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Sara Valle: no le atina a nada

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Recordará la cuarentenada lectora, el resguardado lector que hace unos días le comentábamos aquí cómo la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero interpuso sendas denuncias en el Congreso del Estado y en el IEE (donde no le habían dado entrada) contra el diputado Gildardo Real Ramírez.

Las denuncias intentan combatir no solamente los graves señalamientos sobre sonados casos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros asuntos que han traído a maltraer a la presidenta municipal de la llamada ‘perla del mayo’, y que han derivado en una solicitud de juicio político en el Congreso y varias denuncias en la Fiscalía Anticorrupción.

Pues bien, la que se sumó a una estrategia similar es su homóloga de Guaymas, Sara Valle Dessens, a quien ya no le alcanzan los dedos para tapar los hoyos por los que hace agua la panga en donde surca los embravecidos mares de la ingobernabilidad en el puerto.

Hace un par de meses, alguien de Morena me comentaba que el alud de críticas, señalamientos y denuncias contra las administraciones municipales encabezadas por la coalición que encabeza ese partido, obedecen a una campaña para desacreditarlas de manera que lleguen seriamente desgastadas al proceso electoral 2021. Y que buscarían los medios de defensa para contrarrestar esa campaña.

Parte de esa contraofensiva incluye montarse en la ola del feminismo para alegar que los cuestionamientos en su contra acreditan violencia política por razones de género.

Al parecer, eso es lo que estamos viendo.

Pero en el caso de Sara Valle sus asesores la llevan por una senda equivocada. Nada raro en la administración que encabeza.

Resulta que la señora no apeló al Congreso ni al Instituto Estatal Electoral, sino ¡a la Comisión Estatal de Derechos Humanos!

Allí, la alcaldesa presentó una queja contra el mismo diputado Real Ramírez, exponiendo que la solicitud de juicio político en su contra se funda en motivos de género, que la atacan por el hecho de ser mujer, que están violentando sus derechos políticos y que por tanto, exige una recomendación de la CEDH contra el legislador.

Lo cierto es que como autoridad no puede solicitar una recomendación a esa instancia, ni a la CEDH le corresponde darle cauce.

Regidores y ciudadanos tanto de Guaymas como de Navojoa son quienes promovieron las solicitudes de juicio político contra las alcaldesas de esos dos municipios, argumentando una larguísima lista de irregularidades, omisiones y presuntos actos de corrupción.

Veremos en qué para todo esto.

II

Y ya que andamos por rumbos de los temas de género, y concretamente los de protección a la mujer y prevención de la violencia en su contra, ayer consignamos la puesta en marcha del Centro de Justicia para Mujeres en Hermosillo donde se ofrece atención integral para mujeres violentadas.

Ahora nos enteramos que el gobierno de Sinaloa replicará la aplicación móvil ‘Mujeres Seguras’ generada en la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, acuerdo que se tomó en el marco del convenio de colaboración entre ambas entidades para compartir programas con perspectiva de género.

El convenio fue firmado durante un encuentro virtual que sostuvieron los secretarios de Seguridad de ambos estados, David Anaya Cooley y Renato Ocampo Alcántar, en representación de los gobernadores Claudia Pavlovich y Quirino Ordaz, de Sonora y Sinaloa, respectivamente.

El acuerdo consiste básicamente en intercambiar el modelo del Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Intrafamiliar y de Género (ALVI), y la aplicación Mujeres Seguras.

Participaron como testigos virtuales de la firma de este convenio, funcionarias y funcionarios de ambas entidades, titulares de las dependencias relacionadas con el tema.

III

Y en el tema triste de la semana hay que apuntar el surgimiento de una nueva clase empresarial que, ante la ausencia de autoridades reguladoras y fiscalizadoras, decidió invertir los pocos o muchos recursos a su alcance en la compra masiva de medicamentos para prevenir o aliviar síntomas del Covid19.

El efecto inmediato fue el desabasto de esas medicinas, que por cierto, algunos médicos sostienen no sirven de nada. Pero ante el pánico de una pandemia que no cede y al contrario, cada día aparece más letal, la gente busca desesperadamente cómo evitar caer enferma, y está dispuesta a pagar el doble o el triple de los precios normales.

La colega y amiga Karla Montaño reportó desde el puerto de Guaymas a una persona de nombre Viridiana Durán que publicita la venta de esas medicinas en sus redes sociales.

Lo carroñero de esta persona no lo es todo, si se compara con el cinismo. En una interacción (desde una cuenta alterna) con un posible cliente que se quejó porque una de esas medicinas cuesta 150 pesos la caja en las farmacias, mientras que la señora Durán la ofrece en 800, ésta le respondió con frescura: “No hay (en farmacias porque) las compré todas”.

Pero este caso no es el único. En varios municipios del estado han surgido estos nuevos emprendedores que hacen de la desgracia ajena su negocio. Las autoridades, mientras tanto, desaparecidas.

Si ver esto es triste, no lo es menos ver a personas como Guillermo Noriega Esparza, hoy alto funcionario del IMSS cayendo en el juego perverso de señalar a las autoridades estatales como las responsables de atender este problema, cuando es claro que se trata de responsabilidades compartidas con la federación, a la que parece deslindar a toda costa.

Es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la que debe atender este asunto, en coadyuvancia con la instancia estatal (Coesprisson), pero el buen Memo Noriega al parecer ya cayó en esa dinámica de pasar por el tamiz de la política partidista los asuntos de salud pública.

De hecho, la Cofepris tiene una línea gratuita para denunciar estos casos: 01 800 0335050.

En fin, se verán cosas peores.

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