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Cuatro meses después del primer contagio, la muerte ha tocado la puerta de prácticamente todos los hogares de Sonora. Hemos llegado a ese momento en que directa o indirectamente, todos tenemos a alguien por quien llorar, por quien elevar plegarias.

Las cifras lúgubres del coronavirus muestran más tendencia a crecer que a disminuir y aun así, el gobierno federal colocó a Sonora entre los estados con semáforo naranja, es decir, autorizó la reactivación de una serie de labores no esenciales: deportivas y de recreación, de algunos servicios y comercios.

Ni la gobernadora ni el secretario de Salud mostraron optimismo por esta medida. Antes bien, alertaron sobre escenarios más trágicos si no se acatan, desde el ámbito de lo personal, de lo familiar, medidas extremas de prevención. 

El panorama no es, ni lejanamente, promisorio. Las posibilidades de incremento en los contagios amenaza con saturar los hospitales y clínicas, que están prácticamente al tope, y con el personal hospitalario muy cansado, agotado en sus largas jornadas y desconsolado, impotente, desesperado frente a una sociedad que no acató el confinamiento ni cuando el semáforo estaba en rojo. Mucho menos lo hará ahora que está en naranja.

Finalmente estamos aquí, donde se cruzan los caminos de la reactivación económica y la salud pública. Encrucijada difícil si las hay, pero es la ruta que debemos andar.

Llegar vivos o al menos saludables al final del camino ya no depende sólo de las políticas públicas, sino sobre todo, de la responsabilidad individual, del compromiso personal con la salud y con la vida.

II

Por fin están dando muestras, los diputados y diputadas locales de Morena, de que están remontando la curva de aprendizaje y, al menos en maniobras y marrullerías ya llevan algunos puntos acumulados para acreditar el grado.

La más reciente es la que están poniendo en práctica para prolongar hasta donde se pueda el juicio político a la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero. En la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales votaron en contra de la declaratoria de improcedencia a la solicitud de la munícipe, para recusar al diputado Eduardo Urbina en este tema.

Para que tal solicitud sea eliminada o aceptada se requieren cinco votos, pero sólo se lograron cuatro, ya que el propio Urbina se excusó de participar en la sesión para no viciar más el proceso.

Los diputados que votaron a favor fueron Jesús Alonso Montes Piña (PES); Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias (PRI), y María Dolores del Río (MC). Con el voto de Urbina la solicitud de la alcaldesa para sacarlo del proceso hubiera sido declarada improcedente y el juicio político tomaría curso.

Pero no fue posible porque los tres morenistas: Raúl Castelo, Griselda Soto y Norberto Ortega votaron en contra, dándole largas al asunto.

La alcaldesa solicitó que el panista Urbina sea retirado de la comisión debido a que ya adelantó una posición a favor de su juicio político, en declaraciones dadas a conocer hace algunas semanas. 

Como se sabe, ningún diputado puede -así lo establece la Constitución- ser reconvenido por sus opiniones, ya que son inviolables. La solicitud de la alcaldesa carece de sustancia, pero tiene los votos para mantener el tema en stand by. 

Los morenistas argumentan que Urbina no puede ser juez y parte. 

Esta es la primera vez (al menos en los 30 años que tengo cubriendo la fuente legislativa) que se solicita retirar a un diputado de alguna comisión por sus declaraciones. 

Si tal solicitud procediera, los morenistas estarían sentando un precedente que en determinado momento podría volverse contra sí mismos, porque sería validar una especie de Ley Mordaza que les impediría hacer declaraciones sobre los temas que se abordan cotidianamente en el Congreso, so riesgo de ser separados de las comisiones en las que participan.

Francamente, una locura, sobre todo porque las declaraciones a las que se refieren los diputados de Morena, fueron hechas por Urbina hace tres meses, cuando ni siquiera se había presentado la solicitud de juicio político.

La posición de los morenistas no tiene buen destino, pues basta que Urbina decida incorporarse a la sesión de la Comisión respectiva, para que la solicitud de juicio político sea dictaminada y enviada al pleno.

En el fondo, como lo señaló el diputado presidente de la comisión, Alonso Montes Piña, alargar el proceso “nos va a hacer quedar más mal de lo que hemos quedado con la ciudadanía navojoense”.

Lo que están haciendo los diputados de Morena en la comisión es impedir que se ventile la serie de acusaciones en contra de la alcaldesa Quintero Borbón y que tienen que ver con presuntos actos de corrupción y nepotismo.

La alcaldesa por su parte, se ha acogido a la legislación en materia de violencia política de género para explorar una línea de defensa alterna según la cual, las acusaciones en su contra obedecen a su condición de mujer, y no de funcionaria pública. 

En los próximos días veremos el derrotero que toma este asunto.

III

Y a propósito de derrotas anunciadas, no le fue bien a John Ackerman en su intento de sabotear el proceso de elección de los cuatro nuevos consejeros electorales del INE. 

El propio diputado federal Porfirio Muñoz Ledo lo acusó de ‘golpista’ y de querer nombrar a consejeros aptos, sino adeptos. “Olvidan que la autonomía del INE es construcción de la izquierda. Nosotros buscamos la democracia y ellos la autocracia ¡Qué lástima! No pasará”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al cierre de esta columna, la mayoría de los diputados morenistas no se habían sumado a la intentona de Ackerman. El miércoles se votará en el pleno para elegir de entre 20 aspirantes agrupados en cuatro quintetas, a dos hombres y dos mujeres para ocupar los cargos de consejeros en el INE.

Si no se logra la mayoría calificada, el pleno procederá a una insaculación, que en este caso sería una especie de tómbola en la que no se garantiza que al cargo lleguen los mejor calificados, aunque se supone que los 20 finalistas reúnen cualidades para asumirlo.

Cualquiera que sea el resultado, la bancada de Morena va a salir dividida de este proceso.

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