Vaya reto que tiene enfrente la gobernadora Claudia Pavlovich, su Fiscal General, Rodolfo Montes de Oca y el alcalde Maloro Acosta, así como a directivos del IMSS, a quienes va dirigida la recomendación de la CNDH para que expliquen las irregularidades detectadas en los procesos de adopción de 682 menores cuyo destino, a esta fecha, se desconoce.
La recomendación revive un tenebroso asunto sobre el que se han tejido mil historias macabras, como esa que ubica a la ex primera dama, Iveth Dagnino de Padrés, en funciones de guía VIP para probables padres adoptivos, por los cuneros del Hospital Infantil del Estado, ayudándoles a escoger los “más bonitos”, de acuerdo con testimonios del personal de ese nosocomio.
La CNDH dio un plazo de seis meses para que las autoridades a las que va dirigida la recomendación aclaren esas irregularidades relacionadas con imprecisiones en los informes del DIF estatal sobre el destino de esos 682 niños, 20 de ellos “vendidos” a parejas norteamericanas.
La parábola puede resultar grotesca, pero esa cantidad nos remite a un tianguis de infantes que les fueron arrebatados a sus padres mediante procesos oscuros, acciones perversas y grandes cantidades de dinero para obviar algunos trámites, desechar otros o compensar a padres biológicos, generalmente jóvenes muy pobres y/o presas de las adicciones.
Otras irregularidades detectadas son: falsificación de documentos, suposición y supresión de identidad de padres biológicos, por citar algunas.
La recomendación de la CNDH se deriva de una denuncia presentada por la Fundación Find y de la respectiva investigación que por más de dos años se hizo y que de hecho, ya tiene a varias personas en la cárcel: Vladimir Arzate, titular de la paradójicamente llamada “Línea Protege”; Ramsés Olivas y Adolfo Cota, señalados como cabilderos de esa mafiosa organización de tráfico de infantes; Edgard Vázquez Tello, responsable de traficar con avisos de nacimiento desde su puesto en el IMSS y Emma Consuelo Falcón, quien junto a José Manuel Hernández (ex asesor jurídico de la UGRS y aún prófugo), hasta habilitaron una casa habitación como guardería para tener allí a los niños mientras se “arreglaba” la documentación.
Pero va más allá. El ex procurador Carlos Navarro Sugich también aparece en la recomendación, como responsable por dilación de justicia en la integración de los expedientes contra 13 de los principales imputados en este escabroso asunto.
Como se recordará, Navarro Sugich también firmó el desistimiento que permitió dejar en libertad a Vladimir Arzate y José Manuel Hernández; el primero recapturado, el segundo aún prófugo.
El reto para las autoridades a quienes va dirigida la recomendación es aclarar toda esta turbiedad, deslindar responsabilidades y llamar a cuentas a los presuntos.
La oportunidad, tiene que ver con su propia reivindicación, frente al desencanto ciudadano que en los últimos días va en aumento, al ver cómo otros personajes del pasado sexenio están abandonando las cárceles y blindándose con amparos. De hecho, la inminente libertad del jefe de la banda, Guillermo Padrés sería un fuerte golpe a la principal divisa del actual gobierno, que hizo del combate a la corrupción y la impunidad, su principal bandera de campaña.
La recomendación de la CNDH les da la oportunidad de resarcir la credibilidad perdida en este contexto en que la percepción ciudadana se alimenta del sentimiento de que todos estos líos judiciales se dirimen en la mesa de negociación político-electoral.
Estamos pues, frente a un reto. Y frente a una oportunidad. Veremos qué pasa.
II
Traigo perdido el dato sobre las veces que la gobernadora Claudia Pavlovich ha pisado territorio yaqui para recomponer la suma de errores que el padrecismo acumuló hasta confrontar a la propia tribu dejando una estela de rencor y muerte de la que aún quedan secuelas.
Pero el sábado anterior nos tocó asistir a Loma de Guamúchil al cierre de las jornadas comunitarias que de nueva cuenta tuvo como sede el corazón del Valle del Yaqui, con el agregado de que esta vez se anunció el programa Escudo Ciudadano en su modalidad de Escudo Yoreme, orientado a atender la problemática de seguridad pública en los ocho pueblos yaquis, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Festiva convivencia en la que prevalece el respeto a los usos y costumbres de la etnia; el fraternal encuentro de yoris y yoremes bajo la ramada tradicional donde usualmente se firman acuerdos, pero que esta vez sólo fue una oportunidad para reiterar voluntades de unidad.
El saldo, favorable para la tribu. 30 millones de pesos para 213 unidades básicas de vivienda ya en proceso de construcción; 224 “cuartos rosa” con inversión de 10 millones de pesos; mil 909 becas estudiantiles por un monto de 5.5 millones de pesos; 50 proyectos productivos y una planta potabilizadora para cada uno de los pueblos yaquis, entre otras cosas.
Aglomeración de personalidades políticas, desde luego, y de ansiedades candidateables. Buena, la intervención del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, que ya superó la curva de aprendizaje, de acuerdo a la anécdota que me contó Toño Cruz, y que luego, con más tiempo se las narraremos en esta columna.
Bien, el alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez a quien se le vio en intensos diálogos con gobernadores yaquis.
Muchos otros personajes de la vida pública en el sur del estado, ahí presentes: Abel Murrieta y Anabel Acosta, punteros en la pre contienda por la alcaldía de Cajeme, por ejemplo. Los cinco diputados locales de aquel municipio pasando lista de presente.
Mucho qué escribir sobre este encuentro, pero el espacio se acaba y el análisis de lo ocurrido merece un despacho aparte. Luego lo comentaremos, porque también aquí hay un reto y una oportunidad.
El reto de resolver las ancestrales demandas de la etnia, y la oportunidad de comenzar a reconstruir el tejido social que el gobierno de Padrés dejó hecho garras.
III
Vaya lección que dieron los profesores sonorenses ayer, al llevarse a cabo la última jornada de evaluación del desempeño magisterial, al acudir prácticamente todos los seleccionados, sin importar las condiciones meteorológicas, especialmente en municipios como Cananea, donde ni la nevada impidió su asistencia.
El 99.5 por ciento de los maestros acudieron a evaluarse, seleccionados aleatoriamente mediante un software diseñado por académicos y estudiantes de la Universidad de Sonora, que entre otras cosas, elimina la posibilidad de “mano negra” en dicha selección, como era hasta hace poco una queja de los disidentes, que alegaban ajustes de cuentas políticos por parte de la autoridad educativa, en su contra.
Se despejan dudas, además, sobre la mano izquierda con que se ha venido manejando este tema por parte del secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins, que cierra el año con buenas cuentas, refrendando el por qué Sonora pasó a ser de los últimos lugares, al primero en evaluación magisterial.
Ignoro si esas buenas cuentas le sirvan para afianzarse como puntero en la anticipada carrera rumbo a la candidatura del PRI a la alcaldía de Hermosillo, pero es probable que sí.
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