Estos días que corren no son, definitivamente, los mejores para sacar cuentas alegres en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
La percepción es parte de la realidad, y esa percepción parte de un recuento nunca antes visto, al menos en esas dimensiones, de crímenes violentos derivados en su mayor parte por ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado: baleados, quemados, encobijados, descuartizados han venido configurando un escenario de terror en el que han caído al menos una decena de agentes policiacos, y que inevitablemente impacta la conciencia colectiva.
Reconocerlo es el primer paso para encontrar las estrategias que contengan y reviertan esta tendencia a la alza en los índices de criminalidad, especialmente los relativos a delitos de alto impacto, que de acuerdo lo expuesto por la fiscal General de Justicia en su comparecencia ante el Congreso del Estado, comenzó a repuntar desde el año 2007 y se mantiene a la alza desde 2010.
Claudia Indira Contreras Córdova acudió ayer ante el pleno del Congreso para exponer el estado que guarda la procuración de justicia en el estado, que es fundamentalmente el área de su competencia, aunque no evadió preguntas sobre seguridad preventiva y administración de justicia que competen a otras instancias, si bien involucran a los tres niveles de gobierno.
Como suele suceder hubo fuertes cuestionamientos de algunos legisladores de oposición, y espaldarazos y reconocimientos por parte de los afines al gobierno estatal.
Lo cierto es que la fiscal aprovechó el foro para hacer un llamado a los diputados y diputadas para que consideren la propuesta de paquete presupuestal que habrá de presentar en breve el Ejecutivo, para asignar los recursos necesarios para el fortalecimiento de sus tareas.
Tan sólo para la contratación de personal en áreas estratégicas (Ministerios Públicos, agentes de la AMIC, peritos, asesores jurídicos y facilitadores) se requieren 607 millones de pesos, sin contar lo que se necesita para equipamiento, armas, vehículos, etc.
Aun así, durante el tiempo que tiene al frente de la Fiscalía se logró el primer lugar nacional en sentencias condenatorias obtenidas, con el 99.8% de los casos, muy por encima de la media nacional que es de 13.6%, de acuerdo con datos de la organización México Evalúa.
Y eso que la Fiscalía sonorense tiene 4.9 agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes, contra una media nacional que es de 8.4%, según la organización Impunidad Cero.
Las cifras, sin embargo suelen no convencer al ciudadano medio, que tampoco le entiende mucho a las facultades institucionales de cada dependencia y nivel de gobierno, y reacciona con el natural temor, el desconcierto frente a la oleada criminal y exige resultados sin importar a quién.
Y eso es entendible en el ciudadano medio, pero no tanto en alguien que ya tiene un año ocupando una curul en el Congreso, como la diputada Gricelda Soto que, finalmente tampoco tiene la culpa de no entender nada, porque sólo es la lectora de tarjetas que le redactan sus asesores.
Una tarjeta con la exposición-pregunta, y una más con la réplica, que la señora lee independientemente si la fiscal respondió o no a su cuestionamiento. En buen plan, la bancada de Morena debería cambiar ese formato, o por lo menos cuidar de no incluir algunas palabras domingueras, porque la señora Soto batalla para pronunciarlas o las acentúa como le da la gana.
¿Asunto menor? No. Los diputados y diputadas están allí para cuestionar, para exigir cuentas, para reconocer aciertos, pero también para documentar fallas de los funcionarios públicos. Es su labor de contrapeso al poder Ejecutivo. Pero con una señora que batalla para leer fluidamente una tarjeta, poco se puede hacer.
El más puntilloso fue el diputado del PAN, Eduardo Urbina, quien contrastó la numeralia presentada por la fiscal y presentó sus propios datos, según los cuales la fiscalía tiene una eficiencia del 18% (por cada cien delitos cometidos, sólo se castiga 1.3, y eso sin contar que el 94 por ciento de las víctimas de delitos, no denuncia).
Aun así, coincidió en que se debe buscar mayor presupuesto para seguridad pública, por lo cual el grupo parlamentario del PAN propuso una iniciativa para que el 12% del presupuesto estatal sea destinado a esa área, y una iniciativa de base cero para reestructurar el presupuesto priorizando el tema de seguridad pública, el Poder Judicial y la policía.
II
Chascarrillos aparte, fue correcta la decisión de la Unidad Estatal de Protección Civil para suspender clases en municipios bajo alerta por las lluvias que se presentaron ayer, con unas horas de diferencia en el pronóstico, pero con efectos devastadores en algunas regiones.
Ríos y arroyos crecieron inusitadamente por el volumen de la precipitación pluvial; en algunas partes destrozaron carreteras y en las zonas rurales dejaron inundaciones, cortes de energía, escuelas anegadas y comunidades enteras incomunicadas. En Hermosillo las lluvias volvieron por momentos imposible el tráfico en algunas de las principales calles, de por sí dañadas severamente por anteriores precipitaciones.
Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero quizás el resultado habría sido distinto si las decenas de miles de estudiantes de educación básica hubieran salido de sus casas en medio de la crisis de movilidad que se registró.
Fue buena también la respuesta de las autoridades en términos de atención a la contingencia desde el ayuntamiento, cuyo personal estuvo muy pendiente bajo la supervisión de la alcaldesa y la operatividad de la policía municipal.
Desde el gobierno del estado también se coordinó un operativo de atención, y la gobernadora estuvo siempre pendiente y participó en la sesión del Comité de Operación de Emergencias realizada en el C5i, al lado de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidas las fuerzas armadas.
El saldo, afortunadamente fue blanco, aunque las tareas de reconstrucción se advierten titánicas en algunas comunidades.
La verdad es que la infraestructura urbana en las principales ciudades del estado no está en condiciones de soportar un fenómeno como el registrado ayer, y no se diga en poblaciones rurales que hoy están pasando muy malos momentos.
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