“Como bandidos, bajo las sombras, llegaron los de la SRA”.- Grita en su libro “Los depredadores”, Jaime Vargas Martínez, dejando testimonio sobe el reparto agrario del 19 de noviembre de 1976 en el Valle del Yaqui, hace 43 años
Bernardo Elenes Habas
El Valle del Yaqui fue estremecido hace 43 años, por un fuerte fenómeno político-social, cuya secuela aún persiste como imborrable trauma, entre los agricultores: El reparto de 37 mil hectáreas agrícolas y 61 mil de agostadero, ejecutado por el Gobierno de la República presidido por Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).
“Como bandidos, bajo las sombras de la noche, llegaron los de la Reforma Agraria a ejecutar las disposiciones del Mesías”, expresa Jaime Vargas Martínez, uno de los afectados, en su libro “Los depredadores”, publicado 27 años después de los acontecimientos, cuyo tiempo transcurrido no apagó su indignación, la que se llevó a la tumba.
Por supuesto que este pasaje que convulsionó al Valle, lo he tratado en mis “Crónicas para la historia”, mismo que reescribo ahora, cuando los movimientos telúricos de la política actual, siguen teniendo como epicentro a la actividad primaria de la región.
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Esta es la historia:
La noche del 19 de noviembre de 1976 –hace 43 años-, arribaron vía aérea, al aeropuerto de Ciudad Obregón, brigadas de funcionarios y técnicos de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Se trasladaron inmediatamente a diferentes puntos del Valle del Yaqui, con el propósito de dar cumplimiento al decreto de afectación de 37 mil 450 hectáreas de terrenos agrícolas y 61 mil 771 de agostadero, emitido por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez.
“Como bandidos, bajo las sombras de la noche, llegaron los de la Reforma Agraria a ejecutar las disposiciones del Mesías”, escribiría 27 años después JaimeVargas Martínez, en su libro “Los depredadores, Testimonio de la expropiación agraria en el Valle del Yaqui en 1975-76”.
La raíz de este dramático movimiento político-social, del que fuera artífice Echeverría Álvarez, había brotado el jueves 23 de octubre de 1975, cuando autoridades estatales y federales ejecutaban una orden para desalojar la invasión al predio agrícola 717, en San Ignacio Río Muerto.
Al mando de la Judicial del Estado el teniente coronel Francisco Arellano Noblecía; policías preventivos de Guaymas y Ciudad Obregón, acordonando el predio, mientras que elementos del Ejército, cerraban salidas por la calle 15.
El teniente coronel Arellano Noblecía exigió la presencia de los líderes del movimiento campesino, Juan de Dios Terán, Rosa Amelia Amaya y Heriberto García Leyva, a quienes entregó la orden de desalojo dictada por un juez de Guaymas.
Se negaron los dirigentes, a acatar el ordenamiento judicial. Juan de Dios Terán manifiestó su extrañeza:
-¿Qué pasa –dijo-, primero me mandan invadir, y ahora quieren que desalojemos? Pero está bien, no le hagan nada a mi gente y nos salimos.
El silencio se volvió tenso. Fueron momentos decisivos, de vida y muerte. De marcar para la historia el devenir de las luchas sociales. Reconocer si éstas tenían peso y valor, pese a los movimientos tácticos de políticos encumbrados, a quienes no les importa sacrificar vidas a través de encrucijadas perversas, con tal de seguir detentando el poder que los obsesiona y les crea un síndrome enfermizo.
Y se escuchó el primer disparo y el grito de ¡a las batangas! ¡A sus puestos!, surgido del arrojo de García Leyva, como se expresa en muchos testimonios.
Vomitan plomo las armas. Mueren siete campesinos. Quince quedan heridos. Era gobernador de Sonora, Carlos Armando Biébrich Torres.
Declina la estrella de Biébrich
Todavía a principios de octubre de 1975, el gobernador Biébrich Torres, movía sus capacidades y su genio político dentro del PRI, pues apenas habían transcurrido dos años de su mandato al frente de Sonora, 1973, 1975, los que el destino y la perversidad política había previsto que duraría.
Buscaba fortalecer su buena estrella, porque aspiraba, en el devenir de tiempos y circunstancias ser, algún día, candidato a la presidencia de la República.
Esa primer semana de octubre, había acudido a la Ciudad de México a felicitar a José López Portillo por su nominación como precandidato del PRI a conducir los destinos del país, a pesar de sus simpatías manifestadas en los prolegómenos del proceso interno de su partido por Mario Moya Palencia, teniendo en su contra, también, la alianza que se le endilgaba “con los intereses más reaccionarios de Sonora”.
Estos y otros supuestos errores del entonces joven sonorense, fueron suficientes para que su padrino –Luis Echeverría-, lo arrojara de su paraíso político. Situación que se agudizó con la matanza de Río Muerto, triangulación táctica –aseguran-, de uno de los autores de otra matanza, la del 2 de octubre en Tlatelolco –LEA-, para darle una lección y mover las piezas de ajedrez del poder, sin importar sacrificios humanos, obligando a Biébrich, el 25 de octubre de 1975, ante sesión extraordinaria del Congreso del Estado a presentar su renuncia. Sería relevado por otro sonorense: Alejandro Carrillo Marcor.
El reparto del 76 en el Valle del Yaqui
Hoy, pues, hace 43 años flotaba en el ambiente de Cajeme, del Valle, una mezcla de incertidumbre política, social, humana.
Aquí despachaban los integrantes del Pacto de Ocampo, Celestino Salcedo Monteón, CNC; Alfonso Garzón Santibáñez, CCI; Juan Rodríguez, UGOCM; Humberto Serrano, CAM; asimismo el secretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García, preparando, desde entonces, el reparto agrario del 19 de noviembre de 1976, que sacudió conciencias y sentido de pertenencia por parte de los agricultores, quienes, de la noche a la mañana se vieron desprotegidos del Gobierno que alentaban desde las filas de su partido, el PRI.
Pero también, hubo júbilo entre eternos solicitantes de tierras, y aunque muchos beneficiarios llegaron provenientes de otras entidades y la propiedad ejidal se pulverizaba a 5 hectáreas, éstos sostenían que se abrían, por fin, nuevos caminos de justicia social.
Se repartieron 37,131 hectáreas de riego, 61,655 de agostadero, que beneficiaron a 8, 944 solicitantes agrupados en 156 núcleos ejidales.
Al paso de los años, en muchos casos, se demostró que fue un reparto incompleto. Sin una fundamentación estructural de apoyos continuados capaces de alentar la transformación ideológica de la realidad imperante en el Valle del Yaqui, lo que provocó el debilitamiento de la propiedad comunal, a la que vino a darle el tiro de gracia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ((1988-1994), quien propició, con las reformas al artículo 27 constitucional, fin al reparto agrario, convirtiendo al ejido en propiedad privada rebasando la tradicional tenencia colectiva.
No obstante las experiencias vividas, ahora con la llegada del Gobierno de la Cuarta Transformación, vuelven las inquietudes a agitarse como fantasmas en el campo del país, por las tierras, por el agua.
Y en el ambiente del Valle del Yaqui, flota, hoy, el recuerdo de la caída de Biébrich, el paro de tractores, la campaña de moños negros a la entrada de comercios y empresas, con la leyenda “La Constitución ha muerto”, y un fallido experimento ejidal que no fue sustentado, y que al paso de los años fue borrándose por las inercias sociales y la corrupción política…
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