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Discurso de odio es, también, dividir a un país.- Ricardo Monreal presentará iniciativa para que se tipifique como delito todo acto derivado de discriminación racial.- Pero tal vez deba incluir en su propuesta, los rechazos ideológicos e intolerancia en el contexto de una democracia

Bernardo Elenes Habas

La masacre que tuvo efecto en El Paso, Texas, con 22 muertos y 24 heridos, el pasado 3 de agosto, obligó a una serie de reflexiones en varias partes del mundo, sobre los discursos de odio.

Ocho mexicanos fueron asesinados ese día tormentoso, dejando una clara señal (como las ha habido en otros hechos sangrientos similares), de la descomposición íntima de muchos seres humanos, quienes encuentran aliento y liderazgo en las palabras llenas de rencor de quienes conducen los destinos de pueblos enteros, como es el caso de Donald Trump.

En México, la clase política abordó el tema desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y con repercusiones en el mismo Congreso de la Unión.

La nota diplomática enviada por la SRE, a cargo de Marcelo Ebrard, establece medularmente que:

“Los discursos de odio, no deben tener lugar en nuestras sociedades. El mismo concepto de “supremacía blanca”, es decir, la falsa idea de que existe superioridad entre las razas resulta contrario a la convivencia pacífica en cualquier lugar del mundo. Estas ideas únicamente generan divisiones nocivas y violencia, además de que son incompatibles con la hermandad de nuestros pueblos. El repudio a la xenofobia es un deber mínimo con nuestro pasado y con nuestros valores fundacionales más importantes”.

Y, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, manifestó que durante la próxima sesión de la Comisión Permanente, su partido presentará una

iniciativa encaminada a que se tipifique como delito “todo acto derivado de la discriminación racial”.

En dicha propuesta –dijo-, se buscará establecer penas de uno a tres años de prisión y multas, para quienes difundan “ideas basada en la superioridad o en el odio racial”.

Se incluye en el citado documento, que se vea y se sancione como acciones violatorias a la ley contra quienes inciten a la discriminación racial, los actos de violencia o incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.

Se trata, por supuesto, de acciones responsables y oportunas por parte de Ebrard Casaubón y Monreal Ávila, quienes se esfuerzan por estar a la altura de los reclamos de los mexicanos, en tiempos tan agitados y cargados de perversidad.

Sin embargo, como buenos jueces deben comenzar por su propia patria y extender su visión, reconociendo, primero, que el discurso de odio no solamente prevalece en aspectos raciales y xenofóbicos, sino que existen otras expresiones surgidas del sentimiento y de las conductas de representantes populares, quienes también discriminan a quienes no comparten con ellos sus doctrinas

ideológicas, o no se suman a sus propuestas de gobierno, y por ello disienten legal y respetuosamente, bajo el amparo de la democracia.

Monreal Ávila, siendo congruente y con la experiencia política y legislativa que posee, tendría que incluir en su iniciativa, sanciones a quienes desde elevados cargos públicos atropellan la dignidad de las personas, aplicándoles epítetos sangrientos, calificativos discriminatorios, creando con ellos división y encono, que, si no ha sucedido aún, tarde que temprano podría degenerar en linchamientos, como sí está pasando ya en redes sociales.

Ricardo Monreal tiene la sensibilidad suficiente, al igual que Porfirio Muñoz Ledo, una de las mentes más lúcidas en la actual Cámara de Diputados, para asumir como propia la lucha por serenar al país al menos en el aspecto político, ya que en lo referente a criminalidad y violencia no se avizora, aún, horizonte cierto.

Le saludo, lector.

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