Inicio Arturo Soto Al filo del desacato y la insubordinación

Al filo del desacato y la insubordinación

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Va a sonar muy rudo, pero en sentido estricto, si les aplican el reglamento a los policías federales que ayer protagonizaron movilizaciones de protesta negándose a ser transferidos a la Guardia Nacional, podrían ser acusados de insubordinación y desacato, procediendo a darlos de baja sin mayor trámite.

Desde luego, el asunto tiene demasiadas aristas y enfoques desde los cuales ser abordado.

El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador adelantó en un video difundido ayer, que tras las protestas de los federales había “mano negra” y citó como origen del conflicto el proceso mediante el cual la Secretaría de Seguridad Pública fue absorbida por la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero el asunto comenzó un poco antes, en 2008, cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Felipe Calderón era presidente y Enrique Peña y Miguel Ángel Osorio Chong eran gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, respectivamente. Los cito porque cuatro años después el primero sería presidente y el segundo su secretario de Gobernación.

Los estudiosos del tema de la seguridad asumen, sin embargo, que el proceso de abandono estructural de las corporaciones policiacas comenzó mucho antes, unos 40 años atrás, pero tampoco sirve de mucho patear el bote de las responsabilidades en sentido inverso a la rueda de la historia.

Lo cierto es que las protestas de este miércoles contienen un inocultable ingrediente político del cual no dudaron un instante en ‘colgarse’ los opositores al actual gobierno, como quedara muy claro en las consignas “¡Fuera Durazo”! y “¡Fuera López Obrador!”.

Este último por cierto, también deslizó la posibilidad de que se tratara de “fuego amigo”, algo que fue interpretado como un síntoma de la tempranera lucha interna en las filas morenistas entre los dos más adelantados precandidatos a suceder al tabasqueño: Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo. Una lucha que por cierto, no dudaron en atizar los adversarios externos, señaladamente Vicente Fox y Felipe Calderón, que van a todas.

Esto último ha servido para que algunas voces desde el círculo más cercano a López Obrador comiencen a hablar de una eventual intentona de golpe de Estado, lo cual parece un despropósito, pero que el sólo pensarlo eriza la piel, considerando que no se trata de civiles quienes están en las calles, sino agentes armados.

Hay también un enfoque laboral en este tema, que los más radicales en el gobierno consideran prescindible toda vez que si en las filas policiacas se privilegiaran derechos laborales, hace mucho se habrían constituido sindicatos de sus elementos, lo cual no existe.

En las filas policiacas y castrenses las órdenes superiores se acatan. No hacerlo constituye un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad y es causal de baja.

El principio bajo el cual se aplica esta premisa es la confianza en una tropa que en determinados momentos podría echarse hacia atrás en sus labores de combate a la delincuencia o peor aún, pasarse, abierta o subrepticiamente al bando contrario, algo que por cierto existe desde tiempos inmemoriales.

Tanto el presidente como el secretario de Seguridad han dicho que el problema se resolverá sin represión y por la vía del diálogo, pero ayer los policías inconformes se levantaron de la mesa de negociaciones y advirtieron que radicalizarían sus protestas.

El tema no es, de ninguna manera, menor, ni podría reducirse a un cálculo numérico de los agentes rebelados. Argumentar que son sólo cinco mil y en su mayoría reprobados en exámenes físicos, sicométricos y de confianza parece no considerar que la Guardia Nacional, esa gran apuesta del gobierno para resolver el tema de la inseguridad pública ha generado molestias en una sector más amplio de los agentes, obligados a formar filas con una mayoría de militares a quienes no se les exigen los mismos requisitos que a ellos.

El tema pues, aparece en una mayor complejidad y pone a prueba toda la vocación de diálogo, negociación y capacidad de respuesta del nuevo gobierno.

II

El próximo miércoles se develará el misterio acerca de la identidad de quien relevará a Aarón Grageda Bustamante en la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que será electo de entre una lista de 26 aspirantes registrados (18 hombres y 8 mujeres).

Inicialmente la lista era de 27, pero una de ellas, Karina Bethzabeth Romero Sánchez no acreditó todos los requisitos.

El próximo domingo, la Comisión de Selección que preside Marco Antonio Andrade Aguirre iniciará la ronda de entrevistas, toda vez que ya llevó a cabo la revisión de perfiles, currículms y trayectorias de los aspirantes, y después de las deliberaciones correspondientes, el miércoles se tomará la protesta constitucional en el Congreso del Estado.

El relevo surgirá de entre l@s siguientes aspirantes: Alfonso López Barrio, Wilfredo Román Morales Silva, Abraham Yeomans Orozco, Miguel Arturo Morales Zamorano, Katia Cota Martínez, Christian Alberto Arellano López, Mario Jorge Terminel Siqueiros, José Guillermo Ulloa Martínez, Elizabeth Pérez Jiménez, Juan Manuel Balbastro Fimbres, Desdémona Guadalupe Cota Valenzuela, Roberto Lagarda Lagarda, Edna Villarreal Peralta, Javier Alejandro Lugo Sau, Juan José Reyes Cervantes, José Alfredo Flores Valdez, Ángel Aníbal Flores Muñoz, Armando Andrade Márquez, Carmen Guadalupe Zavala Sañudo, Ana Karen Lerma Navarro, Domingo Valdez Gómez, Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, Guadalupe Borgo Valdez, Juan Carlos Reyes Valdez, Esmirna Lizbeth Gallardo Fernández y Jorge Soto Rodríguez.

La Comisión de Selección está conformada por nueve integrantes, tres de ellos recientemente nombrados por el Congreso en sustitución de los ciudadanos que renunciaron para ir en pos de destinos no tan ciudadanos.

Leticia Cuesta Madrigal se fue como candidata al senado por el PAN, como segunda en la fórmula que encabezó Antonio Astiazarán Gutiérrez; Guillermo Noriega Esparza despacha hoy como delegado del IMSS en Sonora, y Álvaro Bracamonte Sierra es parte de la Cuarta Transformación.

III

¿Y si también andan placeando a Jorge Vidal Ahumada? No lo sé, pero en dos días el secretario de Economía ha tenido apariciones públicas; la primera para destacar los logros del gobierno del estado en materia de generación de empleos, un rubro en el que Sonora se despega de los indicadores nacionales, donde las cifras no son halagüeñas.

Y ayer, apareció al lado de la gobernadora Claudia Pavlovich atendiendo a directivos de la trasnacional Ford México para conversar sobre el desarrollo de esa empresa en Hermosillo.

Vidal Ahumada es uno de los secretarios que más y mejores resultados le ha dado a la gobernadora; no se mete en grillas políticas y sin prisa pero sin pausa ha tejido una poderosa red de contactos en México y en el plano internacional, justo en el ámbito en el que mejor se desenvuelve, que es el de las finanzas y la promoción económica.

Nunca ha manifestado interés por buscar una candidatura, pero vistas las cosas fríamente, tiene un perfil que resultaría muy interesante y que en determinado momento podría resultar sumamente competitivo.

Hasta donde tengo entendido, Jorge Vidal lleva una excelente relación de muchos años con Ernesto Gándara, lo que agrega un ingrediente que sazona más la adelantada carrera sucesoria en Sonora.

No crean que esto es un destape. Sólo me llamó la atención.

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