Inicio Arturo Soto Desafuero al presidente: ¿un balazo en el pie?

Desafuero al presidente: ¿un balazo en el pie?

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Aunque le falta caminar un tramo de su ruta crítica, la reforma constitucional para eliminar el fuero presidencial es casi un hecho. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y tendrá que ser remitida al Senado, de allí a los congresos estatales para su ratificación y nuevamente regresada a la cámara baja para su aprobación.

Una abrumadora mayoría de 111 senadores (un solo voto en contra) aprobaron en marzo pasado la primera redacción que incluía la eliminación del fuero para diputados y senadores, pero ese punto fue eliminado en esta nueva propuesta, considerando que esa figura ya existe en la legislación aplicable para ellos.

Originalmente el presidente sólo podría ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común; la reforma incluye ahora que puede ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, genocidio, financiamiento a actividades terroristas, entre otros.

Como sucede con muchas otras reformas, el espíritu que las alienta es bien intencionado y parte de una legítima aspiración para acabar con la impunidad de funcionarios públicos, acaso el principal aliciente para la comisión de actos de corrupción.

Y como suele suceder en México, el detalle está en las letras chiquitas, pero sobre todo en una realidad donde la separación e independencia de poderes es todavía un tema aspiracional, una meta y quizás, una quimera.

Aunque en el pasado ya se habían presentado iniciativas en este sentido, es hasta ahora que el propio presidente de la República envió la suya al Congreso, que el tema cobra relevancia precisamente porque la configuración actual de las cámaras, donde la coalición que encabeza Morena es mayoría, parece estar diseñada para convertirse en un acto más de simulación democrática.

Una lanzada que pareciera no prever un futuro -muy probable por cierto- en el que un reacomodo de fuerzas, más equilibrado, podría llevar el desafuero presidencial a los linderos de la ingobernabilidad.

Resulta un poco paradójico que la iniciativa provenga de quien fue desaforado el 7 de abril de 2005, siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal, tras un largo litigio de más de un año. La decisión de los diputados federales sólo pudo echarse atrás con una intensa jornada de movilizaciones populares que por cierto, ayudaron a López Obrador a apuntalar su candidatura presidencial y lo pusieron a las puertas de Los Pinos en 2006.

En aquel entonces fue de todos conocido que el presidente Vicente Fox estuvo detrás de la solicitud de desafuero a Andrés Manuel y la intención era descarrilar su candidatura presidencial. Para ello utilizó a los diputados de su partido y a sus aliados (incluido el PRI) para lograrlo.

Qué tanto han cambiado las cosas, qué tan fortalecidas e independientes son ahora las instituciones legislativas y judiciales; qué tan autónoma es la propia Fiscalía General de la República para prever que no se vuelva a utilizar un tema penal como pantalla para el ajuste de cuentas político, es una duda razonable.

Al parecer lo que ha cambiado son las posiciones en que se encuentran ahora los personajes y las fuerzas políticas de ayer, pero básicamente el sistema permanece igual.

El desafuero presidencial tiene una vertiente penal, pero sobre todo, una política. Y si bien en estos momentos su eliminación puede resultar una algarada toda vez que el principal fuero lo tiene el presidente en una mayoría legislativa favorable para sus causas, y un Ministerio Público plegado a sus afinidades políticas, eso puede cambiar más adelante.

Así, lo que debería dirimirse en las cámaras, en los tribunales y los ministerios públicos, pasaría a dirimirse en las calles.

Por un lado se advierte una sobrada confianza del presidente en que su excesivo poder le permitirá por mucho tiempo seguir optando, en la disyuntiva entre la ley y la justicia, por la justicia (entendida como su personal interpretación, como fue el caso del desacato al ordenamiento de un juez que lo llevó a su propio desafuero en 2005).

Por el otro, la esperanza de la oposición a que en 2021 puedan cambiar la correlación de fuerzas en las cámaras (lo que sigue viéndose remoto) y eventualmente, enderezar el primer juicio de desafuero presidencial contra el propio promotor de su eliminación.

Yendo más allá, un presidente que llegue en 2024 sin la legitimidad con la que asumió Andrés Manuel en 2018 estaría permanentemente en la mira de sus opositores para derrocarlo por la vía legal, lo cual suena bien pues tendría que pensarla dos veces antes de incurrir en alguno de los delitos por los cuales podría ser desaforado.

Ese es el lado positivo de la reforma: la garantía de que la inmunidad no es lo mismo que la impunidad.

La duda sigue prevaleciendo, sin embargo, acerca de si el entramado institucional en México es suficientemente maduro, sólido y con independencia de poderes, para evitar que el combate a la impunidad siga teniendo ese tufillo a revanchismo político, a ajustes de cuentas.

II

Al que le salió lo revolucionario y dejó de lado lo institucional fue al Pato de Lucas, dirigente estatal del PRI que ayer convocó a rueda de prensa para írsele a la yugular al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien descalificó de cabo a rabo y no concedió una sola buena acción en lo que va de su mandato.

A propósito de la gira por las comunidades indígenas de Sonora, El Pato dijo que no trajo ni una sola buena noticia: ni resolvió lo del fondo minero, ni lo de las estancias infantiles, ni lo de la cuatro carriles, y en cambio lo que se supo es que redujo un 40% al presupuesto para esas comunidades.

Por tal razón, aseguró, Sonora debe valorar seriamente abandonar el pacto federal y buscar nuevos esquemas para hacer frente al abandono del gobierno federal.

La declaración llamó la atención, pues apenas unos días atrás la gobernadora Claudia Pavlovich manifestó exactamente lo contrario. Agradeció al presidente las atenciones para Sonora y sostuvo que de ninguna manera está pensando en hacer suya la propuesta que comienza a perfilarse por parte de gobernadores de otros estados, de romper el pacto federal.

Al preguntarle al respecto, De Lucas Hopkins respondió de forma lacónica, pero lapidaria: “Esa es la posición de la gobernadora, la del PRI es esta”.

Punto.

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