Este sábado habrá de presentarse el tercer informe de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano. Un recuento de lo hecho a la mitad del camino y de lo que se proyecta rumbo a los próximos tres años, que perfilan una ruta bien interesante considerando esa gran incógnita que representa la nueva correlación de fuerzas que arrojó la elección del primero de julio tanto en lo federal como en el plano local.
Como en las dos ocasiones anteriores, no habrá actos suntuosos sino sólo la entrega del documento respectivo a la presidencia del Congreso, y que estará a cargo del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, toda vez que la titular del Poder Ejecutivo seguramente estará ocupada en los trabajos propios de la emergencia que significa la presencia de la tormenta tropical Sergio.
Suele haber, por estos días, cierta dosis de escarnio respecto al trabajo realizado en estos tres años, minimizándolo a partir del resultado electoral de julio pasado, en un ejercicio de ajuste de cuentas por expectativas personales no cumplidas, endosándole ese resultado al ejercicio de gobierno.
Pero tan malo es ver el árbol perdiendo de vista el bosque, como ver el bosque sin reparar en cada árbol. Tan ingenuo es pensar que el gobierno de Claudia Pavlovich es perfecto e impecable, como asegurar que sobre los hombros de la gobernadora pesa toda la carga de una derrota anticipada por una larga estela de errores, omisiones y desgraciados eventos que en el plano nacional apuntaron naturalmente a una alternancia distinta a la que habíamos visto hasta ahora. Quiero pensar eso.
Al margen de todo eso, y en justicia, hay indicadores que cobran especial relevancia sobre todo a la luz de las condiciones en que fue recibida la administración pública hace tres años y que la cortedad de memoria o la facilidad para acomodarse a escenarios impredecibles obligan a dirigir la mirada hacia otro lado.
Veamos: en educación, Sonora estaba en los últimos lugares y hoy es el que más avanzó en la más reciente evaluación PLANEA, ascendiencdo18 lugares en Lenguaje y Comunicación, donde estaba en el lugar 27 y hoy está en el noveno.
En matemáticas estaba en la posición 27 y ahora está en el lugar 15 según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
En desempeño educativo, los maestros sonorenses estaban en el último lugar y hoy encabezan la tabla.
Se logró la tasa más baja de desempleo en los últimos diez años, y un crecimiento anual de 3.5 por ciento y se logró la inversión más alta desde aquellos años 80 cuando se instaló la planta Ford en Hermosillo, pero ahora en Cajeme, donde Constellation Brands invierte 900 millones de dólares.
Hay un 85 por ciento más de inversión extranjera y Sonora es el primer estado con estrategia de “crecimiento verde” posicionándose como uno de los principales destinos para invertir en generación de energía eléctrica fotovoltaica.
Hay otros indicadores, como las 20 mil personas que han abandonado la franja de la pobreza extrema y el abatimiento de enfermedades endémicas; la reconstrucción carretera, entre otros.
Pero bueno, así es el amor en tiempos de transición.
II
Y a propósito de ajustes de cuentas y ponderaciones políticas, buen latigazo el que le pegaron a la alcaldesa Célida López con la noticia del incremento al impuesto predial, y bien bajada la bola al aclarar que dicho incremento se autorizó en la pasada administración, así que a buscarle por otro lado.
La neta del planeta es que las tablas de valores las aprueba primero el consejo catastral municipal, luego se envían a Cabildo y posteriormente al Congreso, que es donde se decide el tema, para que después regrese al cabildo, donde se autoriza el incremento.
Para efectos prácticos, a la gente le vale madre este proceso si en los hechos, le van a cobrar más.
De nuevo, los aumentos no son retroactivos en la memoria de la gente. Se lo cobran a quien se los aplica. El Maloro nunca pudo quitarse de encima el rechazo popular al incremento en las tarifas de agua, autorizado por administraciones anteriores y, a la postre, le resultó muy costoso políticamente.
El incremento a los prediales fue autorizado en la administración anterior, sí. Pero le va a tocar aplicarlo a la actual. Esta es una de las pequeñas cosas que no se ven desde la oposición, pero que se viven como gobierno. Vamos a ver cómo evoluciona.
III
La semana pasada, la farmacia del barrio fue asaltada por un solitario hampón armado. Bueno, mejor dicho, el evento se quedó en intento de asalto porque el dependiente y otra persona aprovecharon un descuido del presunto para someterlo y de paso, propinarle una golpiza que a la postre le provocó la muerte.
Historia de terror que lamentablemente, no es la única y peor aún, tiende a repetirse casi de manera cotidiana, colocando a los ciudadanos en la disyuntiva de matar o morir; de acudir a la legítima defensa para proteger su vida y su patrimonio, en situaciones extremas donde no hay protocolo de uso de fuerza que valga.
Días antes, un vecino de otra colonia, pero al que conozco bien porque tiene una taquería a unas cuadras de mi casa, increpó a unos impertinentes que al calor de la fiesta y a deshoras, escandalizaban y entre otras cosas, arrojaron botellas de vidrio que rompieron en su casa.
La respuesta de los enfiestados fue terrible. Entraron en pandilla a su propiedad y agredieron a toda su familia. A él le dieron un navajazo en el rostro y a su hijo, un chavo de unos 14 años que es un excelente futbolista, lo hirieron con navaja en un costado. La policía nunca apareció a pesar de los llamados previos.
Situaciones como estas seguramente se presentan por doquier y de tanto repetirse han hecho albergar en el imaginario colectivo la tentación de ser partícipes de la barbarie que en no pocas ocasiones deriva en linchamientos que estremecen a la opinión pública cada vez que se difunden en redes sociales.
Con un agregado: que la ley aparece más benevolente con los agresores que con los agredidos. Que ante interpretaciones de la ley que lejos de reconocer la situación de vulnerabilidad de las víctimas, les dan trato de criminales.
Estos episodios de violencia no deberían ocurrir, pero suceden y, lamentablemente seguirán ocurriendo. Pero si no se pueden evitar, por lo menos habría que poner sobre la balanza de la justicia a las partes en conflicto, ponderando los derechos de las víctimas y los victimarios.
Este es el espíritu de la iniciativa que ayer presentó la senadora Sylvana Beltrones, en la que por cierto fue muy insistente durante su campaña y con la que busca darle certeza jurídica a quien tenga que defenderse en su casa, transporte o negocio, ampliando los derechos de las víctimas en casos de legítima defensa.
Beltrones Sánchez explicó que se debe reformar el Código Penal Federal para establecer elementos que permitan al juez analizar de una forma más objetiva y justa si la acción es punible o está justificada, dado que tal como está redactado el Código, solamente está previsto el efecto de daño pero no de lesión o privación de la vida y tampoco toma en cuenta los factores de miedo, temor o confusión, que impiden que el individuo realmente actúe de manera racional.
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