guillermo Padrés, éste tuvo que salir a poner el grito en el cielo y, en un encuentro con su gabinete legal y ampliado en San Carlos, Nuevo Guaymas, les propinó serio jalón de orejas llamándolos a la moderación en el atraco, pues ya eran legión los “Huichos Domínguez”, como él mismo les llamó a quienes en unos cuantos meses pasaron de ser los más lámparas de su barrio, a los más acaudalados de sus nuevas privadas.

Es obvio también que no le hicieron mucho caso y la prueba está en la cantidad de indiciados que hoy están en cárceles del país y de Estados Unidos, o bien siguen a salto de mata, forrados de amparos. Lo cierto también es que no tenían por qué hacerle caso, ya que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.

Y el ejemplo de corrupción y depredación lo ofreció cotidianamente el mismo ex gobernador, de manera que estaba como el papá cangrejo que quería enseñar a sus cangrejitos a caminar para adelante, cuando él mismo caminaba para atrás.

Conste que las observaciones de las que hablamos no las hace la Contraloría estatal, sino la Auditoría Superior de la Federación, es decir, hay que darle su mérito también los servidores públicos que tienen a su cargo el manejo de los fondos federales, pues lo han hecho con estándares de pulcritud que no tienen referencia con los del pasado reciente.

Así, Sonora pasó en estos dos años a ocupar el tercer lugar entre los estados con menos observaciones a su cuenta pública, del lugar 15 en el que se encontraba, atendiendo desde luego, las instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que no se equivocó al designar a Murillo Aispuro en ese importante encargo.

II

Y a propósito de Padrés, la posibilidad de que enfrente en libertad su juicio por lavado de dinero se ve cada vez más cercana, a menos que la Fiscalía Estatal Anticorrupción termine de integrar los expedientes que tiene, por la comisión de otros delitos. Pero al amparar al ex gobernador en el caso del delito de delincuencia organizada, todo parece indicar que pronto lo veremos por acá, asumiendo de nuevo el control de su diezmado ejército.

Será sin duda un día de fiesta para los padrecistas, cuando el de Cananea deje el Reclusorio Oriente (si es que lo deja), pero también un día de luto para millones de sonorenses que fuimos testigos del peor saqueo a las arcas estatales, y del cinismo más descarado a la hora de tirar el piojo escandalosamente, a costillas de quienes supusieron que la alternancia haría soplar mejores aires para Sonora. Y de los que no votaron por él, también, porque el atraco no respetó filias ni fobias.

No hay que adelantar vísperas, pero la posibilidad de que el ex gobernador salga de la cárcel está presente, como lo está la duda sobre el costo en millones de pesos que tiene el litigio con abogados que, como bien dijo Jairo Calixtro, columnista de Milenio, no defenderían al diablo porque al maligno no le alcanzarían sus ahorros para pagarles.

Siempre estará presente, la certeza de que en las cúpulas de la clase política mexicana, la ley se negocia sobre una mesa llena de dinero y de intercambio de favores especialmente cotizados en épocas preelectorales.

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