El rechazo en el Senado a la iniciativa para gravar más los derechos de agua para riego agrícola arroja una luz sobre la posibilidad de reconsideración a ciertas políticas que resultan lesivas para la economía familiar, las actividades productivas y hasta la gobernabilidad en los municipios.
Algo que no sucedió con los alcaldes que fueron a palacio nacional a exigir mejor trato presupuestal y lo que recibieron fue una rociada de gas lacrimógeno. En pequeñas dosis y de aerosol disuasivo natural, según el vocero presidencial, que primero negó los hechos y luego los matizó.
Lo que hace falta, sin duda, aunque sea en pequeñas dosis como la que se vio ayer en el senado, es sensibilidad.
El hecho de que senadores de Morena votaran en contra y argumentaran contundentemente sobre los perjuicios que podría generar en el sector agropecuario una iniciativa como la presentada por el diputado federal Javier Lamarque Cano (también de Morena) es una señal de que no todo está perdido.
El senador Arturo Bours Griffith fue uno de los que argumentaron y votaron contra la iniciativa, y su voto es particularmente notable porque si de algo sabe el señor es precisamente de agricultura, una actividad a la que se ha dedicado toda su vida.
Esta discusión se da en el contexto del debate sobre el paquete económico 2020, ley de ingresos y presupuesto de egresos, donde ocupa un lugar relevante la insistencia con que gobernadores, alcaldes y legisladores locales han solicitado reconsideraciones a los criterios de distribución de recursos para estados y municipios, así como de bolsas y fondos especiales para atender demandas de obra pública, fundamentalmente.
Algunos gobernadores como los de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León ya habían manifestado inquietudes en ese sentido, pero fue en Sonora donde comenzó a tomar forma una cruzada por un presupuesto municipalista, cuando hace dos semanas la gobernadora Claudia Pavlovich llamó a todos los involucrados en el tema a presentar propuestas concretas y cabildear ante el gobierno federal para evitar otro año de precariedades presupuestales.
La alcaldesa de Hermosillo y el de Cajeme, Célida López y Sergi Pablo Mariscal fueron los primeros en retomar el tema, preocupados por ese 2020 que se perfila como un año crítico si el paquete económico se aprueba sin modificaciones sustanciales.
Ambos son de Morena y suscriben la cuarta transformación y sus proyectos estratégicos pero les queda claro que con programas asistencialistas no se pavimenta ni se tapan fugas de agua, ni se mejoran los servicios públicos.
Están también en esa sintonía los alcaldes de municipios donde se desarrolla actividad minera y que en años anteriores podían acceder a los recursos del Fondo Minero, que llegaron a sumar una nada despreciable suma de alrededor de mil millones de pesos.
El presidente está empeñado en reorientar esos recursos y en lugar de entregarlos a los municipios, dárselos directamente a sus pobladores, aunque como en otros programas, ni siquiera se hayan definido las reglas de operación.
El argumento presidencial para esta reorientación del Fondo Minero es que la administración de esos recursos se prestó a muchos actos de corrupción, aunque en su más reciente visita a Sonora, López Obrador aseguró que no es el caso de los alcaldes locales.
Con ese argumento del combate a la corrupción se han cancelado programas y suspendido compras y licitaciones, provocando crisis en varios sectores, siendo uno de los más afectados el de salud con el desabasto de medicinas, el de la construcción al detener obras, el de educación al reducir presupuestos, pero también las estancias infantiles, entre otros.
Alguien jugaba con la metáfora de que el presidente, al descubrir que el niño se había cagado, lo mete a la bañera para asearlo y luego tira el agua, pero con todo y niño.
Los alcaldes del país están escalando sus protestas y ayer un centenar de ellos acudieron a Palacio Nacional para exponer sus problemáticas y necesidades. El trato que recibieron no fue el mejor: fueron rociados con gas lacrimógeno, algo que los agentes del orden no hicieron en otras ocasiones con manifestantes más violentos. Ni qué decir del trato con los narcos en Culiacán.
Cierto que eran alcaldes del PAN (al menos dos de Sonora), PRI y PRD, pero el recorte presupuestal viene parejo también para los de Morena que se enfrentan a la disyuntiva de reeditar la sumisión ante el poder presidencial como en el antiguo régimen, o sumarse a la presión para que no les vaya tan mal el próximo año.
El tema no es menor, porque de eso depende la legitimidad ganada en las urnas, así haya sido por la inercia del ‘voto en paquete’ promovido por el entonces candidato presidencial.
II
Una de las aristas más interesantes que arroja la aprobación de una adecuación a la ley de ingresos 2020 para legalizar los autos chuecos, es la prueba de fuego que tendrán las aduanas en el país.
Más allá de que esta reforma parta fundamentalmente de un espíritu recaudatorio, al proyectar ingresos entre 30 y 50 mil millones de pesos por concepto de regularización y pago de derechos, impuestos, multas, licencias y demás, la reforma no contempla, al menos hasta donde se sabe, mecanismos para frenar la introducción de autos ilegales.
Desde mediados de los 90, cuando se dio el primer proceso de regularización de este tipo de vehículos, se ha repetido tres o cuatro veces porque no ha habido manera de “sellar” la frontera norte para evitar que sigan introduciéndolos, todo cobijado en una red de corrupción que involucra a funcionarios de los tres niveles de gobierno, y civiles que han hecho su agosto administrando organizaciones de afiliación conocidas genéricamente como “pafas”.
La iniciativa es buena en tanto que meterá orden a la estancia y circulación de “chuecos” en el país, que sí resuelven un problema de movilidad para millones de familias en poblaciones donde el servicio de transporte urbano es sumamente deficiente. Por otro lado resolvería un tema de seguridad pública relacionado con la falta de control y registro de esos autos.
Empero, también tiene su contraparte en la oposición de los distribuidores de autos nacionales que se quejan de una caída en las ventas.
Y volviendo al tema inicial, la reforma para legalizar los “chuecos” es meramente hacendaria, pero no garantiza que deje de repetirse una historia que venimos viendo desde hace tres décadas, en las que una muy porosa frontera con Estados Unidos ha servido para que entren esos 18 millones de vehículos que se estima circulan en el país, más otros tantos que hoy yacen en deshuesaderos, calles y baldíos de nuestras ciudades y pueblos.
Hay entonces un tema de corrupción por resolver en las aduanas y las corporaciones policiacas y verificadoras estatales de comercio exterior que usualmente se llevan una parte de las mochadas que en su trayecto van dejando los introductores de “chuecos”.
La iniciativa ya se aprobó en la Cámara Baja y falta que pase en el Senado, donde por cierto ya existe una propuesta en ese mismo sentido, por parte de la senadora Sylvana Beltrones.
En el lado chusco, este tema sirvió para que muchos supiéramos la existencia del diputado Manuel López Castillo, un veterano normalista rural avecindado en San Luis Río Colorado, que se desempeñaba como modesto inspector municipal hasta antes de participar en la tómbola de Morena, y resultar agraciado con el lugar 16, el último de la lista de plurinominales.
Algunos conocían a Marco Antonio Carbajal, también pluri, pero del señor López Castillo al menos yo no tenía referencias.
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