Arturo Soto Munguía
A unos días de que se lleve a cabo esa especie de reunión cumbre sobre Seguridad Pública en Sonora, el titular de esa área en la entidad, David Anaya Cooley se reunió en la ciudad de México con su homólogo federal, Alfonso Durazo Montaño, en lo que sería un encuentro para intercambiar información real y de primerísima mano sobre el estado de cosas en Sonora.
El próximo martes, Durazo Montaño estará presidiendo en Guaymas esta reunión en la que participará la gobernadora y los alcaldes de ese puerto, de Hermosillo, Cajeme, Navojoa y Empalme, al menos, además de altos mandos de la secretaría de Defensa, Marina, Guardia Nacional y FGR.
En los últimos meses, la actividad de bandas del crimen organizado escaló de manera dramática en Sonora y mantiene focos rojos en varios municipios, donde han protagonizado enfrentamientos, ejecuciones y francos retos a la autoridad, que no se habían visto nunca, al menos con la frecuencia e intensidad de estos días.
Desarticular esas bandas requiere, además de organización, fuerza y poder de fuego, una delicada labor de inteligencia y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, y es precisamente en esa tónica que ayer se realizó este encuentro de los secretarios de Seguridad federal y estatal, ambos sonorenses, por cierto.
De acuerdo con los trascendidos, ambos funcionarios coincidieron en que no se van a escatimar esfuerzos para mejorar los resultados obtenidos hasta el momento al bajar los índices en delitos patrimoniales, extorsión, robo de vehículos, entre otros, pero la gran asignatura pendiente sigue siendo la de los delitos de alto impacto, causa y efecto de la disputa por el territorio entre grupos criminales.
Los operativos coordinados poco a poco comienzan a dar resultados con la detención de sicarios, narcomenudistas y robacarros, pero la situación amerita fortalecer ese trabajo y echar mano de todos los recursos tecnológicos para recuperar niveles de tranquilidad que, innegablemente se han perdido.
Esperemos que de esa cumbre del próximo martes se deprendan acciones efectivas para avanzar en ese camino.
II
Visos de solución, al menos parcial y gradual se observan en el Instituto Estatal Electoral, donde ayer volvieron a manifestarse los empleados despedidos (que suman 38) y persiste la inconformidad entre otros que se mantienen en sus cargos pero sin cobrar las últimas dos quincenas dada la insuficiencia presupuestal por la que pasa la institución.
Este jueves se llevará a cabo una reunión del Consejo General en la que aparecen un punto en el orden del día, relacionados con el tema: modificaciones al acuerdo CG10/2019 (relativo a las medidas de austeridad) y ajustes al presupuesto de egresos.
El objetivo planteado en estos puntos es destrabar los pagos de la quincena pasada para la plantilla laboral, garantizando la nómina hasta diciembre. Las personas que fueron dadas de baja se mantienen en esa condición, aunque los ajustes que deberán ser aprobados hoy busquen incluirlos en el pago de la segunda quincena de julio.
Se supone que los acuerdos llegarán planchados a la sesión, y al menos en este punto se espera la aprobación unánime de los consejeros, aunque el tema de los despedidos no será abordado hoy, por lo que seguirá haciendo ruido en los días por venir.
Este conflicto ha enfrentado a los siete consejeros atomizándolos en dos bloques, uno de cuatro formado por Daniel Núñez, Maribel Salcido, Arturo Kitazawa y Daniel Rodarte; en el otro aparece la presidenta Guadalupe Taddei con Vladimir Gómez y Claudia Alejandra Ruiz.
En redes sociales, particularmente en Twitter se ha desplegado una campaña contra la presidenta, señalándola como la responsable de hacer nuevas contrataciones que terminaron agotando el presupuesto, y esa campaña está algo rara.
El despacho de ayer en el que abordamos el tema, fue “subido” a la red pasada la media noche, e inmediatamente fue retuiteado por al menos cinco cuentas muy peculiares. Una leve stalkeada a las mismas mostró que todas traían los mismos retuits pegándole a Taddei. Sólo tres o cuatro tuits en la misma tónica, pero en sus TL aparecían enseguida tuits fechados en 2013, 2014 y 2015. Es decir, esas cuentas estaban “congeladas” y las reactivaron para esta campaña.
Por cierto, cada vez comienzan a surgir más voces que mencionan el nombre de Sergio Gutiérrez Luna como alguien involucrado en este tema. Ex funcionario de la administración de Guillermo Padrés, él despacha ahora como diputado federal por Morena, y es el autor y promotor de la iniciativa para desaparecer los Organismos Públicos Electorales Locales, para concentrar todas sus funciones en el INE.
III
Hace varios días mencionábamos cómo el discurso de odio que prevalece en redes sociales no tiene un origen espontáneo ni es casual. Obedece a una estrategia muy bien planeada y con una intencionalidad explícita de desacreditación a partir del denuesto, la calumnia, la mentira y las medias verdades; los epítetos y descalificaciones.
Las conferencias mañaneras del presidente se han convertido en una oportunidad cotidiana para el choque en esos términos. Andrés Manuel pica la cresta temprano y todo el día se queda en el ambiente una animosidad rijosa en todos los bandos, que nos está llevando a no respetar absolutamente nada.
Todo México es territorio del descontón y la mentada. El asunto se torna particularmente grave cuando eso adquiere visos de una política de Estado hacia los medios de comunicación, señaladamente a los discordantes o francamente opositores. En la descalificación no se salva nadie: hasta Proceso fue anatemizado y remitido al anaquel de la prensa conservadora.
La consigna es clara y el presidente lo dice sin cortapisas: si no apoyas sumándote a sus políticas, eres conservador y por lo tanto un estorbo para el proyecto de nación. La infalibilidad como dogma de fe no da espacio a la discrepancia, mucho menos a la crítica, a la que el presidente es impermeable porque él siempre tiene otros datos y esos son, desde luego, los correctos.
El tema ya ha merecido llamadas de atención desde la mismísima ONU y de varias organizaciones de periodistas, Artículo 19 incluida, alertando sobre las eventuales consecuencias de seguir alimentando la confrontación y el odio; la descalificación y el anatema en un país de violencia normalizada, donde en lo que va de la actual administración han sido asesinados casi una veintena de periodistas.
Es cierto que desde la oposición también se alienta el encono, pero la oposición no tiene las cajas de resonancia de los medios públicos (y no pocos privados), ni el aparato de coerción que siempre se cierne sobre la disidencia, ni la estructura político-partidista para bajar las líneas de comunicación desde Palacio Nacional hasta el más recóndito pueblito de cualquier estado.
Por donde quiera que se le vea, eso no está bien. No es un buen augurio.
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