Citando “una fuente cercana al ex gobernador Guillermo Padrés”, para mantener en reserva el nombre de Jorge Morales Borbón, se difundieron ayer versiones en el sentido de que el Primer Tribunal Colegiado en materia penal de Hermosillo declaró inconstitucional a la Fiscalía Especial Anticorrupción de Sonora, así como sus actuaciones.
De inmediato se tejieron toda clase de historias, señaladamente las que apuntaron a que el ex gobernador no sólo podría quedar en libertad de inmediato, sino que podría proceder a demandar a la FAS y, ya encarrerados algunos hablaron hasta de un enroque en el cual Odracir Espinoza ocupara una celda en el penal, y Guillermo Padrés regresara a la vida pública por la puerta grande, y en un descuido le otorgaran el cargo de fiscal nacional anticorrupción.
Esto, desde luego, es una desmesura, pero poquito faltó para que alguien lo propusiera.
Lo cierto es que el tribunal en comento resolvió que las fiscalías de Veracruz, Chihuahua y Sonora sean declaradas anticonstitucionales por haberse conformado en un tiempo en el que aún no estaba aprobada la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.
Desde 2016, abogados del PAN ganaron un amparo que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la fiscalía, pero no de sus actos, de acuerdo a la resolución del juez segundo de distrito en Hermosillo, quien solicitó que esos actos pasaran a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción respondió interponiendo un recurso de revisión ante el tribunal colegiado; éste solicitó a la Suprema Corte que se pronunciara y ésta a su vez ordenó que le tribunal resolviera con base a las sentencias que declararon inconstitucional las fiscalías de Veracruz y Chihuahua.
Al respecto, vale la pena precisar algunas cosas:
Desde el 27 de marzo, la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción ya no existe. A partir de esa fecha es la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, cuyo titular fue electo por el Congreso del Estado, de donde finca su constitucionalidad.
Por otro lado, el amparo que dio origen a todo este proceso no tiene efectos para todos los imputados o procesados por la FAS, sino solamente para quien lo tramitó, y de ninguna manera se traducirá en la desaparición de dicha fiscalía.
Asimismo, las actuaciones de la FAS son realizadas por Ministerios Públicos de la Fiscalía General, y por tanto no se anulan.
La sentencia del juez de distrito, en marzo del año pasado, que la FAS solicitó revisar, decía que tenía que ser otra unidad la que investigara a Guillermo Padrés, como así fue, al hacerse cargo la Unidad de Investigación Financiera y por tanto, la sentencia no tiene efectos restitutorios para el quejoso.
El reavivamiento del tema, todo parece indicar, obedece a la anunciada ofensiva jurídica y política de Morena, tras la aprobación del paquete de reformas constitucionales.
No olvidar que en Sonora, Morena tiene a sus principales aliados en el padrecismo, revivido con la bocanada de oxígeno que le dio el espectacular triunfo de Andrés Manuel López Obrador, del que se colgaron con ejemplar oportunismo, y hoy están desahogando una agenda común de revanchas, por diversos motivos, pero convergiendo en el odio hacia el gobierno del estado, y señaladamente hacia la gobernadora Claudia Pavlovich y sus principales funcionarios.
Respecto a las acciones de inconstitucionalidad para las fiscalías de Veracruz y Chihuahua, esos casos no tienen que ver con la de Sonora. Es un criterio aislado y la misma Suprema Corte rechazó la competencia por no considerarlo relevante.
De hecho, se han presentado amparos idénticos por los mismos abogados a nombre de diferentes inculpados o procesados en la FAS (todos ellos ligados al padrecismo) y algunos se han declarado improcedentes y sólo el de Guillermo Padrés ha procedido en declararse anticonstitucional.
Ciertamente, en los próximos días habrá de conocerse la resolución definitiva y entonces ya se verá exactamente en qué términos viene. Por lo pronto hay que hacer acopio de información para estar en condiciones de saber de qué lado está el Poder Judicial, si del lado de los corruptos o del lado de la justicia. Qué nervios.
II
Pero dejando de lado los espinosos temas de la despiadada política, ayer por la tarde acudimos a la inauguración del albergue Tin Otoch, para atender a menores migrantes, acompañados y no; nacionales y extranjeros, sobre todo de Centroamérica.
Por su condición de estado fronterizo, Sonora es una de las últimas aduanas en el camino del sueño americano, y el tránsito de estos menores no es insignificante. Sólo en lo que va del año, autoridades estadunidenses arrestaron en Tucson y Yuma casi cuatro mil menores. No es difícil imaginar las condiciones en las que llegan después de miles de kilómetros sorteando toda clase de peligros y carencias.
La inversión para concretar este albergue fue de 25 millones de pesos y, de acuerdo con la gobernadora Claudia Pavlovich, todo comenzó con la donación de la fundación Howard G., de un millón de dólares; a la que siguieron otras, como las de Arca Continental, fundación Coca Cola, y Escuelas Sustentables, así como recursos federales y estatales.
Fue un largo camino el que transitaron la presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres y la directora Karina Zárate, para lograr la construcción y equipamiento de este albergue, que tiene instalaciones de primera para atender hasta 50 niños y adolescentes.
Estancias, cocina y comedor; dormitorios, estancia para madres con hijos en lactancia, área de juegos, entretenimiento y hasta un gimnasio en casi mil metros cuadrados de construcción y otros 810 en su patio central; con personal capacitado y todos los requerimientos de Protección Civil, para cumplir con los estándares internacionales de protección a la infancia, que lo hacen único en su tipo en todo el país.
El albergue utilizará el modelo de atención de puertas abiertas que promueve la Unicef, que considera la migración como un derecho humano que no debe ser criminalizado.
En el evento estuvieron presentes el director del DIF nacional, Jesús Naime Libién y la consultora de Unicef encargada del proyecto Children on Move, Gema Jiménez O’ Farril, así como el delegado del Instituto Nacional de Migración, Vladimir Becheret Ruiz y la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández, entre otras personalidades.
III
Por cierto, la gobernadora y la alcaldesa llegaron a esta inauguración desde San Pedro El Saucito, donde develaron la nomenclatura en el tramo de la carretera que cruza el poblado, que en adelante llevará el nombre de Gilberto Gutiérrez Quiroz, decano profesor de derecho en la Universidad de Sonora, ministerio público, juez, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, entre otros cargos que ha desempeñado siempre con honestidad y humildad.
Merecido reconocimiento para don Gilberto, forjador de generaciones de abogados, y de servidores públicos; ejemplo siempre de verticalidad y profesionalismo. Enhorabuena.
IV
Ernestina Castro Valenzuela fue designada ayer como coordinadora parlamentaria de la bancada de Morena en el Congreso local, llevando como vicecoordinador a Martín Matrecitos. La designación se dio en la plenaria de los legisladores locales de Morena, en la que el dirigente estatal Jacobo Mendoza la describió como “una mujer muy destacada al interior del partido a quien su preparación académica y política la hacen la mejor propuesta para dirigir los trabajos del grupo parlamentario”.
Ernestina Castro es candidata electa por el distrito 17 con sede en Cajeme. El 22 de marzo de 2014, rindió protesta como dirigente municipal de la asociación Democracia Social AVE Cajeme, filial del PRI.
Protesta que le fue tomada por el dirigente estatal de esa asociación, Benjamín Gaxiola, en un acto donde estuvo también presente el entonces diputado federal Faustino Félix Chávez.
Es claro que la hoy coordinadora parlamentaria renunció después al tricolor para sumarse a las filas de Morena.
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